Cualquiera que sea el desenlace en el TEPJF, se habrá sembrado la semilla de la desconfianza ciudadana en los árbitros electorales; se habrá debilitado la independencia y reputación del tribunal y la certeza del proceso electoral.

Por Ernesto Núñez Albarrán / @chamanesco

El pasado 4 de diciembre, al leer su informe de labores frente al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, dijo: “la justicia electoral exige un tribunal independiente, confiable e impermeable a la corrupción y a las presiones de las fuerzas políticas y de los poderes facticos”.

Lo paradójico es que, justo en esos momentos, se gestaba la crisis que demostraría que el tribunal no es ni independente, ni confiable, ni impermeable a la corrupción, ni libre de presiones de partidos y poderes fácticos.

La crisis en el Tribunal se dejó ver públicamente justo ese día, cuando Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto prefirieron irse a desayunar, que acompañar a Reyes Rodríguez a rendir su informe. Un desayuno que decidieron presumir en la cuenta de X del magistrado De la Mata -justo cuando se transmitía el informe- y en el que seguramente conspiraron para fraguar los pasos siguientes de su golpe al magistrado presidente.

La crisis detonó el jueves, cuando las tres magistraturas “rebeldes” exigieron públicamente la renuncia de su presidente, acusándolo de un montón de faltas graves que se resumen en una pérdida de confianza que lo hace insostenible en el cargo.

Bastó un mes desde que la Sala Superior quedó incompleta por la salida de dos magistrados -José Luis Vargas e Indalfer Infante-, por conclusión de su periodo-, para que estallara la crisis, pero la crisis se venía gestando desde mucho antes.

Preámbulo

Los problemas del Tribunal Electoral -de este tribunal electoral- nacieron desde su conformación en 2016, en la Legislatura del Pacto por México, cuando una Legislatura dominada por PRI y PAN eligió a los siete integrantes de la Sala que calificaría las elecciones de 2018 y 2024.

Originalmente, los senadores y diputados habían nombrado a dos magistrados para un periodo tres años, de 2016 a 2019 (José Luis Vargas e Indalfer Infante); a dos para seis años (Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez), y a tres para nueve años (Janine Otalora, Mónica Soto y Felipe de la Mata).

Pero la necesidad de cuadrar sus acuerdos sobre quién presidiría la institución, hizo que -ya designados- se promoviera una modificación para ampliarles el periodo a cuatro de ellos: así, Vargas e Infante se quedarían hasta 2023; Rodríguez y Fuentes, hasta 2025.

Janine Otalora asumió la presidencia del Tribunal y así se fueron a las elecciones de 2018. Pero, apenas pasados esos comicios, surgieron las diferencias entre ella y el magistrado José Luis Vargas, quien llegó a amenazar públicamente con denunciar presuntas irregularidades en los manejos financieros del Tribunal. 

En enero de 2019, Otalora renunció y la presidencia fue asumida por el magistrado Felipe Fuentes para concluir su periodo en la presidencia, hasta noviembre de 2020. La renuncia de Otalora fue atribuida a presiones del consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, y del entonces recién nombrado presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

Nudo

Al terminar el mandato de Felipe Fuentes, fue electo presidente de la Sala el magistrado José Luis Vargas, con los votos en contra de Otalora, Infante y Rodríguez. Con este nombramiento, se consolidó la influencia de Julio Scherer en el Tribunal.

Pero Vargas sólo duró 10 meses en el cargo. En los momentos cruciales del proceso electoral 2021, el magistrado presidente perdió votaciones importantes, enfrentó duras acusaciones por el dispendio de recursos del Tribunal, fue apodado “magistrado billetes” y, en agosto de 2021, fue obligado a renunciar al conformarse un bloque de cinco magistrados en contra de su permanencia en el cargo: todos menos Soto y él.

Reyes Rodríguez asumió la presidencia del Tribunal en septiembre de 2021, con miras a conducir la elección de 2024, pero en el camino se le atravesaron la salida de Vargas e Infante, y la decisión de Morena de dejar la Sala incompleta, congelando el nombramiento de los dos magistrados suplentes.

Es evidente que alguien aprovechó esa coyuntura para hacer estallar la crisis actual, y que algunos de los protagonistas del golpe a Reyes no pueden ocultar su relación con personajes de la llamada “cuarta transformación”. La fotografía de la cena de la magistrada Mónica Soto con el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna -principal protagonista del embate de la 4T a los órganos electorales en este sexenio- es tan reveladora como la del desayuno de los tres el día del informe de Reyes.

Es lamentable que, nuevamente, se hable de anomalías en el ejercicio de los cuantiosos recursos del tribunal, de extorsiones, de denuncias de empleadas del tribunal, de la contratación de despachos particulares para hacer cosas que los múltiples asesores de la institución deberían estar haciendo, de injerencia de la Corte en los hechos y de presiones de las fuerzas políticas.

Desenlace

Este lunes se conocerá la decisión de Reyes Rodríguez: hacerse a un lado, o mantenerse en el cargo a pesar de haber sido desconocido por tres de los cinco integrantes de la Sala Suprior, quizás para esperar a que el nombramiento de las dos magistraturas pendientes le favorezcan para construir una nueva mayoría estable.

Eso se antoja difícil, pues ahí nuevamente Morena tiene la sartén por el mango, pues controla el proceso de designación en el Senado, y el coordinador morenista, Eduardo Ramírez, ya dijo que los nombramientos se harán hasta febrero.

La salida de Rodríguez implicaría pactar con sus tres detractores, no sólo para “olvidar” rencillas y mantener en el señalamiento público las graves irregularidades denunciadas en este episodio, sino para nombrar una nueva presidencia, que podría recaer en De la Mata o Mónica Soto.

Ambos escenarios son lamentables; en cualquier caso, se partirá de la discordia, las rencillas y el rencor entre magistradas y magistrados. Si no se arreglan, malo, pues el tribunal quedará paralizado. Si se arreglan, malo, pues cualquier acuerdo partirá del intercambio de favores, la amenaza y las negociaciones por debajo de la mesa.  

Cualquiera que sea el desenlace de la crisis, se habrá sembrado la semilla de la desconfianza ciudadana en los árbitros electorales; se habrá debilitado la independencia del tribunal, se habrá abonado a la imagen de un tribunal donde permea la corrupción y el abuso de los recursos públicos.

La certeza del proceso electoral, uno de los principios democráticos más importantes ya fue herida de gravedad. La elección “más grande de la historia”, como se ha vendo advirtiendo desde hace tres meses, ya está tocada.