Se agrava la crisis política en Guatemala por el intento de impedir que Bernardo Arévalo asuma la presidencia. Como no había sucedido desde el regreso de la democracia al país, el riesgo de un golpe de Estado es latente

Por Alberto Nájar / @anajarnajar

Guatemala vive hora cruciales. La Fiscalía General, a cargo de la controvertida Consuelo Porras, asegura que las elecciones presidenciales que ganó Bernardo Arévalo, no son válidas.

Los agentes del Ministerio Público, Leonor Morales y Rafael Curruchiche, presentaron los resultados de una investigación sobre los documentos utilizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la segunda vuelta de los comicios, en agosto pasado.

De acuerdo con los fiscales, hubo irregularidades en el procesamiento de los resultados electorales por parte del TSE, que se suman a presuntos actos irregulares en la conformación del partido Movimiento Semilla, que postuló a Arévalo.

Las actas electorales “son nulas de pleno derecho”, afirmaron los funcionarios, porque “no fueron autorizadas desde un inicio” por el Tribunal.

En consecuencia, exigieron la anulación de las votaciones, así como retirar la inmunidad a Bernardo Arévalo.

La presidenta del TSE, Blanca Odilia Alfaro, respondió que la acusación de la Fiscalía no altera el resultado de las votaciones, que han sido calificadas para declarar al ganador como presidente electo.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) calificó la nueva embestida judicial de la Fiscalía como un intento de golpe de estado.

“El intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo”, advirtió el organismo en un comunicado.

Al mismo tiempo, miles de personas se concentraron en la capital de Guatemala para defender el triunfo de Movimiento Semilla.

Se trata de una jornada definitiva para Guatemala. Arévalo debe asumir la presidencia el 14 de enero, y los movimientos judiciales emprendidos por la Fiscalía pretenden impedirlo a toda costa.

“Estamos ante un golpe de Estado absurdo, ridículo y perverso”, dijo el presidente electo.

“Los golpistas están dando patadas de ahogado, los últimos golpes tambaleantes de un golpe de Estado”.

En ese camino la Fiscalía y los grupos empresariales, políticos y militares que le respaldan están dispuestos a todo.

Un ejemplo es la decisión del Congreso de retirar la inmunidad a cuatro magistrados del TSE, con el argumento de cometer supuestas irregularidades en la compra de equipo de cómputo y software para las recientes elecciones presidenciales.

Los magistrados abandonaron el país ante el riesgo de ser detenidos. Sus lugares quedaron vacantes y según analistas como Edie Cux, de la organización Acción Ciudadana, el objetivo es designar a personas cercanas a los golpistas para intentar que el Tribunal cancele las votaciones, como exige la Fiscalía.

Algo que legalmente no puede hacerse porque los comicios fueron validados por la Corte de Constitucionalidad, el máximo organismo judicial de Guatemala.

Pero en el escenario actual nada debe descartarse. Detrás de la fiscal Consuelo Porras y sus allegados se encuentran las élites del país, que respaldaron las dictaduras militares que desde los años 60 asesinaron a miles de personas, especialmente indígenas.

A ellos se suman grupos de narcotráfico que convirtieron a Guatemala en una enorme pista para el aterrizaje de aeronaves cargadas con droga.

Y un elemento adicional es la sospechosa actitud del actual presidente, Alejandro Giammattei, quien no solamente retrasó el proceso de transición con el equipo del candidato ganador, sino que ha rechazado cualquier crítica internacional.

Así fue con el mensaje de la OEA ante la nueva intentona golpista de la Fiscalía.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional a la prudencia, previo a emitir comunicados que puedan generar polarización interna”, advirtió en redes sociales.

Al final del día, el escenario para Guatemala es de alto riesgo, porque ante su desesperación, las élites económicas y militares les pueden fácilmente pasar de las embestidas judiciales a la violencia.

Y de allí a intentar asumir el poder para garantizar la paz y seguridad de los guatemaltecos, hay un paso.