Vivir en libertad es una de las mayores aspiraciones humanas, al menos en teoría. Pero, ¿dónde está el punto medio? Este texto explora las finas líneas que separan la libertad y la responsabilidad en la sociedad. Con reflexiones sobre la autonomía, la participación social y la democracia, se cuestiona cómo construir una democracia con justicia social desde las aulas

Por Alejandra Luna Guzmán* / MUxED

Vivir en libertad es una de las mayores aspiraciones humanas… al menos en teoría. En el ámbito emocional, finas líneas son las que separan el sano apego de la dependencia; la crianza responsable de la sobreprotección; la vigilancia del bienestar superior de niñas, niños y adolescentes del trastocarlos en tiranos.

En la esfera social no es tan diferente. Algunos sectores que claramente deben estar protegidos por el Estado son tachados por otros como entes parasitarios; las acciones de gobierno que pretenden apoyar a quienes más lo necesitan no están focalizadas y terminan dando más a quienes más tienen, y los beneficiarios del clientelismo de antaño exigen airadamente que se les siga cubriendo con el manto protector del dispendio. ¿Dónde está el punto medio?

Ya que la escuela es uno de los universos que mejor refleja nuestras sociedades, tomémosla de ejemplo. La organización escolar se rige por normativas externas e internas orientadas a regular el actuar de quienes se encuentran en ella.

Sin embargo, todos quienes hemos pasado por una institución educativa sabemos bien que esas normas no son obedecidas automáticamente, sino que tienden a cuestionarse, flexibilizarse, someterse a presiones o incluso romperse de forma constante.

Los criterios detrás de estas tensiones parten del conocimiento de la existencia de la norma en cuestión y, después, de una toma de decisión individual o colectiva, a adoptarla o no. Idealmente, la figura a cargo de aplicar la norma (llámese autoridad) establece medios de comunicación para liberar cualquier tipo de diatribas sobre la misma. La utilización de esos medios para emitir opiniones y tomar decisiones es un ejemplo de participación social. Sin embargo, el presentarlas por medios alternativos, ya sea de manera formal o no, organizada o no, también es participación social. Es así que, el usar el buzón escolar o unirse en grupo a manifestar un descontento ante la dirección, son participación social. ¿Y la resistencia? ¿El solo hecho de no seguir una norma sin expresarse?

La desobediencia civil, tal como la planteó Henry David Thoreau hace ya casi 200 años (Thoreau, 2022), es una forma de activismo, ciertamente. Conlleva sobreponerse a las imposiciones de una autoridad con fines cuestionables en términos de justicia. Es un espacio de interés en especial para las minorías que, en ocasiones, son aplastadas por decisiones “democráticas” tomadas por las mayorías dominantes. Sin embargo, la desobediencia civil presentada por Thoreau no era silenciosa y, menos, invisible. No se trata solo de no acatar la norma. Para que la desobediencia conlleve al cambio implica compromiso, como devela bell hooks (2021).

Volviendo al ámbito educativo, sentarse de brazos cruzados en una junta de Consejo Técnico Escolar y negarse a participar, por ejemplo, no es activismo silencioso, ni muestra de ser “de pensamiento independiente”.  Si bien tiene repercusiones en la dinámica organizacional, carece de poder. Más que perseguir independencia habría que sumarse a la autonomía escolar. Ésta implica procesos de toma de decisiones sobre los distintos recursos con los que cuenta la escuela, dígase materiales, espacios, estrategias didácticas y de intervención, tiempo y, sí, idealmente, también la distribución de poder. La autonomía escolar se sirve de la participación social para sistematizar las decisiones que derivan de ella y transformarlas en acciones y hechos. Se le reconoce como una gestión democratizante (Mitchell, 2017).

Sin embargo, la autonomía escolar no equivale a una libertad desenfrenada, detrás de ella deben encontrarse las propias normas y los distintos niveles de gobierno no solo en su labor de supervisión, sino también en el cumplimiento de sus responsabilidades. Cruzamos en este punto con la gobernabilidad −esa capacidad del Estado para dar respuestas a las demandas sociales−, y la gobernanza −la interdependencia y la colaboración entre el gobierno y los distintos tipos de organizaciones. Asimismo, nos enfrentamos a las finas líneas que se entretejen entre los distintos niveles y actores, cada uno con sus propios intereses, con sus conflictos internos y disputas externas. Para conciliar, solemos recurrir a tomas de decisiones democráticas que, retornando a Thoreau, a veces son aplastantes para las minorías.

¿Qué nos deja la democracia, entonces? ¿Qué herramientas nos dan la participación social y la autonomía? La primera pregunta la podemos responder primero con otra: ¿de qué modelo de democracia estamos hablando? Porque lo cierto es que, éste que tenemos funciona de tal manera que unos cuantos toman decisiones ejecutivas y legislativas a nombre de las mayorías que los pusieron en su cargo. Y esas mayorías – que en la realidad tan diversa de nuestro país son la suma de numerosas minorías – a veces se tornan en figuras expectantes siguiendo un juego paternalista de la ciudadanía infantil y el papá Estado respondiente. Con los procesos democráticos del país en ciernes, cabe reflexionar qué modelos estamos dando a la niñez y juventud mexicana de participación social, de autonomía, de democracia.

¿Cómo resolvemos los conflictos en nuestras aulas, entre docentes, con las autoridades? ¿Qué tan horizontal es la toma de decisiones? ¿Cuánto nos involucramos en la búsqueda de soluciones? ¿Cómo dialogamos con la comunidad en extenso? ¿Hasta dónde iniciamos procesos de exigibilidad y justiciabilidad o emprendemos berrinches varios?

La formación en ciudadanía se construye mejor, como la gran mayoría de los procesos educativos, a través del ejemplo. Será momento entonces de comenzar a educar sin cordones umbilicales, sin letargo ni apatía, sin solapamientos ni encubrimientos, con consensos tomados en autonomía, el compromiso de la participación social, para poder vivir la verdadera libertad de hacernos cargo los unos de los otros, alcanzar el ideal de una democracia con justicia social.

Alejandra Luna Guzmán es integrante de MUxED. Pertenece al Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, donde se desempeña en la gestión editorial de revistas académicas arbitradas. Sus líneas de investigación son la gestión educativa por la calidad y equidad, comunicación científica, derecho a la educación y análisis de políticas educativas.

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Referencias

hooks, b. (2021). El deseo de cambiar. Manresa: Belaterra.

Mitchell, R. (2017). Democracy or control? The participation of management, teachers, students and parents in school leadership in Tigray, Ethiopia. International Journal of Educational Development, 55, 49-55. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.05.005

Thoreau, H. D. (2022). Desobediencia Civil. Los Ángeles: LA CASE.