La reconstrucción de Acapulco representa una oportunidad, no solo para obtener ganancias, sino para al mismo tiempo generar dinámicas más incluyentes y de justicia social. Para ello, es necesario la intervención de un Estado Mexicano fuerte, comprometido con el bienestar de su población y que concrete los postulados de justicia social establecidos en su carta magna

Por Rogelio López Gómez*

En los últimos días escuché en voz de Leo Zuckerman, periodista que conduce el programa “La hora de opinar” en Televisa, plantear la siguiente pregunta: ¿de verdad vale la pena reconstruir Acapulco?, hoy me gustaría responder a esta pregunta que “suena un poco insensible”, como matiza Leo Zuckermann. 

Si reconstruir el puerto turístico de Acapulco después del paso del huracán Otis significa dejar las cosas como estaban el 24 de octubre, la respuesta es no, pues esta reconstrucción penderá nuevamente de alfileres al fundamentarse en un estado de vulnerabilidad latente.

Me explico, Acapulco antes del huracán, se caracterizaba por ser una ciudad de contrastes. Por un lado, en los hoteles de gran turismo se vive el sueño de unas vacaciones ideales, se trata de lugares cerrados, en los que la única interacción con el mundo exterior es con el servicio del hotel. Del otro lado, en el Acapulco popular, donde viven los trabajadores, sus familias y otros sectores de la sociedad, la experiencia se torna en pesadilla. Lo anterior, producto de la violencia, inseguridad, los problemas en la dotación de servicios: agua potable, drenaje, electricidad, internet, limpia, etcétera, que aquejan a la población. De hecho, en múltiples ocasiones, el puerto ha sido catalogado como una de las ciudades más peligrosas del mundo, ya que en él que se asientan distintos grupos criminales dedicados a actividades ilícitas. Es importante mencionar que la actividad turística no es ajena a esta problemática, sin ella, difícilmente hubiera alcanzado estos niveles.

Sin embargo, estos problemas no eran nuevos, al contrario, llevan mucho tiempo desarrollándose y profundizándose, todo ello al amparo del poder político y económico, que hacen posible la convivencia de estos sectores –turismo y violencia social– en espacios próximos. Digo dos,  porque en realidad hablamos de dos Acapulcos. En ambos  se refleja una de las máximas del neoliberalismo, al favorecer la acumulación de riqueza en los estratos más altos de la sociedad, para que esta fluya -mejor dicho gotee– hacia los estratos más bajos.

Es válido cuestionar si la reconstrucción que se plantea estará sustentada en esas mismas bases, no si vale la pena, como dice Zuckermann, reconstruir Acapulco.

Hoy se habla de miles de millones de pesos destinados a la reconstrucción, la prioridad naturalmente debe ser atender a la población que se encuentra prácticamente en la calle, que ha perdido todo. Como dice el presidente: “primero los pobres”. Al mismo tiempo se tiene que reconstruir la infraestructura que ha sido severamente dañada. Por su parte, algunos empresarios, a través de distintas cámaras de comercio, claman ayuda, para poder cumplir con sus obligaciones con los trabajadores. Esto es entendible en los pequeños empresarios que perdieron todo, pero no en los grandes, que han sido quienes históricamente han gozado de los beneficios de la actividad turística y de que sus hoteles, restaurantes y tiendas, amasando importantes fortunas, y que en teoría deben contar con seguros. Si estuviéramos en tiempos de Ernesto Zedillo, en plena etapa neoliberal de adelgazamiento del Estado, estarían demandando un Fobaproa turístico para su rescate.

Casas cementerio o vivienda digna

Esta situación nos presenta una gran oportunidad para sentar nuevas bases, lo que a su vez implica todo un reto al pensar y desarrollar novedosas formas de intervenir el territorio. Pienso, por ejemplo, en la reconstrucción de las viviendas, si la solución será como ha ocurrido anteriormente, la entrega de láminas, tinacos y sacos de cemento, para que la gente nuevamente construya sus casas como lo han hecho toda la vida, con la bendición de Dios, sin ninguna orientación técnica, en zonas de alto riesgo, y que además se lo terminen debiendo a alguna fuerza política, el resultado será la edificación de construcciones altamente vulnerables, que un sismo, un nuevo ciclón o alguna lluvia extraordinaria echarán abajo nuevamente.

Esto representa un reto no sólo para el gobierno, y sus dependencias, como Sedatu y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Infonavit -instituciones que tienen entre sus atribuciones atender el tema de la vivienda-, sino para la academia, las universidades, los centros de investigación. Estas instancias deben participar activamente en el proceso de reconstrucción, deben de ir más lejos del papel que jugaron durante el periodo neoliberal, muchas veces siendo comparsa de los intereses económicos y políticos vinculados al desarrollo urbano y la planeación. ¿O ya se nos olvidó el penoso papel que jugaron las universidades en la Estafa Maestra o en la política habitacional durante el periodo neoliberal? Esta última dejó un saldo de millones de viviendas construidas en las periferias de los centros urbanos y donde muchas de estas han sido abandonadas por su elevado costo, lejanía y condiciones de inhabitabilidad, con un alto costo social, económico y ambiental.

Tampoco se trata de descubrir el hilo negro, pues hay propuestas como la Producción Social de Vivienda y Hábitat, que en estas situaciones pueden representar una importante alternativa para la reconstrucción de las viviendas -en las colonias populares del puerto como en las áreas rurales- con una perspectiva que va mucho más allá de las cuatro paredes. La producción de vivienda puede ser un proceso que genera tejido social y fortalece el sentido comunitario. Esto es muy diferente de  como tradicionalmente se ha hecho: como se dijo anteriormente, a través de la entrega de materiales para construcción y que la gente construya como pueda, o bien que la vivienda se entregue como un producto terminado por empresas que lucran, y al final la construcción no responde a las necesidades de las personas que la ocuparán.

Aprendamos de la historia

Al respecto vale la pena recordar el fiasco que resultó el programa de Ciudades Rurales Sustentables -CRS-, que se impulsó en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), y tomando como ejemplo, el caso de la CRS Nuevo San Juan Grijalva, del años 2007 en el Estado de Chiapas, pues a partir de las afectaciones provocadas por las lluvias que sufrió la localidad de Juan de Grijalva se tomó la decisión de erigir un nuevo asentamiento, proyecto que en el papel se promovía  como un asentamiento de vanguardia, con todos los servicios que forman parte de la “vida moderna”, aderezado con el toque de sustentabilidad a través de la instalación de ecotecnias. Pero pocos meses después de su inauguración, este asentamiento había sido abandonado, y la gente había vuelto a sus antiguas casas. Lo que para los planeadores y funcionarios era un modelo de asentamiento ideal, en contraste los “beneficiarios” -que así se les denomina- no lo consideraron así, pues distaba mucho de satifacer sus necesidades, cultura y forma de vida.

Es por ello que, en esta reconstrucción, ya sea en el ámbito urbano o rural, las personas deben ser acompañadas por expertos, especialistas en la materia, que generen, siempre tomando en cuenta a los primeros, estrategias que permitan, no solo reconstruir sus casas, sino construir espacios realmente habitables. En la Ciudad de México, tenemos la experiencia del Programa de Mejoramiento de Vivienda (PMV), un programa fundamentado en la PSV, que a finales de los años noventa fue diseñado en conjunto por organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales, la academia comprometida y otros actores, bajo el cual se otorgan subsidios y asesoría técnica a personas organizadas -o no- para que remodelen y amplíen sus viviendas ubicadas principalmente en colonias populares.

Esto  ha tenido importantes efectos en la calidad de vida y en la economía donde se ha implementado, pues se prioriza la contratación de mano de obra y la compra de materiales a nivel local. Las personas históricamente han autoconstruido y autoproducido sus viviendas, de hecho, bajo la modalidad de la PSV se producen seis de cada diez viviendas en el país. Es por ello que es necesario aprovechar esta oportunidad impulsando propuestas alternativas como la PSVyH, una propuesta probada, que aún puede potenciar sus alcances.

¿Es posible otro turismo?

Por lo que respecta a los hoteleros y prestadores de servicios turísticos, esta devastación también es la oportunidad de sentar nuevas bases, establecer una nueva forma de relacionarse con las personas -trabajadores- y con el entorno, pues no puede seguir ampliándose la brecha de la desigualdad y al mismo tiempo del negocio y la ganancia a corto plazo, con el sacrificio de los trabajadores y el medio ambiente. Más allá de reconstruir sus inmuebles bajo parámetros estructurales que le permitan enfrentar un ciclón categoría 5, si es que esto existe, y soportar ráfagas de viento de 329 km/h como las de Otis, es necesario aprovechar esta situación impulsando medidas que ayuden a mitigar los problemas ambientales y sociales que provoca el turismo masivo, la contaminación del mar, generada por el vertido de aguas negras, la generación y el manejo de los residuos, el impulso de zonas de amortiguamiento, que originalmente ocupaban el manglar y que sistemáticamente han sido depredadas para edificar hoteles o villas.

En el urbanismo se usa el término de “Renovaciones Bulldozer”, para referirse a los procesos de renovación urbana que se desarrollan a partir de la “limpieza” de áreas de ciudades que se están revalorizando, con la finalidad de invertir en ellas y generar ganancias. Para el caso de Acapulco, esto puede ser una oportunidad, que además de generar las condiciones que disminuyan su vulnerabilidad, al mismo tiempo, revalorice estos espacios. Tomemos de ejemplo, lo que sucedió en la algunas de las colonias de la Ciudad de México, después del sismo del año 2017, como la colonia Roma, que sufrió importantes afectaciones, las que hicieron que mucha gente decidiera vender sus propiedades, en algún momento se pensó que la decadencia de la colonia era inminente, sin embargo, conforme pasa el tiempo, no solo esto no sucedió, sino que este espacio se ha encarecido. Para el caso de Acapulco, esta situación representa como lo hemos venido diciendo, una oportunidad, no solo para obtener ganancias, sino para al mismo tiempo generar dinámicas más incluyentes y de justicia social, naturalmente para ello es necesario la intervención de un Estado Mexicano fuerte, comprometido con el bienestar de su población y que concrete los postulados de justicia social establecidos en su carta magna.

Te lo digo Acapulco para que lo escuchen los Cabos, Vallarta, Manzanillo, Cancún, Mazatlán, Huatulco.

*Candidato a doctor en Urbanismo por la UNAM. Maestro en Geografía.