Joe Biden jura que no puede impedir la ampliación del muro fronterizo. No es verdad. En el fondo, se trata de una desesperada estrategia electoral para salir del hoyo electoral donde se encuentra

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Estados Unidos anunció la ampliación de su muro fronterizo en la zona de Río Grande, Texas.

Se trata de un cerco de 32 kilómetros con amplia iluminación, torres de vigilancia, cámaras, dos caminos pavimentados para las unidades de la Patrulla Fronteriza y algunas puertas.

La medida provocó una airada reacción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a los conservadores estadounidenses de presionar a Joe Biden.

“Es hasta ahora el único presidente que no ha construido un muro” dijo en defensa del político demócrata.

“Entiendo que hay fuertes presiones de los grupos políticos de extrema derecha en Estados Unidos, sobre todo los que quieren aprovechar el fenómeno migratorio, el consumo de las drogas con fines electorales”.

El mismo Biden aseguró que no puede hacer nada para impedir la construcción del cerco.  “El dinero fue asignado para el muro fronterizo”, dijo el jueves a algunos periodistas.

Los recursos fiscales para ese propósito fueron aprobados por el Congreso desde 2019.

“Intenté que se reapropiaran, que redireccionaran ese dinero. No lo hicieron. No lo harían. La ley no establece nada más que utilizar el dinero para lo que fue asignado. No puedo detener eso”.

Quién sabe si el demócrata es sincero. Porque en enero de 2022 el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés) hizo una consulta pública en el sur de Texas para solicitar opiniones sobre el impacto que tendría construir un muro de 138 kilómetros de longitud.

En ese momento el Servicio pidió comentarios “sobre los impactos potenciales al medio ambiente, la cultura, la calidad de vida y el comercio, incluidos los posibles impactos socioeconómicos de la construcción de un muro fronterizo en el Valle de Río Grande”.

No está claro el destino de la consulta, pero en noviembre de ese año el Departamento de Seguridad Interior (DHS en inglés) presentó una demanda para expropiar 500 hectáreas en el condado de Hidalgo, Texas.

El terreno solicitado se encuentra en la orilla norte del Río Bravo. Según medios locales el propósito era preparar “el amurallamiento” de la zona.

Nueve meses después, el 14 de agosto de 2023, el CBP inició una nueva consulta entre los vecinos de Starr, Texas, donde ahora se pretende construir el nuevo tramo del muro.

El sondeo, que tuvo el mismo propósito que el anterior, se hizo público en una carta difundida por el Servicio de Aduanas el pasado 5 de septiembre.

“El CBP propone diseñar y construir hasta 20 millas de un nuevo sistema de barrera fronteriza en el Condado de Starr”, explica el documento.

“La barrera consistirá en bolardos de 18 pies (5.5 metros) de alto y seis pulgadas de diámetro incrustados en una base móvil estilo barrera de hormigón e incluirá iluminación, carreteras, tecnología de detección y cámaras”.

Y añade: si bien el plan original de construir 20 millas de muro se mantiene, el Servicio de Aduanas encontró otros espacios donde podría levantar un cerco adicional.

Resulta difícil creer que Joe Biden no puede impedir que se utilice el presupuesto asignado para el muro fronterizo, como asegura.

Eso podría admitirse si la decisión se hubiera tomado hace unas semanas. Pero con base en la información oficial del DHS, la idea de ampliar el cerco en el Valle de Río Grande no es nueva.

La Casa Blanca tuvo varios años para negociar la forma de gastar el dinero de otra manera, sobre todo en los primeros meses de gobierno cuando el impacto de la contundente victoria sobre Trump aún estaba presente.

Más allá del fracasado cabildeo en el Capitolio (si es que lo hubo), es clara la crisis política que enfrenta Joe Biden, quien recientemente anunció su propósito de buscar la reelección.

El presidente estadounidense enfrenta varios frentes. Por un lado, el número de personas migrantes que llegan a su territorio alcanza niveles récord.

Un ejemplo es justo la región de Valle de Río Grande, por donde según datos del CBP en agosto cruzaron más de 245 mil personas sin documentos migratorios.

Los legisladores republicanos, quienes recientemente consiguieron la destitución del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, aprovechan al máximo los datos del CBP.

Pero no son los únicos. En la revuelta contra el líder del Capitolio también participaron legisladores demócratas, quienes pretendieron enviar un mensaje a Biden sobre la inconformidad en su partido por la pretendida reelección.

Más: los alcaldes de Chicago, Brandon Johnson, y de Nueva York, Eric Adams, exigieron al gobierno de Estados Unidos financiamiento especial para atender a las personas migrantes que en sus calles.

Las ciudades se encuentran en emergencia por esta situación. Los alcaldes, por cierto, son del Partido Demócrata.

En tal escenario, Joe Biden tiene pocos incentivos para frenar una medida como la ampliación del muro fronterizo:

El costo político por el aparente cambio de opinión puede ser menor al beneficio de paliar las críticas por su presunta inacción ante la oleada migrante.

Así, la versión de que fue virtualmente obligado a permitir el nuevo muro, o su afirmación de no creer que sea una medida efectiva contra la migración quedan desestimadas.

Los comentarios de Biden son tan convincentes como un río de lágrimas de cocodrilo.