La celebrada cancelación de un financiamiento por 60 millones de dólares del gobierno estadounidense para México es, en los hechos, un fracasado acto de propaganda electorera

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Temporada de piñatas, episodio 1:

La mayoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó suspender la asignación de 60.7 millones de dólares al gobierno de México, que forman parte del Fondo de Apoyo Económico que la Casa Blanca entrega a otros países.

La medida es una represalia por la supuesta falta de voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la producción de fentanilo en territorio mexicano.

El autor de la iniciativa es Alexander Xavier Mooney, quien presume ser el primer político de origen hispano en ser elegido al Capitolio por Virginia del Oeste.

Se trata de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos, con histórica presencia del grupo supremacista Ku Kux Klan que actualmente se considera activo en ese estado.

En la sesión del 28 de septiembre en el Capitolio, Mooney se refirió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien rechaza que el fentanilo se elabore en el país.

“México no debería ser recompensado con fondos de apoyo económico cuando se niega a detener la producción de fentanilo que ha matado a cientos de miles de estadounidenses” dijo.

“Es tiempo de cortar el financiamiento económico, hasta que el presidente de Estados Unidos pueda informar al Congreso que México está trabajando con nosotros para abordar el libre flujo de fentanilo a través de la frontera”.

La Cámara de Representantes es controlada por el Partido Republicano. La iniciativa de Mooney fue aprobada, aunque está lejos de aplicarse en el terreno real:

Hace falta su votación en el Senado, con mayoría del Partido Demócrata y donde es previsible que sea rechazada no por apoyar al gobierno de México, sino porque la enmienda contiene un ultimátum al presidente Joe Biden.

Es, pues, una acción de propaganda que forma parte de la previsible temporada de piñatas en que se convierten los mexicanos en cada período electoral de los estadounidenses, como ocurre ahora.

Pero como ocurre desde 2018, la propuesta del republicano Mooney fue celebrada por académicos, intelectuales, legisladores de oposición y algunos medios que la destacaron en sus ediciones.

En medio de la epopeya opositora se pierden de vista algunos datos.

El nivel de gasto en tareas de seguridad de los dos gobiernos anteriores fue, en promedio, el equivalente a 14 mil millones de dólares anuales.

Los recursos comprenden solamente el presupuesto asignado a las secretarías de Marina, Defensa Nacional y Seguridad Pública.

El nivel de gasto público se mantiene en la administración de López Obrador e inclusive se contempla un aumento significativo para 2024.

La propuesta fiscal para las Fuerzas Armadas que se analiza en la Cámara de Diputados equivale a 25 mil millones de dólares.

Los recursos se utilizan para las distintas tareas de seguridad pública y seguridad nacional. Una parte significativa es para combatir el narcotráfico, sobre todo de fentanilo.

Es decir, la asignación presupuestal para esas tareas es para garantizar la seguridad de quienes viven en el territorio nacional.

Pero también, de una u otra forma, de los consumidores estadounidenses.

Si no existiera la determinación de los distintos gobiernos de México de llevar a cabo un despliegue de recursos y elementos para esas tareas, la crisis de consumo y muertes por sobredosis de Estados Unidos sería más grave.

Hay más. El nivel de cooperación de las agencias de seguridad de ambos países se mantiene en los niveles que históricamente ha tenido.

De hecho, el único momento en que corporaciones como la DEA, CIA o la ATF aumentaron su presencia en territorio mexicano fue en el período que Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa usurpó la presidencia de México.

En los sexenios anteriores, y los que siguieron a ese negro y corrupto pasaje de la historia, la relación binacional en ese tema se mantiene en los mismos estándares.

Eso implica la asignación de recursos fiscales por parte del gobierno estadounidense para respaldar tareas de seguridad en México.

Una inversión que supera con mucho los 60 millones de dólares que los republicanos pretenden congelar. La Iniciativa Mérida, por ejemplo, contemplaba un gasto anual de mil 600 millones de dólares.

Y un último punto: el presupuesto estadounidense para la cooperación binacional se entrega en especie.

Es decir, se utiliza para la entrega de armas, tecnología y entrenamiento de corporaciones militares y policíacas.

No es, como pretenden hacer creer los legisladores republicanos, que se congelen cuentan bancarias o se suspenda el envío de costales y bolsas repletas de billetes verdes.

Los discursos y acciones espectaculares sirven para convencer incautos o ganar el respaldo de electores con poca educación política.

También son útiles para ganar espacio en los medios. Pero fuera de la República de Twitter (Hoy X) no cambian un ápice la realidad.

Las primeras planas de los diarios no desvían el destino de un solo kilo de cocaína, metanfetaminas o fentanilo: igual llegan a los consumidores estadounidenses.

Quienes celebran la propaganda del Partido Republicano o de cualquier político estadounidense contra México son, en los hechos, tontos útiles de otros tontos inútiles.

En fin. Cada quien con sus republicanas y conservadoras cuitas.