Este es una crónica de como, desde el 2005, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es un actor relevante para la fabricación del Caso Wallace que mantiene a seis personas sin sentencia firme en la cárcel

Por: Salvador Leyva Morelos*

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) ha jugado un papel importante en la fabricación del “Caso Wallace”, por el cual siguen presas seis personas sin sentencia firme. En los próximos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver el Amparo Directo presentado por Juana Hilda. El más alto tribunal del país tiene en sus manos la oportunidad de “desfabricar” uno de los casos que más polémica y atención han generado en la historia reciente de la sociedad mexicana y, con ello, resarcir en cierta medida a las víctimas de una injusticia que ha perdurado por más de 18 años.

La participación de la Fiscalía CDMX inició desde la madrugada del 13 de julio de 2005, cuando Abraham Pedraza Rodríguez, cuñado de María Isabel Miranda Torres, denunció la desaparición de Hugo Alberto Wallace Miranda, e inició la Averiguación Previa FBJ/BJ2T3/1635/05-07. Desde entonces esta investigación fue y es una herramienta a disposición de Isabel Miranda, para enmendar el guion de la fabricación del supuesto secuestro y homicidio de su hijo que se ha seguido en instancias federales desde hace más de 17 años.

En la investigación radicada en la Fiscalía CDMX desde julio de 2005, que sigue abierta hasta hoy, se encuentran piezas clave que son necesarias para la “desfabricación” del Caso Wallace. Esta documentación debería estar en las manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien va a resolver el Amparo Directo 26/2022 presentado por Juana Hilda González Lomelí, y esclarecer en la medida de lo posible todas las irregularidades cometidas durante la investigación del supuesto secuestro y homicidio.

Desgraciadamente y a pesar de contar con dos sentencias federales a su favor, la Fiscalía CDMX, hoy a cargo de Ernestina Godoy Ramos, se niega desde hace un año a garantizar el acceso a la investigación FBJ/BJ2T3/1635/05-07 a Juana Hilda. Esta situación nos obliga a plantearnos varios cuestionamientos, dentro de los cuales destacan: ¿por qué la Fiscalía CDMX sigue empeñada en encubrir la fabricación del caso? ¿por qué Isabel Miranda tiene tanto temor de que Juana Hilda tenga acceso al expediente integrado por la Fiscalía CDMX?

La averiguación previa iniciada en la Fiscalía CDMX podría contener la respuesta a varias interrogantes que rodean el caso como el cambio en las declaraciones de testigos fundamentales para la fabricación o la renta del departamento en Perugino 6.

Horas antes de la denuncia de Abraham Pedraza ante la Fiscalía CDMX, José Enrique del Socorro Wallace denunció también la desaparición de Hugo Alberto ante la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros (UEIS) de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), dando inicio a la Averiguación Previa PGR/SIEDO/UEIS/146/2005.

Inusualmente, desde el 13 de julio de 2005 se iniciaron y mantuvieron abiertas investigaciones en ambos fueros (federal y local) por un mismo hecho: la desaparición de Hugo Alberto. Una posible explicación de esta circunstancia se debería a cómo la investigación en la Fiscalía CDMX se ha utilizado para coaccionar testigos cruciales en el caso, iniciándoles investigaciones por el delito de falsedad, dentro de la propia carpeta.

Uno de varios ejemplos es el caso de una de las vecinas del edificio en Perugino 6, lugar donde habrían secuestrado y matado a Hugo Alberto.

El 15 de julio de 2005 la vecina declaró ante la PGR y negó haber escuchado o visto nada relacionado con el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto. También declaró que su hijo, quien -de acuerdo con las declaraciones de Isabel Miranda y sus familiares- fue quien les dijo que escuchó disparos y vio cómo dos sujetos bajaban a otro sangrando por las escaleras del edificio, ni siquiera estuvo en el departamento durante el tiempo que se supone ocurrieron los hechos.

El 12 de noviembre de 2005 acudió nuevamente ante el Ministerio Público, donde fue objeto de cuestionamientos hechos por Braulio Robles Zúñiga, agente de la SEIDO, pero la vecina sostuvo su declaración anterior.

Tres meses después, el 2 de febrero de 2006 (seis días antes de la confesión de Juana Hilda ante la SEIDO) la vecina declaró ante la FGJCDMX, en la Averiguación Previa FBJ/BJ2T3/1635/05-07, con una pequeña diferencia, esta investigación tiene la nomenclatura FBJ/BJ2T3/1635/05-07-D, integrada por el delito de “FALSEDAD”, en la que ella declaró como investigada. Esta declaración culminó a las 20:30. Horas después, el 3 de febrero de 2006 declaró nuevamente y de forma similar en la averiguación previa FBJ/BJ2T3/1635/05-07, es decir, la relacionada directamente con la desaparición de Hugo Alberto. Esta declaración terminó a las 04:00.

Para justificar el cambio en la declaración, se usó el argumento del miedo a las amenazas que César Freyre (otro de los señalados como responsable del supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto) le habría hecho. Lo que no pudieron justificar, es por qué el hermano de Isabel Miranda, Roberto Miranda Torres, la presionó e incluso lesionó para que se presentase ante la Fiscalía CDMX a retractarse de sus declaraciones anteriores y emitir una distinta, esta vez, una apegada al guion que se utilizaría para la confesión que obtendrían de Juana Hilda elementos de la SEIDO seis días después bajo coerción y tortura.

La semana siguiente a la confesión de Juana Hilda, el 14 de febrero de 2006, la vecina declaró ante la Fiscalía CDMX por última vez, hasta donde se tiene conocimiento. Reiteró que la “verdad de lo sucedido” es lo que declaró el 3 de febrero y aportó nuevos detalles que no había dado antes pero que, curiosamente, aparecen en la confesión de Juana Hilda de 8 de febrero de 2006.

Durante el juicio, la defensa ofreció dos veces la ampliación de la declaración de la vecina. Esto hubiera permitido corroborar o no las supuestas amenazas o la coerción de las que fue objeto para cambiar su declaración. Sin embargo, el Juzgado no la pudo localizar durante meses por lo que la defensa se tuvo que desistir de la prueba y la vecina nunca se presentó a declarar en juicio.

Las declaraciones cambiadas de la vecina, y otros testimonios cruciales rendidos ante la Fiscalía CDMX, cruciales en la fabricación del caso, los recibió la entonces Procuraduría General de la República (PGR) dos días antes de ejercer la acción penal y someter el caso a juicio. Pareciera entonces, que para la PGR los testimonios cambiados repentinamente en la fiscalía local eran pieza importante para intentar sostener el guion de la fabricación en juicio.

Se insiste, en un país donde las instituciones encargadas de investigar delitos se pelean por disminuir sus cargas de trabajo, delegándolo a otras instituciones, llama mucho la atención que en este caso tanto la PGR como la Fiscalía CDMX hayan integrado una investigación por los mismos hechos.

La insistencia de la Fiscalía CDMX en mantener abierta la investigación, a pesar de que sabía que esta se estaba llevando a cabo a nivel federal, se ejemplifica con el hecho de que, a ocho meses de iniciada la investigación por la PGR, y a un mes de que la consignase ante un juez, la Fiscalía CDMX continuó intentando acceder a la averiguación previa federal, sin éxito.

Estos intentos llegaron al extremo de que el entonces Subprocurador Renato Sales Heredia solicitó directamente al entonces Procurador General de la República interviniera a su favor para la expedición de unas copias.

La carrera de este funcionario será acompañada por Isabel Miranda en los siguientes años, cuando se convierta en el primer Coordinador Nacional Antisecuestro y al poco tiempo en Comisionado Nacional de Seguridad, al punto de ser señalado por algunas de las víctimas, como su cómplice en las torturas de las que han sido objeto.

En abril de 2006 la PGR ejerció acción penal en contra de Juana Hilda, César, Albert, Tony, Brenda, y Jacobo por el supuesto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. Han pasado más de 17 años desde que inició el juicio, sin embargo, la Averiguación Previa FBJ/BJ2T3/1635/05-07 a cargo de la Fiscalía CDMX, que se instruye en contra de (hasta donde se tiene conocimiento) Juana Hilda y César, continúa abierta.

En septiembre de 2022 Juana Hilda solicitó a la Fiscalía CDMX copias simples de la averiguación previa instruida en su contra, y designó a las personas que integrarían su defensa, pero la Fiscalía se negó a acordar favorablemente su solicitud. Juana Hilda presentó una demanda de amparo contra la Ministerio Público a cargo de la Averiguación.

El 22 de diciembre de 2022 la Jueza Federal Rosa María Cervantes Mejía le otorgó a Juana Hilda el amparo que obligaba a la Ministerio Público de la Fiscalía CDMX a otorgarle copias de la averiguación y tener por designadas a las personas que nombró como sus representantes. Al recibir la sentencia federal, el 26 de diciembre de 2022 la Ministerio Público ordenó la expedición de copias de la averiguación previa, y tuvo por designados a los profesionistas nombrados por Juana Hilda.

El 3 de enero de 2023, a pesar de que ya se había dictado sentencia, Isabel Miranda solicitó a la Jueza Cervantes el reconocimiento de tercero interesada en el amparo presentado por Juana Hilda. La Jueza lo negó puesto que el juicio ya había sido resuelto. Convenientemente, tres días después, el 6 de enero de 2023, la Ministerio Público a cargo de la investigación contra Juana Hilda, quien ya había autorizado las copias y fijado fecha para su entrega, emitió un nuevo acuerdo en la carpeta, con el que dejó sin efectos la expedición de las copias y la designación de la defensa, puesto que, por instrucciones de su superior, presentaría recurso de revisión en contra de la sentencia.

Tanto el Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado como la Ministerio Público de la Fiscalía CDMX recurrieron la sentencia. El 3 de agosto de 2023 el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México resolvió el Amparo en revisión y ordenó reponer el juicio, en la medida de que se debía hacer comparecer a Isabel Miranda como tercera interesada.

La Jueza Cervantes acató la resolución del Tribunal Colegiado, emplazó a Isabel Miranda, y el 8 de septiembre pasado emitió una nueva sentencia en la que concedió por segunda ocasión, el amparo a Juana Hilda. La Jueza, por segunda ocasión, ordenó a la Ministerio Público de la Fiscalía CDMX otorgar copias de la averiguación y tener por designadas a las personas que nombró Juana Hilda como sus representantes. Como era de esperarse de una persona que ha empleado todos los medios para retrasar los procesos judiciales que le son adversos, la semana pasada Isabel Miranda interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia de la Jueza Cervantes.

Este recurso pone en riesgo la posibilidad de acceder a tiempo a la documentación que obra en la Averiguación Previa FBJ/BJ2T3/1635/05-07, que contiene información imprescindible para la “desfabricación” del caso que inevitablemente hará la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Juana Hilda.

En su recurso de revisión, la propia agente del Ministerio Público de la Agencia de Investigación de Secuestro “B” adscrita a la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló que elementos de dicha fiscalía estuvieron presentes en la casa de arraigo y recabaron la declaración de Juana Hilda el 8 de febrero de 2006.

Esto corrobora la versión de Juana Hilda de cómo fue presionada y torturada para confesar su participación y la de sus cinco co-enjuiciados en el supuesto secuestro de Hugo Alberto. En particular, Juana Hilda expresó ante el Juez, durante su primera declaración judicial, que una de las amenazas que le hicieron en repetidas ocasiones los agentes de la SEIDO Fermín Ubaldo y Braulio Robles, era que, si no confesaba, los agentes de la Policía Ministerial de la Ciudad de México se la llevarían.

La Fiscal Ernestina Godoy busca reelegirse porque la Ciudad de México se merece una fiscalía distinta, al servicio de la gente. Para Juana Hilda, Brenda y los demás inculpados, esta fiscalía no ha sido distinta a la de Bernardo Bátiz ni a la de sus sucesores.

Es la misma fiscalía que durante casi 18 años ha ocultado información que podría ser indispensable para el esclarecimiento de los hechos y su libertad. Es la misma fiscalía que desde hace más de un año se ha negado a investigar a Isabel Miranda y a la empresa Showcase por la colocación de los espectaculares que violan sus derechos humanos.

Si la Fiscal Ernestina Godoy quiere demostrar que, por lo menos en este caso, es una fiscalía distinta, puede, en un acto unilateral de buena fe y transparencia, enviar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el expediente íntegro de la Averiguación Previa FBJ/BJ2T3/1635/05-07 para que pueda resolver el Amparo Directo 26/2022. La Suprema Corte debe contar con todos los elementos necesarios para “desfabricar” el caso, impartir justicia, y garantizar el derecho a la verdad de todas las personas involucradas y de la sociedad en general, y el tiempo apremia.

*El autor de esta columna es abogado defensor de Derechos Humanos y ex titular de la Secretaría Técnica del Instituto de la Defensoría Pública