En un sexenio donde se ha otorgado poder e influencia política a los militares, no es asunto menor que el principal punto de discordia con los padres de Ayotzinapa sea la resistencia del Ejército a entregar toda la información que posee sobre la Noche de Iguala

Ernesto Núñez Albarrán / @chamanesco

En uno de los momentos más tensos de la reunión de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, éste les dijo que su lucha por la verdad y la justicia está siendo manipulada por las organizaciones de derechos humanos que los acompañan, y por los medios de comunicación.

Fiel a su estilo, el presidente dijo que el caso Ayotzinapa ha sido utilizado para golpear a su gobierno y, especialmente, a las Fuerzas Armadas.

Los padres defendieron el acompañamiento de las cuatro organizaciones que integran la Comisión de la Verdad y la Justicia, creada desde diciembre de 2018 por decreto presidencial: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y SERAPAZ, Servicios y Asesoría para la Paz. 

Presentes en la reunión, los representantes de estas organizaciones fueron defendidos por las madres y padres, quienes le dijeron al presidente que, si no fuera por su acompañamiento y asesoría jurídica, probablemente su gobierno no los atendería.

Mario César González Hernández, padre de uno de los normalistas desaparecidos, mencionó que las organizaciones impidieron que la anterior administración diera carpetazo al asunto con la llamada “verdad histórica”.

El encuentro, celebrado el miércoles pasado en Palacio Nacional, fue calificado como ríspido por los asistentes, pues confrontó a un presidente que asegura que su administración ya ha entregado toda la información que tiene sobre el caso Ayotzinapa, con padres y madres que aún reclaman que el Ejército mexicano diga todo lo que sabe sobre la Noche de Iguala.

Sin embargo, los padres y madres -y las organizaciones que los acompañan- actuaron con prudencia, evitaron romper lanzas, y se llevaron de Palacio Nacional una nueva promesa de López Obrador: la de revisar qué información no han entregado las Fuerzas Armadas y entregárselas en una nueva reunión, que se celebrará el lunes 25 por la tarde, un día antes de la jornada de lucha por los 9 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

Al día siguiente, en la conferencia mañanera, el presidente aseguró que el lunes entregará a cada padre y madre un expediente sin testar con la información que aún no hubiese entregado la Secretaría de la Defensa Nacional.

Y, como hizo en la reunión con los padres, volvió a descalificar a las organizaciones sociales.

“Tenemos el compromiso de conocer la verdad, de que haya justicia sin impunidad, no queremos que estos falsarios pseudo defensores de derechos humanos usen este asunto para afectar al Gobierno y en especial al Ejército… porque, si son responsables, como está sucediendo, ya hay como 15 o 20 militares encarcelados, pues que sean juzgados y que se demuestre que fueron responsables”, dijo el presidente en la mañanera.

Además, dijo que entre 15 y 20 militares han sido detenidos para ser juzgados por su presunta responsabilidad en los hechos, aunque en realidad se trata de 14 elementos.

El decreto de 2018 y la promesa de verdad y justicia

En un sexenio en el que los militares han adquirido poder, influencia y relevancia política -cedidas voluntariamente por el presidente-, no es un asunto menor que el punto de discrepancia entre López Obrador y los padres de Ayotzinapa sea la resistencia del Ejército a decir toda la verdad.

En efecto, desde el inicio de su administración, López Obrador dio pasos que su antecesor, Enrique Peña Nieto, no quiso dar: el 4 de diciembre de 2018 publicó un decreto en el que instruyó “establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas, para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y al acceso a justicia”.

El decreto creó la Comisión de la Verdad y la Justicia e instruyó a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Alejandro Encinas, a implementar los mecanismos necesarios para que las investigaciones del Estado mexicano se llevaran a cabo sin sesgos, con independencia, imparcialidad y estricto apego a la verdad.

Y se instruía: “las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que cuenten con información o pruebas que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos, en búsqueda de la verdad, deberán de facilitarla a la Comisión, para que ésta a su vez la haga llegar a la autoridad competente, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.

Con base en ese decreto, y ante la negativa de las Fuerzas Armadas a entregar toda la información que posee sobre el caso –como fue denunciado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, antes de anunciar su salida definitiva del país, el pasado 25 de julio-, los padres se ampararon ante la justicia reclamando toda la información.

Y lograron que el Poder Judicial ordenara, el pasado 4 de septiembre, que el Ejército no destruya ninguno de los documentos que tiene en su poder que podría conducir al esclarecimiento de los hechos. Esto, tras revelaciones periodísticas sobre la existencia de mensajes que confirman la colusión de autoridades y criminales durante la Noche de Iguala.

Hoy, en la víspera de una nueva reunión con el presidente, la expectativa gira en torno a los expedientes prometidos por el presidente.

¿Entregará López Obrador los documentos no testados que prometió?, ¿le habrá entregado el Ejército todo lo que posee en sus archivos de inteligencia militar para que, a su vez, él los entregue a los padres?, ¿la voluntad del presidente será, efectivamente, que se conozca toda la verdad?, ¿o prevalecerá la opacidad con la que se ha protegido al Ejército durante estos nueve años?

La promesa de esclarecer el caso la hizo López Obrador aun antes de ser presidente, y la reafirmó el día de su toma de posesión ante el Congreso de la Unión.

Los normalistas de la Escuela Rural Isidro Burgos, los padres y madres de los desaparecidos, Guerrero y la sociedad en su conjunto siguen esperando la verdad. Sin ella, en efecto, el caso seguirá siendo objeto de uso político, motivo de vergüenza internacional, arenga en múltiples manifestaciones y sujeto de nuevas promesas en las campañas por venir.