El caso se relaciona con 71 desapariciones de personas ocurridas en Nayarit, la mayoría en 2017, en las que habrían participado servidores públicos y criminales. Según la Fiscalía General de la República, que lleva la investigación, su homóloga estatal ha obstruido la indagatoria

Texto: Efraín Tzuc para A dónde van los desaparecidos

CIUDAD DE MÉXICO.- La titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas de Nayarit, Yayori Villasana Monroy, fue liberada el pasado 12 de septiembre, después de que el juez federal Jorge Eduardo Ramírez Téllez decidió no vincularla a proceso por el delito de delincuencia organizada en la modalidad de colaboración para el fomento de delitos contra la salud debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) no aportó pruebas para considerar razonable que pertenece y ha favorecido a una organización criminal.

En la audiencia, que se realizó en el Centro de Justicia Penal Federal de Puebla, también se determinó la no vinculación a proceso de la exvisitadora de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit, Dora Aimé Carranza, y el exdirector del Centro de Readaptación Social de la entidad, Pavel Emilio Valdez, mientras que un particular, Miguel “N”, continuará en prisión porque, en su caso, el juez consideró que existen pruebas suficientes para que la FGR continúe investigándolo con el fin de llevarlo a juicio.

La indagatoria del Ministerio Público, que llevó a la detención de las cuatro personas en Tepic, Nayarit, el 7 de septiembre, resultó de la atracción de expedientes por desapariciones de personas ocurridas, principalmente, en 2017, que eran investigadas por la fiscalía nayarita.

En al menos 47 casos, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la organización civil Idheas documentaron la probable participación de elementos de corporaciones policiales y de investigación, es decir, serían desapariciones forzadas.

“No nos vamos del todo derrotados porque sabemos que el único delito que se les estaba imputando era delincuencia organizada. Tengo fe en que va a haber más pruebas [sobre otros delitos]”, dijo Rosa María Jara al finalizar la audiencia, en referencia a la investigación que continúa realizando la FGR y que involucraría a más servidores públicos y exfuncionarios de la FGE. Jara es madre de Nicanor Alejandro López, desaparecido en 2017, quien fue localizado sin vida en una fosa clandestina en 2020.

El ex fiscal general de Nayarit Édgar Veytia, sentenciado en 2019 en Estados Unidos por delitos relacionados con tráfico de drogas, y el exgobernador del estado Roberto Sandoval, con un proceso abierto por enriquecimiento ilícito en México e incluido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense en su “lista negra” de personas y entidades relacionadas con el terrorismo y el narcotráfico, fueron nombrados reiteradamente en la audiencia, que se prolongó durante casi once horas, con dos recesos de una hora.

De acuerdo con la FGR, las cuatro personas detenidas habrían actuado para favorecer al Cártel de los Beltrán Leyva desde 2011 hasta febrero de 2017, como parte de un “grupo de la fiscalía” que cometía extorsiones, despojo, obstrucción de investigaciones, secuestros, tortura y desapariciones. Después de esa fecha habrían pactado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Puede haber delitos de desaparición, obstrucción de investigación, abuso de autoridad. Eso no implica que [los imputados] pertenezcan a las organizaciones con las que pactaron Sandoval y Veytia”, dijo el juez en el cierre de la audiencia.

Acusa FGR obstaculización

En la audiencia, en representación de la FGR, la fiscal especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada Martha Lidia Pérez y seis agentes denunciaron que la FGE ha dificultado la indagatoria con acciones como no remitir información que obra en sus archivos, por lo que estuvieron a punto de apercibir al fiscal general de Nayarit Petronilo Díaz.

Desde 2020, la FGR atrajo diversos expedientes que incluían a 71 víctimas de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delincuencia organizada, e inició una megainvestigación por estos delitos. De acuerdo con un documento obtenido por Quinto Elemento Lab, se investiga a servidores públicos “de los más altos niveles sobre todo a nivel estatal” y a grupos criminales.

La representación de la FGR declaró en múltiples ocasiones su extrañeza por el hecho de que a los abogados particulares de Villasana, que pertenecen a la firma Nassar Nassar y Asociados, y uno de los cuales es apoderado legal del exgobernador Sandoval, les hayan entregado la información relacionada con las acusaciones contra la fiscal menos de 12 horas antes de la audiencia.

La FGR también exhibió inconsistencias respecto a datos de prueba ofrecidos por la defensa. El primero fue sobre la destrucción de ropa del hijo de Jara, ocurrida supuestamente en diciembre de 2019, pero que ella aseguró haber visto cuando identificó su cuerpo, entre el 21 y el 23 de septiembre de 2020. Incluso hay un dictamen fechado el 28 de febrero de ese mismo año sobre un catálogo de prendas que habría incluido la ropa de Nicanor Alejandro. De acuerdo con la FGR, esto confirmaría que las prendas no fueron destruidas en 2019, como afirmó Villasana.

Además, la defensa de la fiscal refirió que se había iniciado un procedimiento administrativo en contra de la persona encargada del depósito de resguardo, que supuestamente entregó los indicios a una empresa para su destrucción, el 1 de noviembre de 2022, un día inhábil, señaló la FGR.

Entre la documentación requerida por la defensa a la FGE se encontraban copias autenticadas, es decir, cotejadas con las originales, de una carpeta de investigación que ya había atraído la FGR, por lo que no había forma de hacer la compulsa porque la fiscalía estatal no tenía el expediente.

Quinto Elemento Lab reveló que, desde diciembre de 2020, cuando la FGR se trasladó a la sede de la fiscalía en Tepic para llevarse los expedientes de decenas de personas desaparecidas en el estado, ha habido confrontaciones entre ambas instancias. En un oficio obtenido por este medio, la FGR mencionó que “[…] tuvo la necesidad de catear a la Fiscalía Estatal, en 2020”, y que por eso tiene “vetado” acercarse a sus instalaciones.

También el Ministerio Público afirmó, en el mismo documento, que se han destruido “escuchas, datos conservados, además de contaminado las diligencias de campo”.

Incluso, según el oficio, “han existido enfrentamientos armados entre personal de esta FGR, en conjunto con [la] Guardia Nacional en contra [de] los servidores públicos de la Fiscalía Estatal, lo que ha generado inclusive pérdidas de vidas humanas”.

Las acusaciones

Hasta la realización de la audiencia no se había hecho pública que la acusación del Ministerio Público contra los detenidos era por delincuencia organizada en la modalidad de colaboración para el fomento de delitos contra la salud.

En resumen, los señalamientos de la FGR en su contra fueron los siguientes:

Villasana ingresó a la entonces Procuraduría General de Justicia de Nayarit en 1999. En 2014 fue nombrada agente del Ministerio Público de Atención Temprana y, desde el 1 de febrero de 2019, es la fiscal especializada en Investigación de Personas Desaparecidas de la entidad. De acuerdo con la acusación, la funcionaria habría obstaculizado indagatorias por extorsión de las que eran presuntamente responsables servidores públicos de la fiscalía, cercanos a Veytia, dando “carpetazo” a las mismas, es decir, no investigándolas.

También habría obstaculizado casos relacionados con desaparición, ya como fiscal. Uno de los datos de prueba de la FGR es que, supuestamente, Villasana presionó a la madre de un joven desaparecido para que aceptara un procedimiento abreviado en un proceso penal por desaparición cometida por particulares. A otra familiar, agregó, le negó copias de la investigación. También, según la FGR, evitó que se procesara una fosa clandestina argumentando que era un pozo séptico; del lugar se exhumaron 21 cuerpos ante la insistencia de los colectivos de búsqueda para que se excavara.

Además, la FGR acusó a Villasana de no resguardar la evidencia procedente de esa misma fosa, que incluía las prendas de Nicanor Alejandro. De acuerdo con documentos obtenidos por la periodista Karina Cancino, la ropa del estudiante, como se mencionó, habría sido destruida el 18 de diciembre de 2019. El motivo, según la fiscal, fue que representaban un “riesgo epidemiológico”, pero no aclaró el porqué.

Otros indicios importantes recogidos en la misma fosa clandestina fueron también destruidos cuando estaban bajo el resguardo de Villasana: unas esposas de la Policía Nayarit –un extinto cuerpo de élite que dependía de la FGE– y una camisola de la propia fiscalía estatal.

Carranza trabajaba desde hacía once años en la FGE cuando Veytia tomó el cargo de fiscal general y la nombró visitadora de la institución en 2016, un puesto que hoy equivale al de titular del Órgano Interno de Control. Desde ese cargo, según la FGR, obstaculizaba las indagatorias administrativas contra los elementos corruptos que colaboraban con Veytia para cometer crímenes. Incluso habría cerrado un proceso administrativo contra Villasana, aunque la FGR no dio más información sobre el mismo. A la exfuncionaria de la FGE se le acusaba también de presuntamente enviar personas, sin una orden de detención, al penal –dirigido por Valdez– para ser golpeadas, por órdenes de Veytia.

El tercer acusado no vinculado a proceso, Valdez, fue director de Averiguaciones Previas en la FGE en 2012 y dirigió el Centro de Readaptación Social Venustiano Carranza entre diciembre de 2016 y septiembre de 2017. Se le atribuyó dejar salir a presos para que realizaran actividades criminales y encarcelar a personas sin una orden judicial para presionar o castigar a ciudadanos y rivales; también de permitir que se torturara a personas dentro del penal a su cargo, en donde, incluso, se habría desaparecido a una persona.

Finalmente, Miguel “N”, el único que no había sido funcionario de la FGE, presuntamente era dueño o tenía “una injerencia fuerte”, según el juez, en un establecimiento donde se hacían fiestas y se consumía y vendía droga. En el lugar se realizó un cateo en 2022 y se encontraron pipas de cristal, droga y una tarjeta con las siglas CJNG. 

La defensa

La representación de los imputados, formada por diez abogados –la mitad contratados para representar a Villasana–, denunció ante el juez que la FGR les entregó copias de la carpeta de investigación testadas, y que solo había declaraciones “de oídas”. Alegaron que los hechos de los que eran acusados carecían de datos específicos del lugar en el que se cometieron, y cómo, cuándo y contra quiénes se ejercieron. Además, argumentaron que no se demostraban los elementos para considerar a sus defendidos como integrantes de grupos del crimen organizado.

“Yayori no perteneció al grupo de Édgar Veytia. No se acredita que haya un fomento a alguno de los delitos de narcotráfico. Negar una copia no es delincuencia organizada”, argumentó uno de los abogados de la fiscal.

La defensa de Villasana mencionó oficios, dictámenes y transcripciones de videos para demostrar que las acusaciones de la FGR eran falsas. Por ejemplo, sobre el señalamiento de que presionó a la madre de un desaparecido para aceptar un procedimiento abreviado, mencionaron que en el video de la audiencia se veía cómo la fiscal decía que la víctima no había aceptado dicho procedimiento y enfatizaron que se obtuvo una sentencia condenatoria contra el imputado, es decir, sí hubo un juicio.

También ofrecieron oficios que mostraban que Villasana había solicitado apoyo a la ahora extinta Policía Federal para el procesamiento de la fosa clandestina en donde fueron encontradas 21 personas, la misma que, según el dicho de la FGR, había obstaculizado excavar diciendo que era un pozo séptico.

Los abogados alegaron al juez que algunas declaraciones utilizadas en la audiencia por la FGR no habían sido parte de la acusación contra su defendida, y que el Ministerio Público se contradecía respecto a la destrucción de pruebas. “Primero dicen que no actuó para impedir la destrucción [de las prendas y demás indicios], y ahora dicen que altera pruebas, pero tampoco lo demuestran”, dijo uno de los letrados.

En un documento, la FGR asegura que la fiscalía estatal ha obstaculizado su investigación y destruido pruebas. 

La defensa de Carranza afirmó que la FGR se quedó corta en su investigación, pese a que integraron 250 tomos. Criticó que las pesquisas se basaban en “apreciaciones subjetivas y de mala fe de la FGR”.

Finalmente, el juez recordó que, para que se pueda considerar un caso de delincuencia organizada, es necesario demostrar la existencia del grupo criminal y la pertenencia a este.

“No se logró acreditar cómo esas conductas [delictivas de las que fueron acusados] los vinculaban con los Beltrán Leyva y el Cartel Jalisco Nueva Generación”, dijo el juez. Además, cuestionó que las entrevistas –que se usaron como pruebas– no vinculaban a tres de los imputados –Villasana, Carranza y Valdez– con las organizaciones criminales, y que se basaban en que Veytia pactó con los grupos delictivos, lo que calificó como “muy aventurado”.

Por ello, determinó no vincular a proceso a Villasana, Carranza y Valdez, que recuperaron su libertad de inmediato. En el caso de Miguel ‘N’ dijo que las pruebas eran razonables porque testigos refirieron verlo vender droga en el establecimiento del que era dueño, además de que en un cateo realizado en ese lugar en 2022 se encontró una tarjeta de presentación con las letras CJNG, que “es sabido que se refieren al Cartel Jalisco Nueva Generación”. Especificó que, aunque eso no lo hacía culpable, era razonable vincularlo a proceso para que la FGR continúe investigándolo y, eventualmente, lo lleve a juicio.

‘Tengo que estar’

Rosa María Jara tomó el primer camión que alcanzó para viajar unas nueve horas a la Ciudad de México y otras dos más a Puebla desde Nayarit. “Yo tengo que estar”, dijo la madre de Nicanor Alejandro, que aportó el elemento central de la acusación que hizo la FGR a la fiscal: los documentos que probarían que se destruyó evidencia y su testimonio de haberla visto tras ocurrir el hecho.

Después de que el 7 de septiembre medios locales informaron sobre las detenciones, vino el silencio. Al cabo de cuatro días, por la noche, los avisos empezaron a correr: se llevaría a cabo la audiencia de vinculación a proceso de cuatro personas relacionadas con la estructura criminal que Veytia creó en la FGE, a través de la cual se cometieron “homicidios, tortura, despojos, amenazas, extorsiones y desapariciones forzadas”.

Jara, lideresa del colectivo Por nuestros corazones, y tres compañeras del también colectivo Familias Unidas por Nayarit, decidieron viajar a Puebla para estar presentes.

*www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).