Tras el atentado a la sede de los tres poderes de Brasil, protagonizado por seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro en enero de este año, el poder judicial de ese país logró las primeras tres condenas por estos hechos. Los cargos: intento de golpe de Estado y de abolición del estado de derecho, asociación criminal, daños a bienes públicos y deterioro del patrimonio protegido

Texto: Mario Osava / IPS

Fotos: SCO-STF-FotosPúblicas

BRASIL. – “Ustedes son las personas más odiadas del país”, desdeñó el abogado Sebastião Coelho a los jueces del Supremo Tribunal Federal, al defender al ahora primer condenado por el intento de golpe de Estado, en un juicio que consagra un nuevo superhéroe de la democracia en Brasil.

El Supremo, nombre abreviado por el cual es conocido, empezó a juzgar el 13 y 14 de septiembre a los responsables de la invasión vandálica de las sedes de los Tres Poderes en Brasilia, ejecutada el 8 de enero por activistas de extrema derecha que buscaban provocar una intervención militar y así derrocar al nuevo gobierno investido una semana antes.

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Seguidores de Bolsonaro atacan sede de los Tres Poderes en Brasil

Eran seguidores radicales del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, un capitán retirado del Ejército, que justificaban su rebelión contra un supuesto fraude que habría asegurado el triunfo del izquierdista presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre de 2022.

La condena de los tres primeros golpistas a penas de 17 y 14 años de prisión reafirma el  liderazgo del juez Alexandre de Moraes, relator de numerosas investigaciones judiciales sobre posibles delitos de los llamados “bolsonaristas”, como la difusión de falsas noticias o actividades contra la democracia y contra el sistema electoral brasileño.

Exfiscal del Ministerio Público del estado de São Paulo y ministro de Justicia antes de ser nombrado juez del STF en 2017, Moraes se destaca como el más activo guardián de la democracia ante los ataques de Bolsonaro durante su gobierno (2019-2022).

Como presidente de turno del Tribunal Superior Electoral, que es siempre presidido por un juez del Supremo, condujo el proceso que inhabilitó Bolsonaro durante ocho años el 30 de junio, por haber promovido una reunión informal con decenas de embajadores el 18 de julio de 2022, para desacreditar las urnas electrónicas usadas en las elecciones brasileñas.

En el caso de los ataques a las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Supremo, Moraes, que actúa como relator,  propuso la pena de 17 años al primer reo, Aécio Costa Pereira, un técnico de saneamiento básico de 51 años, y fue secundado por  el voto de otros seis jueces, mientras otros cuatro votaron por condenas menos duras.

Son cinco los delitos apuntados por el Ministerio Público Federal en los actos del 8 de enero y confirmados por Moraes: intento de golpe de Estado y de abolición del estado de derecho, asociación criminal, daños a bienes públicos y deterioro del patrimonio protegido.

“Son extremistas” los que odian al Supremo, es decir “una minoría”, respondió Moraes al abogado de Pereira, que se refirió a los 11 jueces del máximo tribunal y última instancia judicial brasileña como “las personas más odiadas”.

El superhéroe de la democracia

Moraes es de hecho el principal blanco de los ataques bolsonaristas, por el ejercicio contundente de sus funciones, que suena más característico de un fiscal que de juez. Sea como sea, es percibido como un campeón de la democracia ante los forcejeos autoritarios de Bolsonaro.

Al Supremo, sin embargo, le tocó perder credibilidad en muchos sectores por sus vaivenes y por su incapacidad o la imposibilidad de mantenerse por encima de los antagonismos y controversias que se exacerbaron especialmente por el ascenso de la extrema derecha de matriz militar y religiosa, liderada por Bolsonaro.

“Cerrar el Supremo”, fue siempre una intención de los bolsonaristas más radicales, mientras se multiplicaron las discrepancias con el Congreso, por supuestas injerencias y usurpaciones del poder legislativo.

El nombramiento de dos jueces del STF por el expresidente añadió una rígida división en el Supremo, que se manifiesta en todas las cuestiones y con más razón en ese juicio de los actos golpistas.

Jueces ultraderechistas

Los dos jueces nombrados por Bolsonaro absolvieron a Pereira y los otros dos reos juzgados hasta ahora por el intento de golpe de Estado, el delito con una condena más alta entre los cinco de los que estaban acusados.

Kassio Nunes Marques fue el más benévolo con los invasores de los Tres Poderes, al reconocer solo el vandalismo, la destrucción de muebles, equipos, paredes de vidrio y obras de arte, visible en los numerosos videos difundidos incluso por los mismos autores.

Dictó una pena de 30 meses de detención en régimen abierto, que solo impone restricciones a salidas nocturnas o en días feriados, bajo control de dispositivos de rastreo, y la concurrencia periódica ante una autoridad judicial.

El otro juez nombrado por Bolsonaro, en su caso propuesto por ser “terriblemente evangélico”, el exministro de Justicia André Mendonça, reconoció que los tres reos intentaron “abolir el estado democrático de derecho”, pero no un golpe de Estado.

No quedó comprobado ese intento y los enjuiciados no tenían condiciones de practicarlo, argumentó. Por eso fijó penas de 85 meses para el primer reo y solo 50 meses para otro absuelto del vandalismo, por no aparecer en actos destructivos en los videos.

Para los demás jueces quedó evidente el intento de golpe, como un “delito de multitud”, colectivo, porque la invasión de los Tres Poderes se destinó a crear un clima de caos en Brasilia para provocar la intervención militar, según los mensajes y declaraciones grabadas de numerosos participantes e incitadores de los ataques.

El Supremo eligió a cuatro reos para los primeros juicios de los golpistas, que van a servir de modelo para los demás, al definir los delitos, sus fundamentos y los criterios para fijar las penas de cada condenado.

De los tres de los cuatro ya juzgados, por ejemplo, dos tuvieron la pena de 17 años de prisión y uno de 14 años, beneficiado por un factor atenuante, el de no participar en la incitación a los actos golpistas al contrario de los demás.

Demasiados enjuiciados

El Ministerio Público que se encargó de las investigaciones denunció a 1395 personas por participar en la invasión de los Tres Poderes el 8 de enero. Están divididos en cuatro grupos: los ejecutores, es decir los participantes directos en los actos, los financiadores, los autores intelectuales e incitadores y, por último, las autoridades que se omitieron en la contención de la violencia.

Ya hay enjuiciados y presos del grupo que financió el transporte, los campamentos de bolsonaristas que se mantuvieron 70 días, desde las elecciones del 30 de octubre hasta el 8 de enero, cerca de los cuarteles del Ejército, y la movilización de los golpistas

Entre los acusados de omisión cómplice están detenidos cinco comandantes de la Policía Militar del Distrito Federal, responsables de la seguridad pública en Brasilia, que desmovilizaron sus tropas el 8 de enero, y el exministro de Justicia Anderson Torres, que había sido nombrado secretario de Seguridad Pública de la capital brasileña una semana antes de los actos golpistas.

Las investigaciones más complejas serán las del grupo de autores intelectuales, que deberá incluir el ex presidente Bolsonaro, que durante todo su gobierno atacó el STF, buscó desacreditar el sistema electoral y alimentó la creencia de que disponía del apoyo militar para cualquier decisión.

La cantidad de enjuiciados deberá aumentar con el avance de las investigaciones y, probablemente, con las revelaciones del teniente coronel Mauro Cid, exedecán de Bolsonaro, preso desde mayo por haber falsificado certificados de vacunación anticovid-19 para su familia y la de Bolsonaro.

Cid tiene comprobada su participación también en el contrabando y venta de joyas regaladas a Bolsonaro por gobiernos extranjeros y decidió hacer colaboración premiada para reducir su pena y excluir su familia de líos judiciales.

El Ministerio Público, con autorización del Supremo, intenta promover acuerdos con mas de mil enjuiciados en los actos golpistas, para que reconozcan sus delitos y acepten penas bajas, como multas y prestación de servicios comunitarios.

Este trabajo fue publicado inicialmente en IPS. Aquí puedes consultar la publicación original.