María Luisa era jornalera, rarámuri, y murió acusada por las autoridades de Sinaloa de tener un padecimiento mental. Las autoridades dicen que se suicidó, pero ¿cómo saberlo, si María Luisa nunca tuvo un intérprete?

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La mañana del 27 de junio encontraron el cuerpo de María Luisa en el penal de Angostura, Sinaloa. La mujer de origen rarámuri de Chihuahua trabajaba como jornalera en los campos agrícolas.

Se encontraba recluida en el penal de Angostura, porque se le acusó de cometer infanticidio en contra de una menor que se ahogó en un dren en Juan José Ríos, colgada en su celda. Era la madre de la menor.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristobal Castañeda Camarillo dijo en un audio que envió a través de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que la muerte de María Luisa: “Todo parece indicar que se suicidó”.

El funcionario estatal afirmó que la mujer sufría depresión y que se había autolesionado, razones por las que la Secretaría de las Mujeres y la de Salud del estado solicitaron su traslado a un hospital psiquiátrico de Sinaloa.

Castañeda Camarillo dijo: “El doctor Cuitláhuac, secretario de salud, también iba a enviar a un médico para que pudiera estar atento a la evolución de esta mujer, lamentablemente tomó la decisión de quitarse la vida”.

De acuerdo con el reportero de la revista Espejo, Marco Vizcarra, María Luisa fue detenid el 13 de abril de 2023, la fiscalía General de justicia de Sinaloa (FGS) la acusó de haber asesinado a su hija en Juan José Ríos, Guasave.

Desde su detención por presunto delitos de infanticidio, la mujer no contó con intérprete: “Se le llevó a tribunales y se hizo que declara sobre los hechos, aunque su español no era bueno, pues su lengua lengua natal era Rarámuri” escribió Vizcarra.

Una vez que inició el juicio, tanto la FGS, SSPE y la Secretaría de las Mujeres no buscaron acompañamiento lingüísticos en su contexto cultural de la comunidad de origen. O sea, a María Luisa la mató el Estado mexicano que les violó todos los derechos humanos.

Después que encontraron el cuerpo de María Luisa todas las instituciones involucradas en el caso se adelantaron a afirmar que la mujer padecía problemas mentales, cuando no aseguraron un intérprete. Una cosa es que los indígenas hablemos español y otra que tengamos comprensión de una lengua impuesta.

La secretaria de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa dijo ese día que estaban programando el traslado de María Luisa a un hospital psiquiátrico. ¿Cómo asegura la funcionaria que la rarámuri necesitaba un hospital psiquiátrico? Lo primero que debieron de haber hecho era investigar el origen, la lengua materna para que de esta forma diseñar una estrategia de acompañamiento.

“Estaba autorizado para que el día de hoy (martes) María Luisa fuera trasladada al hospital psiquiátrico; lamentablemente el día de hoy amanecimos con la noticia de su muerte. Nosotras estuvimos apurando esto porque sabíamos que su vida corría peligro, por el autodaño que ella podía ocasionarse” dijo Guerra Ochoa.

La negación de justicia a María Luisa dejó un vació para todos, porque al no permitir que contara con intérprete, no pudimos saber que pasó con su hija, porque la versión de la Fiscalía es inverosímil. No investigó a fondo.

El acceso a la justicia sigue siendo una brecha infranqueable para los pueblos indígenas en México, hasta ahora es evidente que las instituciones del Estado mexicano aún mantienen las viejas prácticas en contras de las y los indígenas antes, durante y después de la detención. Algo clave, el uso social de la lengua materna de las víctimas.

Si esto no ocurre, entonces estamos ante un mecanismo diseñado para exterminar a los indígenas, porque no es posible que no podamos contar con intérpretes en todos los espacios públicos que nos permitan comunicarnos con los otros.

No nos queda que seguir señalando los abusos que comenten las fiscalías en todo el país en contra de los indígenas, en mucho de los casos recurren a la tortura para que la víctima se auto inculpen de algún delitos.

En muchos de los casos los detenidos aceptan de haber cometido el crimen que no cometieron con la promesa de que si dicen que sí y firman el documento, pronto van a recobrar su libertad.

Ante esta violencia sistemática en contra de los hablantes de algunas de las 62 lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, es urgente que los medios alternativos cuenten con información en lenguas maternas que permita difundir los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas para disminuir las violaciones graves a los derechos humanos.