En busca de soluciones rápidas, es posible que asesores o consultores astutos persuadieran al secretario general para que adoptara asociaciones multipartitas dominadas por las empresas, en contra de las normas de la ONU. Las iniciativas más recientes del secretario general pueden sugerir su frustración por el fracaso de ese enfoque

Por: Jomo Kwame Sundaram / IPS

Los acuerdos internacionales de gobernanza tienen problemas. Condenados como disfuncionales por algunos, los acuerdos multilaterales han sido descartados o ignorados por los poderosos, excepto cuando son útiles para proteger sus intereses o proporcionarles legitimidad.

El multilateralismo económico asediado

Sin duda, muchos acuerdos multilaterales se han vuelto menos apropiados. En su núcleo se encuentra el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), concebido en el último año de la presidencia estadounidense de Franklin Delano Roosevelt (1933-1945) y de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

La conferencia de la ONU celebrada en 1944 en Bretton Woods, una localidad del noreste de Estados Unidos, pretendía sentar las bases del orden económico de posguerra. El Fondo Monetario Internacional (FMI) crearía las condiciones para un crecimiento y una estabilidad duraderos, y el Banco Mundial financiaría la reconstrucción de posguerra y el desarrollo poscolonial.

El acuerdo de Bretton Woods permitía al banco central de Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed), emitir dólares como si estuvieran respaldados por oro. En agosto de 1971, el presidente Richard Nixon repudió las obligaciones de Estados Unidos en Bretton Woods.

Desde entonces, gracias al poder militar y “blando” de Estados Unidos, la aceptación generalizada del dólar ha ampliado los exorbitantes privilegios de la Reserva Federal.

Este repudio unilateral de los compromisos estadounidenses ha sido precursor del destino de otros acuerdos multilaterales. La mayoría fueron diseñados por Estados Unidos, algunos en consulta con sus aliados.

La mayor parte de los privilegios clave del Norte global, especialmente de Estados Unidos, continúan, mientras que los deberes y obligaciones se ignoran si se consideran inconvenientes.

La Organización Internacional del Comercio (OIC) iba a ser la tercera pata del orden económico multilateral de posguerra, reafirmada posteriormente por la Carta de La Habana de 1948. A pesar de la hegemonía mundial de la posguerra, la OIC fue rechazada por el proteccionista Congreso legislativo estadounidense.

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) se convirtió en el sustituto de compromiso. Reconociendo la diversidad de las capacidades económicas nacionales, el GATT no impuso un único requisito a todos los participantes.

Pero las lecciones de estos precedentes flexibles tan exitosos se ignoraron al crear la Organización Mundial del Comercio (OMC) a partir de 1995. La OMC ha impuesto nuevas obligaciones onerosas como el requisito de compromiso único de todo o nada y el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic).

Superar la marginación

En septiembre de 2021, el secretario general de la ONU, António Guterres, publicó Nuestra Agenda Común, con nuevas propuestas de gobernanza internacional. Además de su nuevo sesgo a favor del statu quo, las propuestas se quedan cortas en cuanto a alcance y ambición.

Resulta problemático que legitime y trate de consolidar responsabilidades institucionales ya difusas, debilitando aún más el liderazgo intergubernamental de la ONU. Esto legitimaría la infiltración en la gobernanza internacional de asociaciones de múltiples partes interesadas dirigidas por intereses empresariales privados.

En las últimas seis décadas se han producido cambios a menudo glacialmente lentos para mejorar gradualmente el liderazgo de la ONU, debido principalmente a la obstinación de los privilegiados y poderosos. Estos cambios han modificado la participación de los Estados miembros y de la sociedad civil, con efectos dispares.

Las instituciones más justas y las disposiciones acordadas tras negociaciones intergubernamentales inclusivas han sido sustituidas por procesos con múltiples partes interesadas. Ellos no suelen rendir cuentas a los Estados miembros, y mucho menos a sus ciudadanos.

Estos sesgos y otros problemas de procesos y prácticas ostensiblemente multilaterales han erosionado la confianza pública en el multilateralismo, especialmente en el sistema de la ONU.

Los procesos multilaterales –con la participación de intereses corporativos transnacionales- pueden agilizar la toma de decisiones e incluso su aplicación. Pero el estudio más autorizado hasta la fecha ha encontrado pocas pruebas de mejoras netas, especialmente para los ya marginados.

La nueva gobernanza multilateral -sin una aprobación previa significativa por parte de los organismos intergubernamentales pertinentes- refuerza sin duda la autoridad y autonomía ejecutivas. Pero tales iniciativas también han socavado la legitimidad y la confianza pública, con escasos beneficios netos.

Con demasiada frecuencia, los nuevos acuerdos multipartitos con partes privadas se han realizado sin la aprobación de los Estados miembros, incluso a posteriori debido a las  exigencias (de esos acuerdos).

No es de extrañar que muchos países del Sur en desarrollo se hayan distanciado y desconfíen de quienes actúan en nombre de las instituciones y procesos multilaterales.

De ahí que muchos países del Sur se hayan mostrado reacios a cooperar con los esfuerzos de la Secretaría General por resucitar, reinventar y reconvertir instituciones y procesos intergubernamentales indudablemente difuntos.

¿El camino a seguir?

Pero el informe de la Secretaría General también ha hecho algunas propuestas importantes que merecen una cuidadosa consideración. Tiene razón al reconocer la necesidad, largamente esperada, de reformar los acuerdos de gobernanza existentes para adaptar el sistema multilateral a las necesidades y requisitos actuales y futuros.

Esta oportunidad de reforma está ahora en peligro debido a la falta de apoyo, participación y legitimidad de los Estados miembros. Los procesos consultivos inclusivos en los que participen actores estatales y no estatales deben esforzarse por encontrar soluciones pragmáticas ampliamente aceptables. Ellas deben adoptarse y aplicarse a través de procesos intergubernamentales.

Sin duda, el multilateralismo y el sistema de la ONU han experimentado una creciente marginación tras finalizar  la primera Guerra Fría. Lenta pero inexorablemente, la ONU ha sido sustituida por la Otan (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), liderada por el Grupo de los Siete (G7) de las mayores economías ricas.

El segundo secretario general de la ONU, Dag Hammarskjold (1953-1961), que había trabajado para la OCDE, advirtió a la comunidad internacional, especialmente a los países en desarrollo, de los peligros que planteaba el club de las naciones ricas. Esto se hizo evidente cuando los ricos bloquearon e impidieron a la ONU liderar la cooperación fiscal internacional.

En busca de soluciones rápidas, es posible que asesores o consultores astutos persuadieran al secretario general para que adoptara asociaciones multipartitas dominadas por las empresas, en contra de las normas de la ONU. Las iniciativas más recientes del secretario general pueden sugerir su frustración por el fracaso de ese enfoque.

Tras el problemático y controvertido historial de tales procesos y acontecimientos en los últimos años, el secretario general aún puede estar a la altura de los retos contemporáneos y reforzar el multilateralismo cambiando de rumbo.

Al restaurar la eficacia y la legitimidad del multilateralismo, la ONU no solo será apta, sino también esencial para el futuro de la humanidad.

*Jomo Kwame Sundara es profesor de economía y antiguo secretario general adjunto de la ONU para el Desarrollo Económico.

Este artículo fue publicado inicialmente en IPS. Aquí puedes consultar la versión original.