La elección presidencial en Guatemala que se realizará el 20 de agosto puede significar un parteaguas para el país y quizá también para la región centroamericana en donde imperan los régimines autoritarios

Texto: Cindy Espina

Foto: Archivo

GUATEMALA. – En este país centroamericano la situación política parece estar a un solo movimiento brusco que sumerja al país en un punto de crisis de difícil retorno. Las elecciones generales del 25 de junio provocaron en los guatemaltecos una sensación de “nueva primavera” por la victoria sorpresiva para competir en la segunda vuelta electoral de Bernardo Arévalo, candidato a la presidencia de Movimiento Semilla, un partido político que nació de las protestas de 2015 en rechazo a la corrupción en Guatemala. Desde esa época la organización política se mantuvo alejada de los grupos de políticos tradicionales que han gobernado el país centroamericano. Es por estos resultados electorales y el origen de Movimiento Semilla que desde el 25 de junio Guatemala se ha convertido en un campo minado para ellos, sus votantes y la joven democracia que se alcanzó hace 37 años después de una guerra interna.

De los 22  candidatos que participaron en las elecciones de junio, Bernardo Arévalo obtuvo el segundo lugar con el 12 por ciento de los votos emitidos. Fue una sorpresa porque las encuestas lo posicionaban en el sexto lugar, con apenas el seis por ciento de intención de votos. El 20 de agosto, Bernardo Arévalo competirá contra Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de Esperanza, quien obtuvo el primer lugar en la primer ronda electoral y ha competido en las últimas dos elecciones por ese mismo cargo en Guatemala. Con ella las encuestas no se equivocaron y siempre la posicionaron el primer lugar.

Lo que ha enfrentado Movimiento Semilla en el último mes ha sido también una prueba para el sistema democrático electoral de Guatemala y de resistencia para los miembros del partido. Una de ellas es Andrea Reyes Zeceña, tiene 30 años y conoció al Movimiento hace ocho años en las calles, cuando no era un partido político y sus principales integrantes eran todavía académicos y estudiantes universitarios como ella que protestaban en las plazas de Guatemala junto a miles de personas para pedir la renuncia del ex presidente, Otto Pérez Molina (2012-2015). Ahora Andrea es diputada electa por Movimiento Semilla y parte del equipo legal del partido. En los últimos días se ha concentrado en ella la atención, como la figura que explica y defiende los múltiples ataques contra la democracia y contra el Movimiento Semilla que han hecho en conjunto el Gobierno del presidente, Alejandro Giammattei, el Ministerio Público, un grupo de partidos políticos y la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. En 2017 esa alianza fue denominada como “pacto de corruptos”. 

El camino minado 

Eran las 4 de la madrugada del 26 de junio cuando Andrea Reyes supo que sería diputada. Ella creía que no sería electa, si bien su partido era una fuerza importante en el área metropolitana de Guatemala, ella no creía que fuera tan grande.

Esa madrugada también supo que ella y todos sus compañeros de partido empezarían una carrera contrarreloj llena de obstáculos, porque con los resultados de las urnas, ahora sí representaban una amenaza real para el denominado “pacto de corruptos”. “Nosotros y menos ellos se imaginaron que íbamos a ganar”, dice Andrea mientras se le resbala una risa de felicidad y nervios.

El campo minado para Movimiento no es solo por su origen, sino también porque representan el fin al control del denominado “pacto de corruptos”, cuyo origen fue la alianza para iniciar una estrategia que culminó con la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente de la ONU que inició una lucha contra la corrupción en Guatemala. Esa unión o “pacto” como le denominaron en medios de comunicación guatemaltecos, fue el inicio de persecución política por medio de las instituciones de justicia de Guatemala a todo opositor a ese grupo y que obligó al exilio a fiscales, jueces, periodistas y magistrados. Este pacto alcanzó las elecciones porque los candidatos a la presidencia que les representara una amenaza por buenos resultados en las elecciones de 2019 y encuestas fueron eliminados de la contienda.

Según Andrea Reyes, a Movimiento Semilla sí lo tenían incluido entre las amenazas, pero no eran una prioridad por el bajo porcentaje de intención de votos que tenía Bernardo Arévalo en las encuestas. Pero ahora todo cambió y los nervios que se deslizan en su risa no son de miedo, sino de la competencia que tienen contra el reloj por todo lo que han pasado y han tenido que pasar desde que ganaron.

El primer obstáculo surgió el uno de julio, una unión de nueve partidos políticos pidieron ante la Corte de Constitucionalidad la revisión de los resultados. Pedían contar de nuevo los votos, pero esa Corte solo les autorizó revisar las impugnaciones. Las revisiones se desarrollaron de muchas amenazas a irrespetar lo dictado por la Corte, pero la vigilancia ciudadana y de la comunidad internacional hicieron presión para que ese proceso culminara sin mayores consecuencias y Bernardo Arévalo, junto a Sandra Torres fueron declarados los candidatos a segunda vuelta. El objetivo de hacer más grande un proceso normal en unas elecciones fue para instalar una narrativa de supuesto fraude electoral en Guatemala. Pero el proceso mostró todo lo contrario.

Sin embargo la situación escaló a una persecución judicial selectiva en contra del Movimiento Semilla. Según Andrea, en mayo de este año el Ministerio Público evitó desestimar una denuncia que el mismo Movimiento Semilla hizo en contra de dos personas que fueron contratadas para recolectar firmas de adhesión, lo cual es un requisito en Guatemala para crear un partido político. La denuncia fue porque personas falsificaron firmas y las presentaron. Esa acusación fue trasladada a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, la cual ha sido utilizado en los últimos dos años para fabricar casos en contra de periodistas, fiscales, jueces y defensores de derechos humanos opositores al pacto de corruptos. “Cuando supimos eso (en mayo), nosotros sí vimos una amenaza real, lo que nunca pensamos es que iba a escalar tanto”, asegura Andrea.

El ocho de julio el Ministerio Público anuncia que un juez ordenó la cancelación del Movimiento Semilla por el caso de falsificación de firmas. Pero el Ministerio Público cambió el sentido a la denuncia y acusa al partido político de la falsificación firmas. Hasta ahora, según Andrea, ella y el resto del equipo legal no han tenido acceso a esa denuncia. Este hecho fue considerado como un atentado contra la democracia en Guatemala y generó protestas frente al Ministerio Público, las plazas  centrales de varios municipios y en embajadas de Guatemala en el exterior. La consigna: ‘Que decida el pueblo en las urnas, no el Ministerio Público”.

Pero las manifestaciones y respaldo de la comunidad internacional a que se respete el proceso electoral en Guatemala detuvo al  MP. El ente encargado de la investigación criminal en Guatemala allanó las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, secuestró toda la información de la creación del Movimiento Semilla. De igual forma lo hizo en la sede del partido. Ha pedido ordenes de captura en contra de integrantes del partido político y de funcionarios del Tribunal Supremo que tienen beneficio de inmunidad. Todo lo que ha hecho en el Ministerio Público no coincide con la legislación de Guatemala, que prohíbe la cancelación de un partido político durante el proceso electoral. Esto lo ha dejado claro la Corte de Constitucionalidad, pero para Andrea Reyes asegura que las explicaciones sobre lo que sucede en Guatemala y con su partido partido político ya no se encuentran en las leyes, sino que es más un asunto político.

Las manifestaciones, la insistencia del Ministerio Público para cancelar al partido Movimiento Semilla llegó hasta la Organización de Estados Americanos (OEA). Una reunión del Consejo Permanente los representantes de los países miembros señalaron una amenaza constante de no respetar la “voluntad electoral por la extrema judicialización” de las elecciones en Guatemala. La convulsión política y la amenaza a la democracia fue la justificación que utilizó Luis Almagro, Secretario General de la OEA, para realizar una visita a Guatemala durante los primeros tres días de agosto. “Por eso, porque vino Almagro han estado tranquilos”, dice Andrea para indicar que después de un mes donde parecía que algo iba a explotar, sentía un ambiente “tranquilo”.

Pero para ella la carrera contra el reloj no se detiene. Su primera meta es que se realicen las elecciones del 20 de agosto sin ningún inconveniente, pero ganen o pierdan su preocupación no termina ahí.  A su ruta contra el tiempo le añade el 10 de octubre, fecha en que el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala da por finalizado el proceso electoral y el Ministerio Público junto a sus aliados tienen vía libre para cancelar el partido Movimiento Semilla con el caso que les han fabricado. Si eso sucede, la bancada de diputados que integrará Andrea para el periodos (2024-2028) no podrá tener acceso a dirigir salas de trabajo en el Congreso y el partido tampoco podrá cobrar la deuda electoral que podría llegar a 10 millones de quetzales, unos 5 millones de pesos mexicanos.

El parteaguas

Gabriel Wer, fundador del colectivo Justicia Ya y del Instituto 25A, organizaciones que nacieron de las manifestaciones de 2015. Wer ahora reside en la Ciudad de México y  es fundador del Hub Centroamérica. Él, al igual que Andrea Reyes iniciaron su activismo político por un hartazgo a la corrupción que en ese tiempo era ejercida por Otto Pérez Molina. Para Gabriel Wer estas elecciones puede significar un parteaguas en Guatemala, porque en caso gane la presidencia Bernardo Arévalo se iniciaría un proceso que terminaría “con un régimen autoritario” y una “corrupción descarada” de parte del Gobierno de Alejandro Giammattei y sus aliados, como Consuelo Porras, fical general del Ministerio Pública y nombrada como “un actor antidemocrático” por el Gobierno de Estados Unidos.

Los señalamiento que hace Estados Unidos en contra de Consuelo Porras es debido a que desde esa institución se inició una persecución judicial selectiva que ha obligado a fiscales, jueces, magistrados, periodistas y defensores de derechos humanos a exiliarse principalmente en Estados Unidos y México, mientras otros que no han logrado escapar de ese régimen se encuentran en prisión, como el periodista y fundador de el Periódico, José Rubén Zamora, quien tiene un año encarcelado por un caso de supuesta extorsión y lavado de dinero, pero que Ministerio Público no pudo probar en juicio y para mantenerlo en prisión decidió presentar otra acusación en contra del periodista.

“Estas elecciones abren una grieta de esperanza en Guatemala y en Centroamérica, porque puede acabar, por lo menos en Guatemala, con un sistema autoritario”, expresa Gabriel Wer, quien ha vivido también las consecuencias de la persecución selectiva del Ministerio Público de Guatemala. Para el activista político todo lo que acontece a nivel político en Guatemala actualmente ha sido sorpresa para la comunidad internacional y cree que en ese sentido México, por compartir frontera sur, podría ser de gran apoyo y observar un poco más hacia Guatemala y Centroamérica actualmente, ya que en el pasado México ha sido aliado de los movimiento democráticos de los centroamericanos.