Sin la verdad y justicia es muy difícil que sane la herida de una patria ultrajada por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa

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De acuerdo con el sexto y último informe del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (GIEI), desde el inicio de la investigación se solicitó acceso completo a las videograbaciones de las cerca de 25 cámaras existentes en Iguala por parte del sistema integrado del C-4.

Durante la noche de Iguala, el C-4 fue operada por elementos del Ejército mexicano. Un militar era quien recibía las llamadas y otro giraba las cámaras a otra dirección para que no grabara el movimiento de policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco de Trujano, ni de la policía estatal, ministerial y federal, así como de los rondines que realizaba el convoy militar en las calles de Iguala.

“Se nos informó que solo 4 de ellas estaban en funcionamiento. A pesar de la insistencia, no apareció una videograbación y sólo se entregaron fragmentos de la cámara de salida a Taxco, sin entender por qué razón estaba la grabación cortada o fraccionada, a pesar de haber hecho incidencia en ello en varias ocasiones” se lee en el documento.

El GIEI solicitó en reiteradas ocasiones que los videos fueran entregados para sus análisis. “Insistimos en la necesidad de contar con todas las grabaciones, pero no hubo la posibilidad de obtenerlas”.

Las grabaciones de la cámara colocada en la salida a Taxco fueron editadas. “J.L.V.N. quien era coordinador de la Policía Ministerial, señaló en su declaración que por orden de L. V. le entregó un video de la salida a Taxco a Iñaky Blanco, del cual se desconoce su destino”.

En la entrevista por el GIEI y en su declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR) el ex procurador Jesús Murillo Karam negó tener conocimiento del video. “¿Dónde está ese video completo de estos hechos? ¿En qué momento se fracciona el otro video y por qué sólo estas horas? ¿Quién dispone esa circunstancia?” preguntó la experta independiente, Angela Buitrago durante la presentación del último informe en el Centro Cultural Tlatelolco.

Los videos de C-4 son necesarios para conocer que paso durante las horas críticas, justo cuando los normalistas eran detenidos y desaparecidos. De acuerdo con los integrantes del GIEI esta circunstancia tienen que ser investigada a profundidad, debido a que existe un evidente ocultamiento y la intencionalidad de borrar evidencias.

Tampoco han sido entregadas las videograbaciones de la cámara de la Central de Abastos que se encuentra en la carretera Iguala-Taxco, colonia Insurgentes, frente a la Central de Abastos, código postal 40030. Es una cámara que se encontraba en operación.

Una de las evidencias que fue eliminada es el video del Palacio de Justicia. Este material fue destruido por orden de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marin. La magistrada reconoció ante el GIEI que vio las grabaciones y se veían patrullas de policía y jóvenes. Después negó los hechos ante el ministerio público federal.

En 2022, la FGR obtuvo orden una orden de captura de la magistrada, sin embargo esta orden fue retirada por la propia fiscalía, pero su responsabilidad en los hechos es evidente para el GIEI, que espera que se reactive la orden de aprehensión.

La manipulación de las cámaras de C-4 permitió que se desconociera la detención de Julio César Mondragón. El informe de GIEI señala que Julio César estuvo desde que salió de Ayotzinapa, en la entrada de la ciudad hasta la estación de buses de Iguala, donde se tomaron tres camiones.

Él es uno de los jóvenes que salió de Ayotzinapa en los tres autobuses que recorrieron la calle Juan N Álvarez y fueron detenidos cuando iban hacia el Periférico norte, en un intento de salir de la ciudad para regresar a la Escuela Norma Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Mondragón estuvo en el primer ataque de las 21: 30 hasta las 22:30. Los estudiantes sobrevivientes se reagruparon para esperar que llegaran sus compañeros que venían de Ayotzinapa, junto con algunos maestros y periodistas. “Julio César se encontraba en la rueda de prensa a las 00:30 ya del día 27” señaló el GIEI en el I y II informes de Ayotzinapa.

Agrega: “En su huida del lugar para protegerse, Julio César Mondragón salió corriendo solo y fue interceptado por sus captores quienes lo golpearon y torturaron brutalmente, siendo posteriormente asesinado y su rostro desollado, además de sufrir posteriormente heridas por fauna de la zona”.

En el sexto informe se lee: “Oficialmente fue encontrado a las 8:30 del día 27, al parecer en una llamada que señalaba la zona industrial en las inmediaciones de PEMEX, no lejos del lugar del ataque, por parte de personal del 41 batallón de Iguala (FCA No 0932, Firmado por el Cor. Inf. R. H.N.-CMTE). Sobre estas circunstancias, motivaciones y autores han existido diferentes versiones utilizando en gran medida el hecho de cómo apareció su cuerpo y la tortura de que fue objeto, así como el terror ejemplificante que mostraban sus heridas”.

En la versión de la llamada Verdad Histórica (es decir, la versión que sostuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto), él habría sido identificado como parte del grupo criminal Los Rojos y por eso sufrió esas atrocidades. Pero no existe ningún antecedente ni testimonio creíble sobre dichas acusaciones. “El testigo protegido J. señaló que fue el hecho de encontrarse solo lo que llevó al trágico desenlace”.

Sin embargo, hay contradicciones sobre las circunstancias y el lugar donde se encontró el cuerpo. “En el reporte oficial realizado por el responsable de DDHH de SEDENA, en el pie de la foto donde se ve la terrible situación en que se encontró el cuerpo de Julio César Mondragón, aparece la siguiente leyenda: ASPECTO GENERAL DEL CUERPO SIN VIDA DEL SEXO MASCULINO LOCALIZADO A INMEDIACIONES DEL POBLADO DE MEXCALTEPEC MUNICIPIO DE TAXCO DE ALARCÓN GRO”.

El mensaje que acompaña a las fotografías del cuerpo de Julio César, señala otro lugar cercano a Taxco, donde habría sido encontrado el cuerpo. Para el GIEI este hecho debe ser investigado por la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), porque contradice las versiones: “De por sí contradictorias sobre quienes intervinieron y las circunstancias del hallazgo del cuerpo de Julio César Mondragón”.

Así las cosas, la verdad sobre los hechos de Iguala llega a cuentagotas porque la Sedena administra la información para obstaculizar la investigación que realizó el GIEI. Los expertos se van de México, lo que deja un vació para los familiares y acompañantes en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos por el Ejército mexicano.