El Tribunal Electoral ha ordenado al INE emitir lineamientos, antes de cinco días, para regular las campañas presidenciales adelantadas. Se trata del último intento por poner regular la ilegalidad

Tw; @chamanesco

Esta semana, las autoridades electorales intentarán poner orden en los procesos de selección de las candidaturas presidenciales, tanto del frente opositor, como el bloque oficialista.

Aunque la ley dice que las precampañas presidenciales deben empezar hasta noviembre, la realidad se ha impuesto sobre nuestro barroco marco normativo electoral: hay dos procesos en marcha, seis partidos políticos involucrados y 18 personas que han emprendido sus campañas de forma anticipada.

Desde hace más de un mes, las y los aspirantes recorren el país amparados por dos eufemismos que intentan, sin lograrlo, ocultar la simulación; la búsqueda de la coordinación de la defensa de la transformación y de la dirección del frente amplio por México.

En el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fracasaron quienes intentaron frenar de tajo la simulación. La consejera Claudia Zavala y la magistrada Janine Otalora no pudieron convencer a sus pares para que respaldaran resoluciones en las que sugerían simple y llanamente aplicar la ley.

Por eso se han sobrepuesto acuerdo tras acuerdo y sentencia tras sentencia, en un afán por regular lo ilegal.

La última decisión jurisdiccional, adoptada el miércoles, pretende poner orden de manera definitiva: el Tribunal le ha ordenado al INE emitir lineamientos para regular los dos procesos e impedir que se desborde la ilegalidad sobre la ilegalidad.

Llama la atención que esta resolución se haya adoptado a la par de un acuerdo emitido por el INE para establecer los mecanismos de fiscalización de las precampañas adelantadas. Ahora, con base legal, los aspirantes y paridos deberán facilitar el trabajo de los fedatarios del INE que acuden a sus eventos a contabilizar sillas, utilitarios, gastos en templete, sonido, transporte de asistentes, agua y alimentos.

Además, deberán informar el gasto en publicidad colocada en autobuses y parabuses, kioscos, bardas y anuncios espectaculares, e incluso el gasto en promoción en páginas de internet y redes sociales.

Gastos visibles, pero que hasta el momento han sido totalmente opacos.

Sin embargo, sobre el acuerdo aprobado el jueves en Consejo General del INE, con el voto en contra de su presidenta, Guadalupe Taddei, ahora deberán emitirse los lineamientos ordenados por el Tribunal, antes de cinco días y bajo los siguientes parámetros:

• Todos los actos que pudieran implicar un llamado expreso o inequívoco a votar a favor o en contra de una persona para una precandidatura o candidatura a un cargo de elección popular siguen estando prohibidos y deberán investigarse, incluso de oficio, y sancionarse en los términos de la ley.
• No se podrá utilizar el pautado asignado a los partidos para la difusión de los procesos, ni para el posicionamiento de las personas que participan en ellos, ni se podrá contratar o adquirir tiempos de radio y televisión para estos fines.
• No está permitido el uso de recursos públicos para las actividades y procesos de posicionamiento político. Las personas servidoras públicas deberán abstenerse de participar en ellos en cualquier medida que pudiera implicar una vulneración a la equidad de la contienda.
• El INE deberá certificar la propaganda en espectaculares, vehículos del transporte público (como pueden ser las llamadas pegatinas, entre otras) y en la pinta de bardas en que aparezcan las personas participantes de los procesos partidistas en curso y, en su caso, garantizar el retiro inmediato de la propaganda que sea contraria a la naturaleza de estos procesos partidistas.
• Los procesos podrán ser financiados con recursos del gasto ordinario que reciben los partidos políticos participantes, así como de financiamiento privado, en los términos y con los límites que determine el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
• Sobre la fiscalización de los gastos en estos procesos, el INE deberá definir el periodo a fiscalizar en cada caso, distinguir entre gastos de actividades ordinarias de los partidos y los que puedan contabilizarse como de una posible precandidatura, y los partidos políticos deberán presentar, por cada una de las personas participantes, un informe de ingresos y gastos.
• El Consejo General deberá presentar un dictamen consolidado y una resolución de los resultados obtenidos con la revisión de los informes de ingresos y gastos que presenten los partidos políticos y los participantes, a más tardar, el mismo día en que se resuelvan los informes de precampaña. El Instituto Nacional Electoral deberá determinar las consecuencias que deriven de esta fiscalización.

Es decir, la regulación de las precampañas adelantadas ya no dependerá de la “buena voluntad” de los dirigentes de los partidos y los aspirantes, ni será optativa la transparencia y rendición de cuentas.

Ya no debería haber informes en servilletas.

Ya no deberían seguir cobrando sus dietas los legisladores que no han solicitado licencia y ya están apuntados en el proceso del frente opositor: Xóchitl Gálvez, Santiago Creel, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Mancera e Ignacio Loyola.

Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, ya no debería actuar como vocero de Morena o de una de las “corcholatas” de Morena.

Y el presidente Andrés Manuel López Obrador tampoco debería usar los recursos públicos empleados para organizar y transmitir las conferencias mañaneras, para hablar a favor de su proceso y en contra de la oposición.

Y las gobernadoras y gobernadores, alcaldes y legisladores no deberían usar sus tiempos y los recursos públicos en estas precampañas.

Eso es lo que debería ocurrir; ya veremos que dice la realidad.