El 22 de abril de 2010, un incendio en la plataforma Deepwater Horizon, propiedad de British Petroleum (BP), provocó un derrame de más de 5 millones de barriles de petróleo sobre el Golfo de México. El gobierno mexicano nunca ofreció cifras oficiales de las afectaciones en sus aguas y costas; a pesar de haberlas calculado

Texto: Ivan Ortiz* / Climate Tracker

Fotos: Especial vía Climate Tracker

Miguel Zaleta, de 67 años y pescador desde los 12, recuerda que a mediados de 2010 el derrame Deepwater Horizon todavía aparecía en televisión cuando encontró tortugas marinas cubiertas de asfalto y aceite arribando a las playas Barras de Galindo y Cazones, al norte del estado de Veracruz.

Sus compañeros y él solían capturar hasta una tonelada de mojarra, róbalo o lebrancha. “Hoy lo que más se puede capturar son 30 kilos”, explica. “Antes yo salía y sacaba mil 500 pesos. Ahora gano 150 o nada más 50 pesos al día”, lo expresa así Pablo Zamora, del mismo estado.

Miguel, Pablo, y otros cinco pescadores de Veracruz llevan 13 años luchando por una compensación del daño. Su grupo, llamado “Tigres del Golfo de México”, actualmente agrupa a 25 mil pescadores afectados de los estados de Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

Mientras los Tigres tocaban las puertas del gobierno mexicano para pedir su apoyo, sin respuesta, éste ya contaba con una cifra preliminar de lo que les esperaría entre 2010 y 2020: 5 mil 337 millones de pesos de pérdidas económicas para la actividad pesquera.

Así lo explica el estudio gubernamental de 2011 “Valoración económica de los daños ambientales provocados por el derrame de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México”, obtenido por Climate Tracker a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

“A valor presente por 10 años, los daños por el derrame costarían a México 35,803 millones de pesos (2,899 millones de dólares)”, concluye el documento, contemplando los daños ambientales, los impactos a la pesca y el turismo, así como los gastos del gobierno federal realizados en 2010 y a futuro.

El Instituto Nacional de Ecología (INE, hoy Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático o INECC) y autor del estudio, llegó a estas cifras con base en resultados de otros estudios previos, adaptados al contexto del derrame. Y advirtió que, debido a las incertidumbres, “es posible que los cálculos puedan cambiar drásticamente con una mayor evidencia del desastre”.

Por ello, el INE proponía profundizar en los futuros escenarios, la afectación por el derrame y precisar el valor económico del Golfo. “Sin una mayor certidumbre de estas tres variables es imposible obtener una valoración que sirva como base para un proceso legal”, afirmaba el INE.

Pese a ello, la investigación sirvió como “el instrumento fundamental del reclamo mexicano” contra la British Petroleum, responsable del desastre, según el informe de rendición de cuentas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del año 2012.

El estudio nunca se hizo público ni se mencionó de su existencia, salvo en una discreta nota al margen del Quinto Informe de Gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), en el cual se aseguraba que los resultados se darían a conocer a finales de 2011.

La promesa del expresidente pudo quedarse en el olvido; pero no pasó desapercibida por la bióloga Pamela Olguín, que entonces acompañaba a los Tigres del Golfo como consultora ambiental. “Con ese documento podríamos haber sabido el impacto para nuestros pescadores”, recuerda en entrevista.

En abril de 2012 solicitó una copia del estudio usando los mecanismos de transparencia del país.Pero la dependencia respondió que fue clasificado como información reservada y no sería público hasta el año 2024. La razón era que se trataba de una análisis que aún no terminaba y entregar una copia podría menoscabar las negociaciones con BP.

Sin embargo, el estudio no se clasificó sino meses después y sólo hasta 2018. Olguín impugnó la decisión y la reserva se redujó de seis años a seis meses. Pero el Instituto la amplió hasta 2015, ya que el gobierno demandó a la petrolera y, supuestamente, usarían la investigación.

«Si se difunde indiscriminadamente sin una explicación lógica y racional sustentada en una base técnica científica, puede inducir la confusión, descontrol o alarma entre los sectores productivos que alude el estudio», se lee en uno de varios oficios de alegatos de la institución científica.

Irónicamente, en su estudio, la misma dependencia considera necesario que, durante cinco años, se destinen 1 millón de pesos anuales para investigar las posibles afectaciones sobre los pescadores mexicanos. La propuesta sólo quedó en papel.

Entre 2012 y 2019, Olguín y otras personas realizaron una decena de solicitudes para tener una copia del estudio. En algunas de ellas la dependencia respondía con oficios que aparentaban que en 2015 la clasificación se amplió hasta 2018, mas eso nunca se concretó. En otras no hubo respuesta, entregaron un primer borrador o un estudio distinto haciéndolos pasar como el solicitado.

Climate Tracker consultó a Edy Hernandez Rivera, actual encargado de la Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático (CGACC) del hoy INECC, sobre estas irregularidades. Al respecto, el funcionario respondió el 17 de mayo, vía correo electrónico, que siguen investigando.

Los 36 mil millones de pesos de pérdidas pronosticados para 2020 se miran con amargura en 2023, considerando los 25 millones de dólares (472.1 millones de pesos) que BP entregó al gobierno mexicano, gracias a que la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) retirara voluntariamente la demanda y firmó en 2018 un acuerdo extrajudicial con la petrolera, revelado por PODER y BuzzFeed.

Es decir, México recibió apenas 1% de los daños económicos que se estimaron al año del mayor derrame petrolero en la historia mexicana, con una descarga de más de 5 millones de barriles de petróleo.

Según el acuerdo, 15.3 millones de dólares serían para subsanar gastos del gobierno y 10.2 para que el INECC creara programas “para la protección socio-ambiental del Golfo de México”. Pero 5.3 millones se gastaron en traslados de personal de la SRE durante 2018. Nada terminó en manos de los pescadores afectados.

“El gobierno corrupto anterior nunca nos entregó ni un cinco de ayuda para solventar nuestros gastos”, expresa con indignación Miguel Zaleta.

Los costos de 13 años de lucha

“Nunca se imaginaron que aguantaríamos 13 años, creían que nos desintegraríamos. Mucha gente se fastidió de firmar papeles porque ya no confían en conseguir algo. Otros abandonaron la pesca”, cuenta Horacio Polanco, abogado de los Tigres del Golfo de México.

Un ejemplo es la comunidad de Saladero, al norte de Veracruz; donde Artemio Aran habla de “un cementerio de lanchas” dejado por sus amigos. “No tenían necesidad de emigrar a las ciudades, porque aquí había trabajo. Sus familias se quedaron sin la educación que merecen”, explica.

En el caso de Nelly Díaz, madre soltera de Tuxpan, Veracruz, solventar la universidad de su hija se volvió insostenible. “Las mujeres nos dedicamos a despicar, filetear, desconchar y despulpar. Al no haber producción, no tenemos que laborar. Así como los varones se van, las mujeres también migramos a limpiar casas, a lavar ajeno”, detalla.

Quienes se quedan son los más viejos, ya que les es más difícil conseguir un trabajo afuera, apunta Pablo Zamora; adulto mayor que pesca róbalo, trucha, pargo y ostión ya no porque “ya está muerto” en la Laguna de Tamiahua.

Los pescadores calculan que su gasto promedio mensual en gasolina, hielo y carnada ronda los mil 500 pesos mensuales. Angel Díaz cuenta que a inicios de mayo de este año sacó del mar sólo 800 gramos de camarón en un día.

Pero para los Tigres el mayor costo que han sufrido en estos años es la pérdida de sus compañeros Evelio Jiménez Pérez, líder de  Pescadores Libres de Tonalá, Veracruz, y Arcadio Ruiz Cruz, sin poder atestiguar reparación alguna por el desastre.

Cifras oficiales ocultas

Mientras argumentaba que no debía publicarse el estudio preliminar de 2011, en 2012 el gobierno mexicano ya había empezado una segunda investigación para precisar los costos del desastre.

Entre 2012 y 2013, el Instituto Nacional de Ecología financió por dos millones de pesos el proyecto “Valoración económica de los bienes y servicios ambientales provistos por el Golfo de México”. Contrató a un tercero y planteó una metodología distinta.

En vez de estimar futuros impactos, con base en estudios previos; ahora se determinaron los daños ambientales en 2012. A partir de encuestas, se calculó la cantidad máxima que la población mexicana pagaría para la protección ambiental del Golfo de México, en el contexto del desastre. Ese monto se interpretó como la disposición a ser compensado por BP.

Climate Tracker habló con el autor, Óscar Pérez. El investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas afirma que no conocía el estudio que antecedió al suyo. Nadie en el gobierno le habló nunca de él y desconoce por qué. «Hasta ahora que me lo compartes es que conozco esas estimaciones. Yo navegué sin conocer ese documento», afirma desconcertado al ver una copia.

Usando cuatro estimaciones, Pérez concluyó que la huella ambiental del caso Deepwater Horizon en México, para diciembre de 2012, medía entre los 4 mil 026 y los 12 mil 688 millones de pesos mexicanos (311 – 979 mil dólares). Es decir, el dinero entregado por la petrolera en 2018 equivale entre el 3.0 y 9.5% de las pérdidas contabilizadas en 2012, ajustadas por inflación.

El segundo estudio también se clasificó como información reservada por cinco años, junto a otras 21 investigaciones; bajo el argumento de que se usarían para la demanda contra BP. Pero eso tampoco pasó, reconoció la SRE en una solicitud de transparencia realizada por la periodista Claudia Ocaranza.

En 2018 Ocaranza logró que el INECC publicara en un micrositio todas las 22 investigaciones financiadas entre 2012 y 2014 sobre el caso Deepwater Horizon, aunque fue de forma irregular: “algunas ligas no servían, había faltas de ortografía, no estaban todos los estudios, algunos tenían el estatus de ‘en desarrollo’, y otros estaban repetidos”, resaltó en su reportaje.

El estudio de Pérez no se publicó “derivado de problemas técnicos y de actualización”. La periodista interpuso una queja señalando esta omisión y el 16 de agosto de 2018 el Instituto finalmente liberó el documento. Sin embargo, estaba incompleto. Faltaba lo más importante: los resultados.

“Está toda la introducción sobre los bienes y servicios ecosistémicos y la metodología. Pero las cifras no están. Le quitaron la valoración económica, la esencia del proyecto” acusa Óscar Pérez.

El científico explica que todos estos años, aunque lo intentó a cuentagotas, no pudo publicar sus resultados por fuera, debido a una cláusula de confidencialidad en el convenio firmado.

“Cuando lo firmé me dijeron ‘Usted no puede publicar ni decir nada del proyecto’. Cuando presenté el documento final, a nadie se le permitió tomar fotos ni videos. Hasta 2018 recibí un oficio de Margarita Caso que dice ‘El proyecto ya está liberado; ahora sí, es libre de hacer publicaciones”, cuenta.

Climate Tracker cuestionó a Edy Hernández, sobre esta omisión y por qué el INECC no ha publicado el estudio completo. «Todavía estamos rastreando los comprobantes de pago. Pero ya no hubo otro pago para el documento sobre impactos, porque no se concluyó el estudio. No se entregó este tercer documento”, afirmó primero en una entrevista realizada el 2 de mayo de 2023.

Al mostrarle el documento faltante —compartido a Climate Tracker por Pérez—  y la presentación del informe final, el funcionario se limitó a decir que confirmarían las entregas y pagos del proyecto.

Finalmente, el 15 de mayo, Hernández Rivera respondió: “Esta Coordinación no cuenta con información documental adicional al documento publicado: Proyecto de Valoración económica de los bienes y servicios ambientales provistos por el Golfo de México”

Al preguntar por qué los resultados y comprobantes de pago no aparecen en los archivos del INECC y quienes fueron los responsables de su resguardo, Hernández Rivera se comprometió responder a más tardar el 8 de junio y acusar: “El hueco de información tiene que ver con el paso de INE a INECC y el cambio de cargos y funciones”. Al cierre de edición, no se cumplió esta promesa.

Climate Tracker buscó y contactó a los exfuncionarios del INE Margarita Caso Chávez, entonces responsable de ésta y todas las investigaciones sobre el caso Deepwater Horizon, Carlos Muñoz Piña y Edward Peters Recagno, responsables de la elaboración del primer estudio, y a Ivan Islas Cortés y Jorge Gutiérrez García, respectivos revisor y responsable técnico del segundo; sobre todas las irregularidades encontradas.

Al cierre de esta edición, no hubo respuesta de ninguno, exceptuando Muñoz, cuya entrevista no se concretó. Muñoz comentó vía correo electrónico que el estudio de 2011 se basaba en “la (muy baja) probabilidad de que las corrientes giraran temporalmente hacia México. Creo recordar que esto no ocurrió, y que el daño ecológico de los escenarios no se volvió realidad”.

Por su parte, Óscar Pérez está escribiendo un libro sobre su experiencia con el derrame, donde publicará en su totalidad el estudio que, todavía a la fecha, se ha mantenido oculto.

Un mar todavía contaminado y una petrolera limpia de pérdidas

El 2 de abril de 2020, los Tigres del Golfo de México denunciaron penalmente a los funcionarios que firmaron el acuerdo extrajudicial de 2018.

“Estamos esperando que la Fiscalía General de la República les reconozca el carácter de víctimas. Entonces tendrían acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias y podríamos llegar a un acuerdo con BP”, explica Polanco.

A un año de terminar su administración, tanto el abogado como los pescadores depositan sus esperanzas en que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) les ayude a conseguir una reparación del daño.

“Tenemos una deuda con el país. Debe hacerse una valoración científica de la investigación que se hizo, empezando por el INECC”, concluyó Edy Hernández y afirmó que el Instituto actualmente está elaborando un tercer estudio de pérdidas y daños por el derrame.

Según el funcionario, la CGACC comenzó esta investigación en 2022, enfocada en los impactos en el Producto Interno Bruto y la migración en los estados costeros; así como los daños a la tortuga lora.

Entretanto, dentro del Golfo de México y las costas estadounidenses se siguen encontrando rastros residuales del petróleo derramado en 2010, revela un estudio publicado en 2022 en la revista Frontiers in Marine Science.

Por otro lado, un artículo científico publicado el 15 de junio de 2022 en la revista PLOS ONE, concluye que, debido al derrame, si bien la British Petroleum resintió un impacto en su reputación financiera que duró hasta 2017, no sufrió un daño económico apreciable a partir del año tras el derrame.

El pasado 7 de marzo, la petrolera anunció que sus ganancias durante 2022 fueron de 28 mil millones de dólares, más del doble que las ganancias de 2021 y las más altas en sus 114 años de historia.

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Nota agregada: El viernes 7 de julio el INECC encontró y entregó -vía transparencia- la parte omitida del segundo estudio sobre el caso Deepwater Horizon, así como las facturas de pago que prueban que sí se concluyó y entregó completo. Climate Tracker consultó a Edy Hernández por qué se ocultó por años este documento; pero no hubo respuesta. 

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*Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina