El gobierno de Guerrero quiere mantener la tranquilidad a base de mentiras y buscando responsables, pero la violencia que se vive en Chilpancingo es parte de la ineficacia del Estado

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El 25 de mayo de este año, una manifestación en Chilpancingo que encabezaron padres de familia acompañados de sus hijos para pedir que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) les enviara maestros, fue desalojada por la policía estatal de Guerrero.

Desde enero de 2020, la supervisión de la zona escolar 105, con sede en Rancho Viejo, municipio de Tlacoachistlahuaca, ha realizado diversas acciones para exigir la cobertura de maestros en las escuelas, pero esto no ha ocurrido, pues la Secretaría de Educación de Guerrero dice que no cuenta con clave presupuestal.

Los pobladores de varias comunidades Ñuu Savi de los municipios de Cochoapa el Grande y Tlacoachistlahuaca piden que la SEG envíe a maestros para sus hijos. Esto no ha ocurrido. Como parte de la inconformidad social, los padres de familia tomaron diversas acciones de protesta para que el gobierno de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado Pineda, resuelva la problemática.

En cada movilización que realizan los maestros que trabajan en esta zona, y que laboran por contrato, los manifestantes han pedido una y otra vez una audiencia con el gobierno de Guerrero, pero la gobernadora, Evelyn Salgado, nomás no ve ni oye, y cuando sube la molestia se recurre el uso excesivo de la fuerza pública.

Desde que la gobernadora Evelyn Salgado tomó posesión, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Guardia Nacional instalaron un filtro en Petaquillas, al Sur de la capital guerrerenses. Su finalidad es contener cualquier intento de protesta en la Autopista del Sol.

No es de ahora que las manifestaciones son replegadas en el lugar conocido como el Parador del Marqués. Justo ahí fueron asesinados los normalistas de Ayotzinapa, Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesus por la policía estatal, federal y ministerial el 12 de diciembre de 2011.

De mayo a julio de este año, en ese tramo por los menos cuatro manifestaciones fueron replegada por la policía estatal y la Guardia Nacional.

El plan de contención parecía ir bien, hasta que las autoridades se encontraron con la horma de su zapato (sin hacer apología a la violencia), cuando el 10 de julio miles de campesinos provenientes de los municipios de Joaquín Herrera, Chilapa, Acatepec y Quechultenango marcharon en las calles de Chilpancingo.

La mala coordinación de la fuerza pública, y la falta de una mesa de trabajo, fueron las causas que llevaron a un zafarrancho en el sur de la capital guerrerense. Además, la pésima comunicación de la dirección de Comunicación Social enturbió todo, cuando difundió que las protestas se desataron por la detención de Jesús Echeverría Peñafiel y Bernardo ‘N’, de la ruta Circuito Azul que va de Chilpancingo a los municipios de Quechultenango y Mochitlán.

Muy tarde los campesinos leyeron su pliego petitorio ante los medios de comunicación. En ni uno de los diez puntos del pliego petitorio de los campesinos se planteó la liberación de estos sujetos, lo que pedían eran carreteras, maestros y médicos para sus comunidades.

Ese día, en un comunicado el gobierno de Guerrero señaló que las demandas de los manifestantes no están claras, que era una hostilidad, a pesar de que los campesinos demandaban mejoras en seguridad, educación y salud en la Montaña de Guerrero y una reunión con la gobernadora.

Aún no se restablecía la normalidad en Chilpancingo, cuando el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez presumió que en “el gobierno de Evelyn Salgado Pineda se privilegia en todo momento el diálogo para cualquier tipo de manifestaciones, el diálogo y sin represión, buscando los mejores acuerdos,» por lo que reiteró su llamado al grupo de manifestantes provenientes de comunidades de municipios de la Montaña baja y zona Centro del estado «a establecer una mesa de trabajo”.

Ante la prensa, el funcionario de Guerrero dijo que el grupo de personas llegaron a la carretera ubicada a la altura del poblado de Petaquillas de manera agresiva y sin previa solicitud de sus demandas, “por lo que los elementos actuaron conforme a los protocolos de actuación, a fin de evitar alguna confrontación y bloqueo de mayores consecuencias”.

Pero no es que los manifestantes no hayan dejado o adelantado su pliego petitorio, así como lo señala Reynoso Núñez, sino que la puerta de palacio de gobierno de Guerrero se trasladó hasta Petaquillas, pero con el resguardo de policía estatales y Guardia Nacional con equipo de antimotín.

La versión del titular de la Secretaría General de gobierno de Guerrero fue desmentida horas después, en la voz del dirigente de comisarios de Guerrero, Guillermo Matías Marrón: “Ibamos a una manifestación pacifica porque no nos han resuelto nuestra demanda de carretera, así como la falta de hospitales en nuestras comunidades” explicó.

Sobre la reunión que sostuvo con el secretario de Gobierno, Matías Marrón precisó: “Estuvimos esperando y no nos recibieron, así que preferimos salir del palacio de gobierno. Nosotros no venimos a rescatar a nadie, solo venimos a gestionar, pero nos recibieron con policía”.

El resultado de un gobierno fallido que no privilegia los derechos humanos llevó a que fueran retenidos 13 elementos de las fuerzas de seguridad. Cinco de la Guardia Nacional; cinco de la Policía Estatal; dos servidores públicos de la Secretaría de Gobierno de Guerrero; y un servidor público de la Secretaría de Gobernación.

La gobernadora de Guerrero ha reiterado que los grupos civiles armados tienen base social en las comunidades. Negarlo es pecar de inocente, cuando la propia alcaldesa de Chilpancingo se reúne con líderes del grupo civil armado.

Si el Estado no resuelve las viejas demandas de los pueblos como es su carretera, hospitales, escuelas con maestros, empleo y mayor apertura de los jóvenes en las universidades, este cáncer que nos carcome no nos va a dejar en paz.

Y se añade otra demanda: no más impunidad para los alcaldes que están inmiscuidos con grupos de civiles armados y cero corrupción en la procuración y administración de justicia.