No se puede crear un régimen que se limite a atrapar a los multimillonarios rusos. Es necesaria una revisión de la transparencia de la propiedad, desde las empresas y los fideicomisos hasta las obras de arte, los buques, las aeronaves y otras clases de activos, incluidos los fondos de capital riesgo/inversión y los fondos de cobertura

Por: Matti Kohonen* / IPS

Las sanciones contra los oligarcas rusos que poseen miles de millones de dólares no han tenido un impacto real, más allá de la congelación de algunos yates y propiedades. ¿Qué ha fallado? Ahora lo sabemos.

Los Archivos Rotenberg, como se conoce una filtración masiva de más de 42 mil correos electrónicos y documentos, han mostrado cómo los oligarcas rusos Boris y Arkady Rotenberg ocultaron sus activos y los del presidente Vladimir Putin, utilizando fideicomisos y fondos de inversión de capital privado, aprovechando la beneficiosa falta de registros públicos de propiedad.

Desde la invasión rusa de la ucraniana Crimea en 2014 y especialmente desde la agresión de 2022 a Ucrania, las sanciones a oligarcas rusos y personas jurídicas vinculadas a la invasión rusa incluyen 12 900 actuaciones contra Rusia.

Algunas estimaciones dicen que la riqueza offshore (fuera de su país) de los oligarcas rusos supera el billón (millón de millones) de dólares, pero las sanciones hasta ahora solo han congelado 58 000 millones de dólares, debido a la dificultad de establecer la propiedad.

Las sanciones varían, pero han sido aplicadas principalmente por los países del Grupo de los Siete (G7) y la Unión Europea (UE). Su eficacia depende de la creación de registros de beneficiarios reales que abarquen todos los vehículos legales posibles, y de la obligación de cotejar a los beneficiarios reales con los regímenes de sanciones por parte de una amplia variedad de facilitadores profesionales a fin de la diligencia debida.

En gran medida, esto no ha sucedido. A pesar de los avances en el establecimiento de registros centralizados de beneficiarios reales, un compromiso adquirido por casi 100 países, muy pocos de ellos están abiertos al acceso público y están plagados de lagunas.

En realidad, los países del Sur global están ahora a la cabeza en el establecimiento de registros de propiedad efectiva después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pusiera fin al acceso público a los registros de propiedad efectiva de toda la UE en noviembre de 2022.

Esto ha permitido que los fideicomisos se conviertan en el vehículo legal elegido por los oligarcas rusos para ocultar su riqueza. También son muy difíciles de detectar, ya que la presencia de una escritura de fideicomiso puede conservarse en el despacho de un abogado si no existe la obligación de inscribir el fideicomiso en un registro de titularidad real (BO, en inglés).

Muchos registros de BO sí exigen declarar los fideicomisos, pero existen lagunas que permiten crear fideicomisos en jurisdicciones que no exigen su registro o que tienen lagunas al respecto o exenciones. Sólo 65 países exigen algún tipo de registro de la titularidad o beneficiarios reales de los fideicomisos.

Ocho de las 18 empresas de las Islas Vírgenes Británicas mencionadas en las filtraciones de Rotenberg acabaron disolviéndose, y dos se trasladaron a Chipre.

Esto implica que Chipre se ha convertido en un lugar clave para utilizar fideicomisos y otros instrumentos para ocultar la propiedad. Como miembro de la Unión Europea, Chipre se vio obligado a crear un registro central de beneficiarios reales de conformidad con la Quinta Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales.

Los fideicomisos con sede en Chipre están sujetos a esta obligación, pero los Rotenberg utilizaron una laguna en la legislación chipriota para ocultar la titularidad final, eludiendo así la Quinta Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales.

De hecho, crearon una compleja estructura de propiedad en torno a diferentes entidades con el fin de situarse por debajo de los puntos de activación para declarar la titularidad real (en la mayoría de los casos, 25 % del control), pero conservando el control a través del poder mediante posibles coaliciones de voto en la compleja estructura que se ocultaban en otros lugares.

La estructura utilizada por los Rotenberg incluía una entidad estadounidense que es propiedad de entidades de otros lugares, como Italia, Reino Unido, Luxemburgo, Chipre, Bahamas (cuatro entidades), Islas Vírgenes Británicas e Islas Caimán,

Junto con los fideicomisos, las empresas de capital riesgo se han revelado como otro de los vehículos preferidos para eludir las sanciones.

Vehículos de inversión denominados fondos de inversión cerrados, en ruso abreviados como ZPIF, albergaban estos activos. La legislación rusa no los considera personas jurídicas, por lo que no están obligados a revelar sus accionistas a las autoridades.

Los archivos filtrados muestran que 13 ZPIF estaban vinculados a los Rotenberg.

Para eludir las preguntas sobre la verdadera naturaleza de los beneficiarios o titulares finales, los archivos filtrados muestran que existe una práctica en la que el director general de la sociedad gestora es reconocido como el beneficiario final.

Los ZPIF invirtieron en empresas rusas, propiedades inmobiliarias de Mónaco y otros activos en los que no se realizan comprobaciones de la titularidad real. Las empresas en las que poseían participaciones minoritarias podían hacer negocios con relativa normalidad.

El capital riesgo y los fondos de inversión son una preocupación mundial. Según un informe reciente, titulado Private Investments, Public Harm (Inversiones privadas, daño público), hay casi 13 000 asesores de inversión en un sector de 11 billones de dólares con poca o ninguna responsabilidad en materia de diligencia debida contra el blanqueo de capitales en Estados Unidos, con la posibilidad real de que los oligarcas sancionados utilicen esos vehículos para ocultar su titularidad.

La  propuesta de la Ley de Facilitadores de Estados Unidos pretende eliminar la exención de los controles de diligencia debida de los facilitadores, mediadores o gestores de inversiones, pero el proyecto no se aprobó el pasado diciembre.

El arte es otra forma de ocultar la propiedad, ya que los marchantes de arte no están sujetos a ninguna obligación de notificación a efectos de blanqueo de capitales.

Un informe de julio de 2020 de un subcomité del Senado estadounidense detallaba un elaborado plan en el que los hermanos Rotenberg gastaron más de 18 millones de dólares en compras de arte en los meses posteriores a ser sancionados por el país en marzo de 2014.

Adquirieron varias obras de arte, entre ellas una obra de Magritte de 7,5 millones de dólares, a través de un entramado de sociedades offshore (opacas y en general instalados en paraísos fiscales) con sede en Chipre y las Islas Vírgenes Británicas.

Las herramientas para ocultar riqueza utilizadas por los oligarcas rusos para eludir las sanciones son exactamente las mismas que las utilizadas por quienes están detrás de los delitos contra los recursos naturales, como la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, o incluso los multimillonarios ricos que abusan de las leyes para pagar menos de lo que deberían en impuestos.

No se puede crear un régimen que se limite a atrapar a los multimillonarios rusos. Es necesaria una revisión de la transparencia de la propiedad, desde las empresas y los fideicomisos hasta las obras de arte, los buques, las aeronaves y otras clases de activos, incluidos los fondos de capital riesgo/inversión y los fondos de cobertura.

De lo contrario, los oligarcas rusos y los cleptócratas de todo el mundo seguirán eludiendo los controles, manteniendo a buen recaudo su dinero turbio.

*Matti Kohonen es director ejecutivo de la Coalición de Transparencia Financiera.

Este artículo fue publicado inicialmente en IPS. Aquí puedes consultar la versión original.