Quemadas y a disparos fueron asesinadas 46 mujeres privadas de libertad en pleno estado de excepción. Posteriormente, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, destituyó al secretario de Seguridad, Ramón Sabillón y nombró como nuevo secretario al director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez. La ONU insta al Estado de Honduras a investigar los hechos y tomar acciones contundentes para asegurar que incidentes como estos no vuelvan a suceder

Texto: Daniel Girón y Breidi Hernández / Criterio

Fotos: Horacio Lorca / Criterio.hn

HONDURAS. – A las siete de la mañana del martes 20 de junio, los vecinos de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) escucharon sonidos de disparos, similar a los de una balacera, que provenían del recinto. Pero, dicen los pobladores que, debido al control que ejerce el crimen organizado sobre las cárceles, lo consideraron como algo cotidiano, pese a que Honduras vive en estado de excepción desde el 6 de diciembre de 2022 y una intervención penitenciaria.

Una hora y media más tarde, a las 8:30, lo que escucharon ya no lo tomaron como algo normal: «¡Auxilio!, ¡nos estamos quemando!», “¡nos pretenden matar!”, “¡por favor, sáquennos de aquí!”. Y lo que vieron enseguida los sorprendió aún más: de la cárcel salían nubes de humo negro.

En cuestión de minutos, las autoridades de la Policía Nacional confirmaron que se trataba de un tiroteo que había dejado heridas a unas tres personas privadas de libertad. Horas después, como a eso de la 1:30 de la tarde, el vocero del Ministerio Público (MP), Yuri Mora, detalló a Criterio.hn que, preliminarmente, había 41 víctimas, entre calcinadas y por disparos de armas de fuego.

Mora aclaró que los datos proporcionados eran preliminares, pero detalló que unas 25 murieron calcinadas y las 16 restantes por impactos de bala. Posteriormente se confirmó que fueron 46 mujeres las que murieron.

Criterio.hn visitó, tras la tragedia, la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), una cárcel de baja seguridad, situada en Támara, Francisco Morazán, a unos 16 kilómetros de Tegucigalpa, capital hondureña, en donde constató cómo resultó el escenario del incidente que ratifica el dominio de la criminalidad en las prisiones de la nación.

Al mediodía, a casi cuatro horas del hecho, el perímetro de la cárcel estaba blindado por unos 200 uniformados de varias entidades: Policía Nacional, Policía Militar del Orden Público (PMOP), Dirección Policial de Investigación (DPI), entre otras fuerzas de seguridad, en cumplimiento a la orden de la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, que inmediatamente de conocerse el hecho violento declaró una emergencia y anunció una intervención en el recinto carcelario.

Momentos de tensión y angustia

En medio de la custodia, frente a la entrada principal de la PNFAS, el ambiente era de quebranto e incertidumbre: familiares y amigos de las privadas de libertad desconocían la situación, nadie les decía nada.

“Estoy desde las diez de la mañana que se confirmó el tiroteo; dejé mi trabajo y me vine para acá, para saber cómo está mi hija Kimberly Nicole. Ella está recluida en el módulo siete, pero hasta el momento no me han dicho nada”, contó una mujer de 70 años de edad, que prefirió el anonimato.

“Mi hija no se metía con nadie, ella no le debía nada a nadie, por eso trabajo, para ayudarle a que esté bien aquí (…) si algo le pasa a mi hija no sé qué pasaría, pero toda la responsabilidad es del gobierno”, agregó, sin saber la condición de su hija.

Los entrevistados por este medio de comunicación coincidieron en culpar a las autoridades de la Policía por permitir el ingreso de armas de medio y grueso calibre y drogas al interior de las cárceles, lo que promueve la gobernanza del crimen organizado.

Pasadas las dos de la tarde, cuatro carros de la Dirección de Medicina Forense del Ministerio Público ingresaron al recinto penitenciario, pero no se vieron salir, lo que representó una señal de alarma para los familiares por ser un indicador de que había varias muertas, entre las que podían estar algunas de las suyas.

Y mientras decenas de personas, debajo del sol abrasador, esperaban noticias de sus familiares, el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, se solidarizó en medios de comunicación por la muerte de las privadas de su libertad en PNFAS, de donde su esposa, Rosa Elena Bonilla, salió hace más de cuatro meses (15 de febrero), gracias al cambio de una medida sustitutiva, de casa por cárcel, a raíz de un supuesto quebranto en su salud.

Hoy, la exprimera dama de Honduras, se encuentra viviendo en un lujoso apartamento ubicado en una exclusiva zona de la capital, luego de permanecer recluida cumpliendo una pena de 14 años de prisión al haber sido declarada culpable por los delitos de fraude continuado y apropiación indebida.

Mientras la ansiedad se acrecentaba en las afueras del centro penal femenino, ante la falta de información oficial, en las redes sociales y medios de comunicación se especulaba sobre la situación de Vanessa Molina, la expalillona implicada en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que guarda prisión en PNFAS. A ella la daban por muerta. Pero, su abogado, Carlos Chajtur, aclaró que estaba fuera de peligro, sin especificar en qué estado de salud se encontraba.

Entre tanto, Vivian Melissa Juárez Fiallos, quien fue tesorera del IHSS y guardaba prisión por estar relacionada al mismo caso del desfalco en el Seguro Social no corrió la misma suerte, ella es parte de la lista de las difuntas.

Conforme pasaron las horas y la información fue fluyendo, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) dio a conocer los nombres de las primeras diez víctimas, entre las que destacan la joven cadete de la Academia Nacional de Policía (Anapo), señalada por matar a un compañero, quien presuntamente la chantajeaba con divulgar un video intimo que tenía la hoy fallecida.

Acusan a integrantes de Maras del crimen

Entre tanto, una de las privadas de libertad que resultó herida y fue traslada hasta el Hospital Escuela de la capital, relató a medios de comunicación que mujeres armadas empezaron a disparar contra todas las reclusas y luego se trasladaron hasta el módulo número 1, donde están las integrantes de la Mara Salvatrucha MS-13.

Entre el llanto y el dolor de sus heridas dijo que una de las fallecidas estaba en el módulo donde se encuentran los niños. Otros testigos informaron que tras llegar al módulo de la MS-13 al menos 26 mujeres buscaron refugios en la zona de baños, en donde fueron encerradas y luego incendiadas.

Para el caso, un elemento del Cuerpo de Bomberos relató que en la mañana recibieron una llamada informándoles sobre el incendio en la cárcel, y como tienen una estación en Támara en pocos minutos llegaron hasta el lugar.

Producto de la balacera y el incendio las medidas de seguridad eran extremas, “no podíamos estar hasta que se nos autorizó escalar por uno de los muros hasta sofocar el incendio”.

Hasta el momento el Instituto Nacional Penitenciario no ha revelado cómo sucedieron los hechos ni las causas y mucho menos quienes son responsables del motín que se originó mediante una balacera y un incendio. Aunque, de manera extraoficial se presume que fueron privadas de libertad pertenecientes a la Pandilla 18 las autoras materiales del crimen.

A eso de las 2:30 de la tarde la presidenta Xiomara Castro reaccionó a través de sus redes sociales y atribuyó el crimen a las maras con la permisividad de las autoridades de la secretaría de Seguridad.

Al cierre de la tensa jornada, a las 9:15 de la noche, Casa de Gobierno informó sobre la destitución del secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, quien fue sustituido por Gustavo Sánchez, director de la Policía Nacional. Sabillón será nombrado en un cargo diplomático en el exterior.

Identificación de cadáveres será engorroso

El Ministerio Público informó que un equipo multidisciplinario de esa institución se había desplazado a la zona de crisis para el procesamiento de las diferentes escenas del crimen y labores de levantamientos cadavéricos.

Precisó que entre los análisis que los equipos de especialistas forenses practicarán para el reconocimiento de las víctimas (identificación humana), se auxiliarán de pruebas de necrodactiloscopia (huellas), autopista oral (estudios odontológicos que revelarán estimación de edad, sexo, entre otros) e investigación de comparación genética (para los casos de quemaduras graves o carbonación).

“Una vez que los cuerpos sean trasladados al servicio de morgue, los médicos y técnicos efectuarán las autopsias y harán las entregas a los familiares de los cadáveres plenamente identificados, sin embargo, se solicita comprensión a la población en cuanto a los términos de entrega en los casos en los cuales se requieran estudios de ADN”, estableció el MP mediante un comunicado.

En medio de la incertidumbre, exactamente a las 5:15 de la tarde la subsecretaria de Seguridad y coordinadora de la Comisión Interventora de los centros penitenciarios, Julissa Villanueva, aseguró que ya se había recabado el 70% de la prueba científica en la escena del crimen. Villanueva acompañó la publicación de dos fotografías, en una se observa una celda destruida por las brazas y en otra a una mujer caminando por los pasillos del PNFAS con un arma de fuego en una de sus manos y el rosto cubierto con un pasamontaña.

Mis muestras de condolencias a las fam de las privadas de libertad qué hoy perdieron la vida en este ataque terrorista en la cárcel de Mujeres de Támara FM
La prueba científica ya en un 70 % en la escena del crimen nos abre la luz de justicia para esta víctimas @XiomaraCastroZ pic.twitter.com/UzlulNvjrU

— Dra.Semma Julissa Villanueva B. (@villanuevasemma) June 20, 2023

Organizaciones de mujeres coinciden que Estado de Honduras es responsable de la masacre

Inicialmente, a eso de la 1:00 de la tarde del martes 20 de junio el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó a Criterio.hn que se trataba de al menos 41 mujeres una cifra preliminar, lo que dejo a la expectativa que se pudiera tratar de más mujeres asesinadas de manera dantesca.

Para la defensora de derechos humanos de las mujeres, Cristina Alvarado, del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, estos hechos “Están evidenciado los niveles de incapacidad y negligencia en el resguardo de centros penitenciarios”. Lo sucedido en PNFAS, para Alvarado “es responsabilidad del estado de Honduras, son seres humanos qué están bajo su resguardo”.

Ana Ruth García, coordinadora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, también se refirió al hecho luego de darse la primera cifra preliminar. “Es una situación completamente grave que preocupa a las organizaciones de mujeres y feminista porque ya teníamos 170 femicidios hasta el 19 de junio, más las 25 calcinadas y las 16 acribilladas dentro del centro penal de mujeres, estamos hablando de mas de 214 mujeres asesinadas”.

De acuerdo con Izza Alvarado, portavoz del departamento de Medicina Forense, en esta dependencia del Ministerio Público, se contabilizan 46 mujeres víctimas de la reyerta al interior de la PNFAS.

La ola de violencia que ataca a las mujeres, aun en medio de un estado de excepción que a criterio de analistas es fallido, llego al interior del centro penal de mujeres, es decir estas 46 mujeres fueron asesinadas bajo la protección del Estado, esta situación devela que aun el control del sistema carcelario está en manos de la criminalidad y no de las autoridades estatales, quienes desarrollan una intervención al sistema carcelario de Honduras, ordenada por la presidenta Xiomara Castro, luego de cuatro amotinamientos consecutivos en cuatro cárceles del país.

Para la defensora de derechos humanos y feminista, Jessica Sánchez, coordinadora del Grupo Sociedad Civil (GSC), este es un claro mensaje a la presidenta Castro. «Se requiere una investigación seria y profunda y también un mensaje de la presidenta” expresó a Criterio.hn.

En este mismo orden de ideas la Organizacional de las Naciones Unidas (ONU), instó al Estado de Honduras a investigar los hechos y tomar acciones contundentes para asegurar que incidentes como estos no vuelvan a suceder.

A través de comunicado, la ONU lamentó y condenó la violencia contra las mujeres, la violencia en los centros penales y la violencia en todas sus formas.

Además, señaló “todas las personas privadas de libertad tienen el derecho a ser tratadas humanamente y a que se respete y garantice su dignidad, su vida y su integridad física, psicológica y moral.

📣 COMUNICADO pic.twitter.com/O3jF8BuvIZ

— ONU Honduras (@ONUHonduras) June 21, 2023

De acuerdo con Ana Ruth García con la muerte violenta de mujeres en lo que va del año y la masacre al interior de la PNFAS “El Estado al ser garante de la vida de las mujeres, que, aunque estén privadas de libertad, están en custodia del estado, es grave, y Honduras profundiza y se visibiliza a nivel nacional e internacional como un Estado feminicida a nivel de Latinoamérica”.

En ese sentido, la feminista Jessica Sánchez enfatizo que, ante la ausencia de acción por parte del Estado, la muerte violenta de las 46 mujeres no debe ser catalogado como femicidio simple, sino como feminicidio.

Por su parte, Ana Lucia Pérez Armijo, feminista y defensora de derechos humanos, consideró que las autoridades deben investigar cómo y por qué sucedió la masacre, además de investigar a las autoridades penitenciarias de cómo ingresaron las armas.

Otra de las organizaciones internacionales que solicito una investigación exhaustiva fue Human Rights Watch, además enfatizó “Las autoridades tienen la obligación de proteger a las personas bajo su custodia”.

Rechazo a la violencia

Luego de darse a conocer la tragedia a través de los medios de comunicación y redes sociales, pues las autoridades mantenían en completo hermetismo lo sucedido, organizaciones defensoras de derechos de la mujer y organismos internacionales expresaron su férreo rechazo a la violencia, especialmente contra la mujer privada de libertad en medio de una intervención penitenciaria, que de acuerdo con analistas y una parte de la sociedad es un proceso mediático.

Alice Shackelford a través de su cuenta de Twitter manifestó su solidaridad y recordó haber estado con las privadas de libertad el 8 de marzo –día internacional de la mujer—.

Mi solidaridad con las mujeres en el Centro Penitenciario en Támara y Mi fuerte rechazo a la violencia. El 8 marzo celebramos allá con algunas mujeres, el día internacional de la mujer, escuchando sus historias y sueños. Mi corazón llora y comparto el luto con sus familias pic.twitter.com/ZqUJJoCCgz

— Alice H. Shackelford (@aliceshackel) June 20, 2023

Por su parte, Jessica Sánchez, consideró que la violencia desmedida en contra de las mujeres hondureñas es un mensaje –en el sentido simbólico y semántico—, el ataque hacia las mujeres, que Honduras sea país número uno en femicidios y la masacre en PNFAS “es un fuerte llamado sobre las acciones de la presidenta, es una campaña silenciosa para acabar con los liderazgos, para demostrar cómo podemos acabar si nos enfrenamos”.

En ese sentido, de acuerdo con Sánchez el discurso y las acciones de la presidenta “deben cambiar y responderles a las mujeres, que fueron en su gran mayoría, junto con los jóvenes quienes la llevaron al poder”.

Tragedias en centros penales de Honduras

Estas muertes violentas de mujeres traen a la memoria de la ciudadanía hondureña, la muerte violenta de privados de libertad en el gobierno de Ricardo Maduro, el 5 de abril de 2003 en un enfrentamiento armado protagonizados por miembros de maras y pandillas y policías dejó 66 muertos en la cárcel de El porvenir Atlántida.

En mayo de 2004 en el centro penal de San Pedro Sula, un incendio acabó con la vida de 107 privados de libertad y unos 25 lesionados.

En enero de 2006 en la Penitenciaria de Tamara, 13 hombres privados de libertad murieron en un amotinamiento. En este mismo centro penal, en 2008 se registró una reyerta que dejó como resultado 18 asesinados.

En 2011, el 14 de octubre en la Cárcel de San Pedro Sula, 9 hombres perdieron la vida. Cinco meses después, en marzo de 2012, los medios de comunicación informaron un amotinamiento y un incendio que dejo 13 privados de libertad.

El 14 de febrero de 2012, la conmoción se volvió a apoderar de la ciudadanía, 360 privados de libertad fueron victimas de incendio en la cárcel de Comayagua.

Las masacres al interior de los centros penales continuaron, el 20 de diciembre de 2019, en el centro penal de Tela se registró una reyerta que dejó 20 privados de libertad asesinados. Tres días después en el centro penal de El porvenir –catalogado como una de las cárceles de máxima seguridad— 19 privados de libertad murieron en un enfrentamiento entre la mara MS y la pandilla 18.

Históricamente, el sistema penitenciario ha estado bajo el control del crimen organizado, control que queda evidenciado con las muertes violentas al interior de los centros penales.

Ante este historial, el defensor y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía instó a implementar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, el Subcomité contra la Tortura y las sentencias de la Corte IDH que han surgido luego de demandas internacionales por muertes violentas al interior de centros penales.

<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>1/3. 69 en la Granja Penal de El Porvenir (2003), 107 en el Centro Penal de San Pedro Sula (2004) y 361 en la Granja Penal de Comayagua (2012). Sin contar con el goteo constante de muertes violentas. Se necesitan medidas contundentes para revertir esta crisis histórica.</p>&mdash; Joaquín Mejía Rivera (@LawyersforHR) <a href=»https://twitter.com/LawyersforHR/status/1671245127384195073?ref_src=twsrc%5Etfw»>June 20, 2023</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>

Este trabajo fue publicado inicialmente en CRITERIO. Aquí puedes consultar la versión original.