“Cualquier niño en Guanajuato puede correr el mismo proceso que este pequeño mientras se mantenga la impunidad” dice Juan Martín Pérez, de Tejiendo Redes Infancia. Sin embargo, la Fiscalía del estado deja pendiente desahogar datos de teléfonos del inculpado para la búsqueda

Texto: Edith Domínguez / Pop Lab

Foto: Edith Domínguez

GUANAJUATO. – Una rosa roja marchita, un plato de dulces y un yogurt son objetos reunidos en torno a la fotografía de Juan David en donde fue la casa familiar. Se ha cumplido un año desde que el niño fue víctima de desaparición (y presumiblemente asesinado) en Irapuato, luego de un largo periodo de maltrato y violencia, de lo que se responsabiliza a su padrastro Miguel Ángel Barrón García, integrante de la Policía Municipal.

Sobre el patio y la pared de la fachada principal de la casa de esa familia desecha, un altar es cuidado por su guardián; un peluche azul que cubre su cabeza con un sombrero, sobre una caja de madera que da sombra al nicho de vidrio, cuyo interior muestra la fotografía de un niño que sonríe.

“Doloroso reconocerlo, (pero) cualquier niña o niño en el estado de Guanajuato puede correr el mismo proceso que este pequeño (Juan David), (que), para el estado ya quedó olvidado… las instituciones lo archivan y hay poca probabilidad de que esto cambie si los altos índices de impunidad se mantienen”, explicó Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia de América Latina y el Caribe, quien enfatizó que el Estado Mexicano y sus instituciones están obligados a la prevención, atención a las víctimas y a la garantía de la no repetición de los hechos.

“Lo único que me interesa es encontrar a mi hijo, vivo o muerto”, dice Juan Agustín, papá de Juan David, con evidente decepción por la ineficiencia de las autoridades en la localización del niño y la forma en que se ha conducido la investigación y el proceso penal por parte de la Fiscalía general del estado.

A pesar de las búsquedas independientes que han emprendido familiares paternos, Juan David no ha sido localizado desde el 13 de mayo de 2022 cuando, después de presuntamente haberle quitado la vida a golpes, Miguel Ángel sacó en bolsas de plástico el cuerpo de su hijastro para deshacerse de él, de acuerdo con el testimonio público que dio la madre del niño.

Detenido y presentado ante un juzgado penal, Miguel Ángel es procesado como presunto responsable de desaparición cometida por particulares (aún cuando se trata de un agente de seguridad pública) y por violencia familiar. En su desesperación, durante el proceso el padre del niño había inicialmente accedido a la petición de llevar un procedimiento abreviado, solicitada por los defensores del imputado, con la que pretendían llegar al acuerdo de reducir la pena corporal para el expolicía. La petición fue aceptada por la Fiscalía general del estado.

Lo único que ha pedido el padre es que Miguel Ángel diga dónde está Juan David. Pero el inculpado aceptó los delitos de desaparición cometida por particulares y la violencia familiar, no así el delito de homicidio, y durante un año ha guardado el mismo silencio desde el primer día en que se supo que el niño estaba desaparecido, el 13 de mayo del 2022.

Para Juan Agustín y su asesora jurídica Patricia Barrón -ella, a su vez, familiar de dos víctimas de desaparición, buscadora y fundadora de colectivos que indagan por sus seres queridos víctimas de este delitos en Guanajuato- el silencio del policía impide que se cumpla con los requisitos para proceder a un juicio abreviado, pues no se alcanza a garantizar una reparación integral del daño dentro de la causa penal 1P1622-772, por lo que en audiencia, la jueza determinó proceder al juicio oral, en el cual se buscará la pena máxima de hasta 81 años de prisión para el padrastro de Juan David.

Todo el tiempo, Juan Agustín se está preguntando dónde está su hijo. Respira profundo antes de la entrevista con Poplab, y platica que recién ha salido de un etapa de la depresión en que repetidamente cae al no saber del paradero de Juan David, al que ha buscado desde que supo lo sucedido. Recientemente encontró trabajo de chofer de Uber, esto le permitirá seguir realizando las búsquedas independientes para revisar la geolocalización que arrojaron los cuatro teléfonos celulares que usaba el padrastro al momento de la desaparición.

El juego de la Fiscalía: no escuchar a las víctimas

En la primera audiencia efectuada en marzo, la defensa del inculpado solicitó acogerse a un procedimiento abreviado; es decir, una salida alterna prevista en el sistema penal acusatorio, para obtener una reducción de la pena por los delitos de los que presuntamente es culpable: a 25 años y 6 meses por el delito de desaparición y 1 año por la violencia intrafamiliar. “Yo les dije que no lo aceptaba, pero la mamá de mi hijo sí aceptó el juicio abreviado” explicó Juan Agustín. Después lo citaron en la Fiscalía; “trataron de convencerme, me dijeron ‘si te vas al abreviado te vas a olvidar de juicio oral, de todo esto’ pero yo se qué hay pruebas, que lo puedo refundir”, señaló el padre de Juan David, en su calidad de ofendido o víctima dentro de este proceso.

La Fiscalía y la defensa del acusado solicitaron una prórroga para definir la continuación del proceso penal. La FGE esperaba que el hombre confesara dónde dejó al niño. “Yo les decía ‘sí te doy el abreviado, pero siempre y cuando me digas dónde está mi hijo”, recordó Juan Agustín.

Sin tener información del paradero del niño, se llegó la fecha de audiencia el 24 de abril, en la cual la Fiscalía insistió en el juicio abreviado, argumentando que Reyna María, madre de Juan David, estaba de acuerdo, aunque ni la mujer ni su asesora victimal estuvieron presentes, y sin tomar en consideración la oposición de Juan Agustín y su asesora jurídica, la abogada Patricia Barrón.

La defensa del padrastro pretendió descalificar a Juan Agustín y argumentó que no estaba buscando a su hijo. Pero el propio juez desestimó dicho argumento y recordó que fue la familia paterna la que incluso bloqueó los accesos al Cereso de Irapuato, para obligar a las autoridades a atender el caso.

Patricia Barrón argumentó que no se reunían todas las garantías para una reparación integral del daño por la desaparición de Juan David: atención psicológica, moral, económica y familiar, como requisito para acceder al juicio abreviado, a pesar de que, como procede en esta salida alterna a un juicio oral, el inculpado aceptó ser responsable de los delitos de desaparición y violencia familiar.

“En ese momento vi una señal en el señor Juan Agustín de impotencia, rabia, coraje, en los presentes se siente una situación desesperante”, explicó Patricia Barrón. “¿Por qué, si estás aceptándolo, no dices dónde está?. No se puede auto incriminar, esa es una de las situaciones en el nuevo sistema de justicia; sin embargo, puede haber alguna manera de que pueda dar noticia de dónde se encuentra el niño”, aunque todos saben que, si se encuentra a Juan David sin vida, el hombre sería procesado también por homicidio.

El juez desechó la petición de juicio abreviado. “El señor lo único que quiere saber es dónde está su hijo, y cómo no quiere acceder, nos vamos a ir al juicio oral, que va ser el 17 de mayo a las 10:40”, informó la abogada.

Guanajuato, peligro constante: Juan Martín Pérez

Al haber impunidad, habrá más niños en Guanajuato que correrán el mismo camino que Juan David, advirtió Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia por América Latina y el Caribe.

“El público en general suele responsabilizar a la mamá o a la familia, olvidando que el Estado y sus instituciones son responsables de la prevención, de atender a las víctimas y sobre todo de evitar que estos hechos se repitan”, y es que con frecuencia reducen el caso a un hecho familiar.

El estado debe trabajar en la prevención, dijo, al recordar que los últimos 5 años Guanajuato ha mantenido el primer lugar en homicidios.

Aunque esto cambió un poco el último año (2022), en realidad, los últimos años ha sido una constante en ser uno de los lugares más peligrosos. Es una de las entidades donde habido mayor incremento en asesinatos, reclutamiento y desaparición; hay que ver a estos crímenes como asociados; la violencia homicida, la desaparición y el reclutamiento como parte de estas condiciones que nos hablan de grupos criminales en control del territorio, en complicidad con autoridades”.

Pero a ello se suma otra circunstancia, dijo el experto:

“El Estado sigue teniendo un alto número de víctimas con mucha indolencia por parte de las autoridades”, y es que sólo el hecho de exigir justicia o la búsqueda de un familiar “representa un riesgo para tu vida y una nueva revictimización”, señaló, al recordar que es Guanajuato es el estado donde más personas buscadoras de víctimas de desaparición han sido asesinadas.

En cuanto a la garantía de no repetición de los hechos, señaló que “lamentablemente el Estado en su conjunto, sin importar la administración -porque no es de esta administración (sino de) mucho tiempo (atrás)- siguen manteniendo las redes de complicidad con los criminales que se traducen en dinero, poder político, de tal manera que no quieren tocar, no han intentado modificar las condiciones para que no se repitan hechos como el de este pequeño Juan David y otros que tiene el estado”.

El padre de Juan David ve difícil que llegue la justicia para su hijo; la única justicia cercana, dice, es regresar a los plantones, marchas y cerrar calles, porque el personal de la fiscalía “no hace nada. Voy a decir algo y va sobre (Carlos) Zamarripa, como yo soy un ciudadano y no soy de ellos no me quieren apoyar; ahí esta el caso de Celaya, (el asesinato del hijo) del alcalde rápido lo movieron, no tardaron una semana en meter al bote y lo sentenciaron, y mi hijo ya tiene un año desaparecido y no podemos hacer nada, ¿dónde está la fiscalía?”, recriminó.

Recordó que en el caso de Celaya hasta el helicóptero enviaron, lo que no ha sucedido en el caso de su hijo, desde el momento en que desapareció. “La fiscalía debe de ser pareja”.

Ante ello este 17 de mayo familiares paternos convocaron a una marcha, que se suspendió porque asistieron pocas personas, y se plantaron frente al edificio del Poder Judicial para mostrar su apoyo.

Juan Agustín repite lo que ha demandado desde el momento en que el policía fue detenido:

“Se lo he dicho en su cara, no me interesa ningún juicio, a mí me interesa encontrar a mi hijo vivo o muerto; si está muerto para darle sepultura, si está vivo para (traerlo) conmigo, él (padrastro) sabe que es lo único que quiero”. Sin embargo, en las múltiples ocasiones en que se ha dirigido a él con esta petición, el expolicía sólo se queda callado y baja la cabeza.

Víctima, buscadora, abogada: una mano para encontrar a Juan David

Patricia Barrón, asesora jurídica de Juan Agustin, apoya en el caso porque “no me gusta ver sufrir a las familias tras una desaparición”. Ella sabe muy bien qué es esto.

Ha vivido en carne propia la privación ilegal de la libertad de su pareja Juan y su hijo Kevin, cometida por civiles armados, hecho por el cual dejó su trabajo de docente en el Inaeba para convertirse en una madre buscadora.

Hoy, Patricia alterna su activa participación en las búsquedas con su profesión porque “de corazón creo (que) podemos cambiar nuestro Guanajuato y hacerlo menos violento apoyando estas causas”.

Y apoya en este caso porque considera que Juan David, “es un inocente que no merece estar desaparecido, no puede quedar impune lo que ha sufrido cuando merecía vivir feliz, debe prevalecer el interés superior”. Aunado a ello, señaló, siempre busca “defender los derechos de las personas que son vulneradas” como en el caso de Juan David.

La abogada también estudió la carrera de odontología, tiene un posgrado en administración de empresas, tiene una maestría en derecho civil y entre otras cosas laboró en el área de inteligencia de la extinta Policía Federal.

Como resultado de la investigación que realizó Patricia Barrón en el caso de la desaparición de su hijo y pareja, así como las pruebas que aportó, uno de los responsables del secuestro fue detenido y vinculado a proceso.

Una búsqueda que no termina y una colonia en desolación

Las 4 líneas de teléfono que Miguel Ángel Barrón usaba al momento de los hechos han arrojado coordenadas que la Fiscalía General de Guanajuato les dio y los han llevado a baldíos, parcelas, cerros del municipio de Valle de Santiago, Pueblo Nuevo, Abasolo, Silao, León, e incluso hacia Lagos y Guadalajara. “Simplemente se perdió el rastro”, aunque eso no detiene a Juan Agustín y cada domingo salen a buscar a Juan David “porque la célula de búsqueda ya ni existe, a veces nos mandan policías”.

Hay varias horas en las que no se sabe dónde estuvo Miguel Ángel después que sacó al niño de la casa. “Él sale un viernes en la noche, fue, hizo lo que hizo, regresa el sábado a las 10 de la mañana (a la casa, se vuelve a salir), y regresa hasta el otro día (domingo), pero no sabemos realmente qué pasó… supuestamente estudiaba”.

Agustín solicitó el apoyo de la ciudadanía para que le hagan llegar información, si alguien vio al padrastro con Juan David, “no voy a descansar hasta que me digan donde está , yo sigo en pie”.

Hay elementos suficientes para llevar a cabo un juicio oral, ponernos a trabajar tanto la fiscalía como los asesores jurídicos de las víctimas y sacar este juicio adelante, hablamos de una desaparición, un delito grave, y de los intereses de un menor de edad”, afirmó Patricia Barrón, asesora jurídica de Juan Agustín.

Aunado a ello “hay otro testigo que vio a Miguel salir a esa hora con las bolsas negras”, esto se sumará a los dichos de Reyna María al momento de la denuncia y la aceptación de los delitos de desaparición y violencia familiar por el inculpado.

La pena mínima es de 40 años y la máxima hasta 81 años de prisión como suma de los dos delitos, pero la sentencia dependerá del criterio del juez y después del desahogo de pruebas, refirió la asesora.

La Fiscalía podría resarcir su actuación al buscar se le imponga la pena máxima al detenido, dice la asesora jurídica, luego de que “no le importó lo que la familia siente” y solicitó de primera instancia el juicio abreviado. Además, “falta la búsqueda (en campo), ver las coordenadas geográficas que se pueden explorar para empezar a ubicar (a Juan David), y falta aquella esencia de la línea investigativa en relación a la mamá”, aunque ella también es víctima, dijo la asesora jurídica.

Mentiras tanto, en la calle Gran Canarias 884-A de la colonia Urby Villas del Rey en Irapuato los vecinos optan por el silencio.

La casa que habitaron la pareja y los dos hermanitos sigue sola, las ramas del guayabo se extienden para dar sombra al retrato. Los juguetes y un balón rosa lo esperan. Esa casa se suma a otras abandonadas por sus dueños luego de la inseguridad que azotó la zona, los robos y asaltos fueron el preámbulo de los asesinatos, circunstancias particularmente difíciles para los niños, niñas y adolescentes que crecen o crecieron en este rumbo.

En el 2015, padres de familia con palos, cuchillos, bates de béisbol y lámparas salieron a velar las calles oscuras para cuidar a sus familias y hacer frente a los delincuentes, porque la administración municipal de ese entonces, a cargo del panista Sixto Zetina, no les cumplió con la dotación de una caseta de policía que les prometió.

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Esta nota fue publicada originalmente en POP LAB, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original