21 mayo, 2023
Después de prolongadas audiencias, confiscación de bienes y tres vinculaciones a proceso, apenas hay 79 carpetas abiertas de más de 479 defraudados. Víctimas exigen a la Fiscalía y a los jueces avanzar para recuperar lo que se pueda del patrimonio afectado
Texto y fotos: Fabián Sánchez / PorpLab
LEÓN, GUANAJUATO.- Tres vinculaciones a proceso con prisión preventiva y bienes confiscados al abogado Édgar Francisco N como presunto responsable del mega fraude inmobiliario del despacho “Punto Legal” fueron el resultado de tres prolongadas audiencias que iniciaron el viernes 12 de mayo y terminaron la madrugada del miércoles 17. Sólo unas horas después, María Mercedes, madre de Édgar Francisco, también fue detenida por el delito de fraude.
El abogado Juan José Hernández, quien representa a un grupo de las víctimas, reveló que hasta el momento existen 79 carpetas, una por cada denunciante. Sin embargo, el número podría crecer debido a que la cantidad de víctimas supera los 479 casos.
Después del sorpresivo anuncio de la reaprehensión de Édgar Francisco, uno de los imputados por el mega fraude por más de 120 millones de pesos, ocurrido la madrugada del jueves 11 de mayo, cuatro audiencias fueron programadas (una de ellas por citatorio y tres más por órdenes de aprehensión) para la mañana del viernes 12 de mayo, en las instalaciones de oralidad penal del Poder Judicial que se ubican a un costado del Cereso de León.
Cerca de las siete de la mañana del viernes, las víctimas, acompañadas de sus abogados y de un grupo de más de 30 afectados por el fraude inmobiliario denunciado desde hace 2 años, se reunieron a las afueras de los juzgados; con pancartas y consignas las víctimas expresaron su deseo de justicia y el temor de que el acusado vuelva a quedar en libertad.
“Queremos que la juez nos considere un poquito, que este hombre –Édgar Francisco– nos devuelva nuestro dinero, para eso es la justicia, solo eso pedimos”, explicó Martina Juárez.
Así iniciaba una jornada de cuatro días de audiencias que llegaron a extenderse hasta por 12 horas en un ir y venir de abogados, jueces y víctimas, así como la destitución de uno de los defensores de Édgar Francisco por haber representado previamente a dos de las víctimas y que culminaría a la par de la detención y comparecencia de Mercedes “N”, madre de Édgar, acusada del mismo delito.
La mañana del 12 de mayo, la primera cita inició a las 8:30 de la mañana sin la presencia de los medios. El ofendido, Miguel Domínguez, acompañado de su asesor legal, Ricardo Del Castillo, revelaron que su audiencia había sido pospuesta a petición de los abogados de Edgar, Miguel Ángel Ramírez y Diego Bolaños, alegando que desconocían las siete carpetas de investigación presentadas. Esta petición fue aceptada por el juez, por lo que se reprogramó para el 13 de mayo a las 9:30.
La solicitud de aplazamiento se repitió durante la segunda audiencia, en donde el denunciante Ubaldo Magallanes y su abogado Juan José Hernández, junto al juez, aceptaron la petición. Así, la cita en la sala 2 de los juzgados de oralidad se reagendó para el 31 de mayo.
La tercera audiencia inició a las 10:30 en donde el defensor de Edgar Francisco de nueva cuenta solicitó la reprogramación de la misma, argumentando que el tiempo para analizar las 14 carpetas de investigación había sido insuficiente. De nueva cuenta se aplazó la audiencia, para el sábado 13 a la una de la tarde.
Pasado el mediodía del viernes, la cuarta y última audiencia del día se llevó a cabo en la sala cinco, que esperaba a los 14 denunciantes acompañados de sus abogados, al acusado, su defensa y los tres fiscales.
Al iniciar, los fiscales designados al caso solicitaron a la jueza, Lourdes Corona, que uno de los cuatro abogados que integra la defensa de Édgar Franco abandonara su designación, debido a que éste en un principio había representado legalmente a dos de las víctimas. Esta petición fue avalada por los asesores jurídicos de los denunciantes.
En respuesta, la jueza explicó que basada en el supuesto de confiabilidad, solicitó a Diego Bolaños abandonar la defensa de Édgar Franco.
Una vez que Bolaños abandonó la sala, Miguel Ramírez tomó la palabra y pidió a la jueza el aplazamiento de la audiencia de nueva cuenta, por desconocimiento de las 14 carpetas de investigación.
Enseguida, los fiscales señalaron que la petición solo buscaba dilatar el proceso, por lo que solicitaron la imposición de una multa; esto fue respaldado por los asesores jurídicos de las víctimas.
La jueza tomó unos segundos y miró a ambas partes. Y dirigiéndose al abogado de Édgar Franco, le explicó:
«Hace un mes que tuvimos la primera audiencia, usted ya tenía conocimiento de este caso, un mes es suficiente tiempo para conocer la carpeta y preparar la defensa».
Por ello, le negó el aplazamiento. Tras un receso de 5 horas, la audiencia se reanudó en punto de las 7 de la noche. En un espacio de seis horas, dos de los tres fiscales que presentaron el caso expusieron los datos de prueba que abarcaron del 2020 al 2022. Con detalle explicaron el modus operandi con el que las víctimas fueron convencidas de “adquirir” viviendas a través del despacho “Punto Legal”.
“Fue mediante anuncios en la red social facebook que se ofertan las propiedades, una vez pactada la compra acudían a las distintas notarías para entregar el dinero”, explicó el fiscal del caso.
Como dato de prueba adicional, se explicó que el daño económico acumulado por los 15 casos supera los 5 millones de pesos; otro dato presentado con la fiscalía expuso movimientos por la misma cifra en tres cuentas bancarias a nombre del imputado.
Continuando con la exposición, uno de los agentes explicó que Édgar se hacía pasar por un colaborador de la empresa Zéndere, dedicada a la recuperación y administración de cartera hipotecaria, pero esta dijo desconocer al acusado. La empresa emprendió una demanda contra Édgar por presentar documentación falsa para comprar y vender inmuebles a su nombre.
Las seis horas fueron insuficientes para la culminación de la audiencia y se suspendió pasadas las tres de la mañana para ser retomada la mañana del martes 16 de mayo.
El sábado 13 se llevaron a cabo dos audiencias, en las que solo hubo tiempo para que los fiscales presentaran los datos de prueba; continuaron el lunes 15 e incluyeron declaraciones de los acusados e información sobre la manera en la que operaba el despacho “Punto Legal» para la venta de bienes inmuebles, además de revelar que los ex empleados de Édgar recibían hasta 10 mil pesos por cada casa vendida.
Aunque la defensa intentó desestimar las pruebas, la juez determinó vincular a proceso a Édgar Franco por el delito de fraude, además de imponer como medida cautelar tres meses de prisión preventiva para la etapa de investigación complementaria, así como el aseguramiento de un bien inmueble ubicado en la colonia La Alameda. Este domicilio fungía como una de las dos oficinas del despacho “Punto Legal».
Será hasta el 16 de agosto cuando el presunto defraudador volverá a comparecer ante el juez.
Ya el martes 16 de mayo el abogado Juan José Hernández, representante de al menos 10 de las 35 víctimas, explicó que la vinculación a proceso de Édgar Franco es un paso importante para buscar la reparación del daño a las víctimas.
“Esto acaba de iniciar, sin embargo, es algo muy benéfico para las víctimas el que se haya realizado la primera vinculación a proceso con prisión preventiva como medida cautelar”, declaró el abogado Juan José Hernández.
Al reanudarse esta audiencia, correspondió a la defensa del inculpado tomar la palabra para señalar una serie de inconsistencias en las declaraciones de los denunciantes, así como en las investigaciones de los agentes de la fiscalía.
También aseguró que su representado no recibió dinero y que los presuntos fraudes habían sido efectuados por sus 16 ex trabajadores liderados por Mónica Navarro, quien fue señalada como su “segunda al mando”.
Así, la defensa del presunto defraudador culpó a empleados y ex colaboradores para desviar las acusaciones en contra de Édgar Francisco.
A las 2:20 de la tarde, Miguel Ramírez y los abogados de las víctimas iniciaron un debate, en donde la parte acusatoria explicó el peligro que representaba dejar en libertad a Édgar Francisco, así como su innegable participación en la presunta estafa.
Mientras que la defensa del imputado intentaba de manera desesperada invalidar las acusaciones contra su cliente, argumentando inconsistencias en las investigaciones de los agentes de investigación.
Pese a los intentos de Miguel Ramírez, la jueza Lourdes Corona determinó vincular a proceso a Édgar Francisco, así como ordenó la inmovilización de dos cuentas bancarias a su nombre.
Pero las comparecencias no terminaron, y la segunda audiencia terminó a las 4 de la madrugada del 17 de mayo con la tercera vinculación a proceso en contra del presunto defraudador.
Durante la mañana del 17 de mayo, María Mercedes -madre de Édgar Francisco- fue detenida por agentes de la fiscalía. La mujer acusada por presunta defraudación sostuvo su primera audiencia realizada a través de videoconferencia a las 9:00.
En ella, el juez le llamó la atención a su defensor, pues él ya estaba al tanto del caso, sin que la acusada lo hubiera designado como su representante legal, por lo que ordenó investigar cómo este había obtenido información sobre el caso.
Mientras que los fiscales explicaron que María Mercedes vendió un inmueble de la colonia Praderas del Bosque por la cantidad de 380 mil pesos a la víctima y dos meses después le entregaría la propiedad.
“Me pidió que no me acercara al domicilio, que en dos meses sería mío, pero eso no sucedió, ni el dinero ni el inmueble”, explicó la víctima Renata Rodríguez.
Por esto, el juez determinó un plazo de 48 horas para realizar la reparación del daño.
De acuerdo con el grupo de defraudados, la detenida ha sido señalada en más de una ocasión por realizar estafas, por lo que exhortaron a la población a interponer su denuncia para evitar que salga de la cárcel.
Con la detención de María Mercedes, son ya tres los integrantes de la familia Édgar Francisco procesados penalmente por su presunta participación en el megafraude realizado a 479 personas.
Después que las víctimas presionaran a la fiscalía tras la liberación y fuga de Édgar “N”, la propia FGE se vio envuelta en señalamientos de los afectados.
Marchas, manifestaciones y entrevistas con el jefe de la división de delitos patrimoniales Juan Manuel Zapata y el propio fiscal Carlos Zamarripa, provocaron que la fiscalía retomara las denuncias que habían sido presentadas desde el 2020.
Tras la primera vinculación a proceso de Édgar Francisco, la fiscalía publicó un video protagonizado por el propio funcionario de la FGE Juan Manuel Zapata, en el que explicó cómo cometieron los fraudes, así como breves pasajes de la audiencia realizada el lunes 15 de mayo.
Para las víctimas, la publicación del video es una buena señal y aunque ven avances en el caso, así como en las investigaciones de la fiscalía, señalan que esto apenas inicia, pero confían en que esta ocasión habrá justicia para todos.
“Se va a hacer justicia, que se haga para todos, porque no saben cuántas familias han sufrido, no solo en el tema económico, sus familias también se han disuelto y también eso se debe pagar”, afirmó María Segovia, una de las 470 víctimas.
Los nombres de algunos denunciantes fueron cambiados para proteger su identidad. Este trabajo fue publicado originalmente en POP LAB que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes consultar la publicación original
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