Es evidente que las plataformas digitales sirven mejor a la extrema derecha en Brasil, en un remedo de Estados Unidos. Pero ¿sería eso un sesgo permanente, una simbiosis, por su naturaleza?

Texto: Mario Osava / IPS Noticias

RÍO DE JANEIRO – Las llamadas big techs y los derechistas radicales se aliaron en el rechazo a un proyecto de ley que tramita en la Cámara de Diputados de Brasil para regular la comunicación digital masiva y contener la difusión de mensajes que atentan contra la democracia y fomentan la violencia, en general basadas en mentiras.

“La democracia está bajo ataque en Brasil”, la ley en debate “matará la internet moderna si es aprobada en la redacción actual” y “acabará con la libertad de expresión”, al conceder “poderes de censura” al gobierno, opinó la plataforma de mensajería Telegram, de origen ruso, en un comunicado que divulgó el 9 de mayo.

“Aumentar la confusión entre lo que es verdad o mentira” seria el efecto de la nueva legislación, que más bien “protegería a quien produce desinformación”, sostuvo el sistema de búsqueda estadounidense Google, en un comunicado el 1 de mayo, víspera de la votación prevista en la cámara baja parlamentaria, que se postergó sin fijarse nueva fecha.

“Ley de la censura”, es como tildan al proyecto los ultraderechistas, seguidores del expresidente Jair Bolsonaro, en una campaña contra la regulación de las plataformas que, en su opinión, pondría fin a la libertad de expresión y de credo religioso.

Alianza económica

“No hay una alianza orgánica (entre las plataformas y la ultraderecha), pero si intereses comunes, de ganancias por el alboroto que provoca el discurso extremista en las redes sociales”, según Marco Schneider, investigador del estatal Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología (IBICT) y profesor de la Universidad Federal Fluminense, de la ciudad de Niterói, cercana a Río de Janeiro.

“La plataformas invierten en la curiosidad mórbida, el sensacionalismo, los escándalos y teorías de la conspiración que enganchan y así monetizan. También cobran por impulsar la audiencia. Todo eso las acerca de la extrema derecha, no necesariamente por un alineamiento ideológico”, explicó a IPS en Río de Janeiro.

“La acción judicial es lenta, reacciona cuando el daño ya está hecho. No responde a la realidad tecnológica actual, es ineficaz en el nuevo contexto. Por eso la necesidad de un regulación ágil, que quite de la red contenidos delictivos en tiempo hábil”: Marco Schneider.

“Ambos ganan audiencia y dinero, no por recurrir a la razón y la verdad factual, sino a la emoción y sus efectos en las personas. Así noticias aberrantes repercuten más que las vinculadas a la realidad. No es novedad, los viejos diarios populares ya lo hacían”, corroboró Carlos Muller, periodista y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Brasilia.

Además los dueños de tales plataformas son típicos derechistas en Estados Unidos, contra regulaciones públicas, que reclaman el derecho de silenciar los críticos y reprimir los “diferentes”, acotó por teléfono desde Brasilia

La libertad de expresión, alegada por la extrema derecha, es un argumento importado de la mentalidad “ultraliberal” de Estados Unidos, que tolera grupos supremacistas, incluidos nazistas. Pero la Constitución brasileña es menos indulgente con discursos y conductas fomentadoras de la violencia, comparó Schneider.

Justicia lenta en un mundo digital

Los opositores niegan la necesidad de la Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet, su nombre oficial, entre otros argumentos, porque delitos como difamación, calumnia y racismo ya están previsto en las leyes penales.

“Pero la acción judicial es lenta, reacciona cuando el daño ya está hecho. No responde a la realidad tecnológica actual, es ineficaz en el nuevo contexto. Por eso la necesidad de un regulación ágil, que quite de la red contenidos delictivos en tiempo hábil”, destacó Schneider.

Se trata de refrenar y castigar delitos tipificados en la legislación nacional, pero que al ser cometidos dentro del mundo cibernético, alcanzan extensas colectividades y escapan de la justicia tradicional.

Otra dificultad es identificar a sus autores, muchas veces anónimos o ubicados fuera del país y cuyas acciones son delegadas a robots. Por ello, aducen los especialistas, es mejor contener tales delitos de manera específica, o por lo menos sus daños masivos, o virales como se dice en el ámbito de las redes sociales.

“(Plataformas y ultraderecha) ganan audiencia y dinero, no por recurrir a la razón y la verdad factual, sino a la emoción y sus efectos en las personas. Así noticias aberrantes repercuten más que las vinculadas a la realidad. No es novedad, los viejos diarios populares ya lo hacían”: Carlos Muller.

El proyecto de Ley de las fake news (noticias falsas), como lo llaman sus defensores y los medios, lo aprobó el Senado en junio de 2020, en respuesta a la oleada de mentiras que contaminó las elecciones de 2018, las que alzaron el candidato de extrema derecha, Jair Bolsonaro, a la presidencia de Brasil.

A las falsedades informativas se sumaron el llamado discurso de odio, estimulando la violencia, y la difusión de argumentos golpistas, como la ocurrencia de fraudes en la votación electrónica usada en Brasil desde 1996. Las redes sociales son el principal medio de propagación de ese ambiente desestabilizador.

El proyecto de ley, también conocido por su número PL 2630, perdió empuje en la Cámara de Diputados, de cuya aprobación depende su vigencia

Pero ganó urgencia después que multitudes invadieron las sedes de los Tres Poderes en Brasilia, en un declarado intento de golpe de Estado el 8 de enero, y ataques mortales a escuelas seguidos de amenazas de nuevas matanzas en las redes sociales diseminaron el pánico entre estudiantes, docentes y sus familias.

La Cámara aprobó el rito urgente para votar el PL 2630 el 25 de abril. Eso dispensa el debate en varias comisiones y adelantar la aprobación directamente en una sesión plenaria que debería ocurrir el 2 de mayo. Pero se decidió aplazarla sine die, ante discrepancias en varios puntos.

¿Quién regulará?

Además hay indefinición sobre la entidad encargada de ejercer la regulación y monitorear las redes, con autoridad para sacar contenidos ilegales.

Una fuerte candidata es la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), reguladora de las operaciones telefónicas desde 1997, pero que tiene el escollo del “conflicto de intereses”, por la competencia entre telefonía e internet y su falta de experiencia específica, observó João Archegas, investigador principal del Instituto de Tecnología y Sociedad.

En su opinión, “la alternativa más factible”, por contemplar todos los actores y un cierto equilibrio, es la propuesta del Colegio de Abogados de Brasil (OAB), de crearse un Consejo de Políticas Digitales.

Esa institución se conformaría con representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de la misma OAB, de Anatel, el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) y la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD).

El Cade es el órgano gubernamental encargado de mantener la libre competencia, evitar monopolios y castigar la cartelización de empresas o sectores, mientras la ANPD cuida los datos personales y los secretos industriales y comerciales.

Se propone también que las mismas plataformas digitales se junten en un ente de autorregulación y definición de los contenidos permitidos y los violadores de la nueva ley. Al Comité Gestor de Internet, órgano independiente, le tocaría hacer estudios y recomendaciones a las plataformas.

En distintos puntos del PL 2630 hay conflictos entre los interesados en el flujo de informaciones. La propuesta actual permite a cualquier usuario denunciar contenidos que considere ilegal, lo que obligaría la plataforma a adoptar medidas ante la simple notificación, sin criterios definidos de responsabilidad.

“Eso configura una censura previa” y puede afectar gravemente la plataforma, señaló Archegas a IPS, por teléfono desde Curitiba, una capital sureña de Brasil. Es distinto en Europa donde se exige denuncia con criterios definidos y firmada, para la debida responsabilización.

Otro punto de conflicto es el protocolo de seguridad, que puede decretar una emergencia unilateralmente, por un mes prorrogable por otros meses, sin límite fijado, haciendo la plataforma solidaria con los daños eventuales, en discrepancia con derechos reconocidos en el Marco Civil de Internet desde 2014.

Las discrepancias aún existentes aconsejan la continuidad de los debates, en desmedro de la urgencia adoptada por los diputados, concluyó el investigador.

*Este trabajo fue publicado originalmente en IPS Noticias. Aquí puedes ver el original.