La propuesta de tener mandos únicos de policías estatales para evitar la infiltración de grupos criminales en las policías municipales va y viene de un sexenio a otro, junto con pactos, acuerdos y decálogos de seguridad. En el discurso oficial, la corrupción generadora de violencia se concentra en los municipios y la solución es sacar a los malos del cuento. Esta es la parte que le falta a esa historia

Texto: José Ignacio De Alba.

Fotografía: Daniela Pastrana.

Gráficos: Fernando Santillán y Arturo Contreras.

CARDEL, VERACRUZ.- Luis Alberto Valenzuela dejó de ser paramédico y entró a la policía municipal para ganar 2 mil pesos más de los 4 mil que cada mes recibía en la Cruz Roja por su trabajo de socorrista. Andaba enamorado y quería tener unos pesos en la bolsa para llevar de paseo a su novia y ayudar a su madre con los gastos de la casa. Así que consiguió trabajo en la policía de Úrsulo Galván, un municipio que está a 10 minutos de su casa. Tenía 28 años.

El 11 de enero de 2013, a las 6 de la tarde, ocho policías de Úrsulo Galván, salieron a hacer un rondín de rutina. En la colonia El Arenal fueron interceptados por cuatro patrullas de la policía estatal (entonces llamada Fuerza Táctica). Los estatales los desarmaron y se los llevaron detenidos.  Desde entonces no se ha vuelto a saber de ellos. Luis Alberto, el más joven del grupo, llevaba ocho meses en la policía. Aún no sabía que iba a ser padre de un niño que ya cumplió dos años.

“Muchas veces pienso si fue un error que entrara a la policía… ¡tantas vidas que salvó él!”, dice Martha González, su madre.

“Cuando está lloviendo me pongo a pesar dónde estará mi hijo, si se estará mojando. A estas alturas no sé si exista dios, o dónde está dios. A veces quisiera pensar que mi hijo se fue de viaje, para estar más tranquila. Es como una muerte lenta. Vivo drogada… pero de pastillas, no vaya usted a creer”, bromea la mujer, mientras toma píldoras para los nervios.  

Los policías desaparecidos no eran originarios de Galván, sino de José Cardel, el municipio de 20 mil habitantes que colinda al sur y donde –dicen los pobladores– “a la gente se la traga la tierra”.

Galván y Cardel se ubican en la región conocida como el Sotavento, un lugar donde abunda la caña y el agua dulce. El Rio Atocpan divide los dos municipios y en el delta del río, en la Playa Chachalacas, las familias se divierten y comen mojarras. Pero hace tiempo que las noches le dejaron de pertenecer a los trasnochados bebedores de cerveza. En esta zona de Veracruz, media hora al norte del puerto jarocho, los Zetas, el Cártel del Golfo, y más recientemente, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, han marcado en los pueblos la cara del terror.

Los 16 policías que hace tres años tenía el Ayuntamiento de Galván trabajaban con un contrato temporal. No tenían seguro social, ni seguro de vida, ni vacaciones. En cada rondín se jugaron la vida y en cada trienio el empleo. El día que salieron a hacer su último patrullajeusaron la única camioneta que tenía la comandancia municipal. En el grupo iban el Comandante, Juan Carlos Montero Parra, y el Segundo Comandante, Agustín Rivera Bonastre. Algo inusual, porque siempre se dividían los turnos, asegura Rosario Sayago Montoya, esposa del comandante Montero.

Al día siguiente de la desaparición de sus compañeros, los policías que quedaban en Úrsulo Galván entregaron su renuncia y sus armas. El alcalde, Martín Verdejo, primero levantó un acta por la desaparición de la patrulla y las armas, y después presentó la denuncia por la desaparición de sus policías. La patrulla fue localizada cerca de Laguna Verde, quemada y sin evidencia de disparos, ni huellas, ni sangre. Las esposas y la madre de los oficiales esperaron 15 días afuera del Palacio Municipal una respuesta que nunca llegó.

La pérdida fue doble para Aurora Montero, esposa del comandante Rivera: un mes después de la desaparición de su esposo, unos hombres se llevaron a su hermano menor, Juan José, de una gasolinería. El joven, de 33 años, la había acompañado a tocar las puertas de las autoridades para exigir la búsqueda de los policías.  Tampoco se volvió a saber de él.

Las mujeres –esposas y madre de los policías desaparecidos– han hecho por su cuenta la investigación que el gobierno de Veracruz no hizo. Por los pobladores de El Arenal supieron que se los llevaron policías estatales. Lo confirma su sentido común: “Si los hubiera enfrentado el crimen, se hubieran defendido y ahí se hubieran muerto, de tontos se dejan atrapar para que los torturen… No, ellos se dejaron detener y entregaron las armas porque era una autoridad superior”

También están convencidas de que el alcalde pudo hacer mucho más en los primeros días, “pero se hizo guaje”. Igual que los funcionarios estatales y federales, como el ex secretario de gobierno de Veracruz, Gerardo Buganza, quien les prometió buscar “por cielo mar y tierra” a los policías pero dejó el cargo sin iniciar la búsqueda. O un oficial de la Marina que les recomendó que  pagaran a niños para que se fueran a buscar los cuerpos entre los cañaverales.

“Nadie nos ha tratado mal, pero la cosa aquí es que no tenemos respuestas en la investigación. Nadie sabe nada. Nadie se los llevó”, resume Rosario Sayago.

La primera línea de fuego

El pasado 13 de enero, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que encabeza el mexiquense Eruviel Ávila, revivió la iniciativa de reformas constitucionales que el presidente Enrique Peña Nieto había enviado al Senado en diciembre de 2014 para crear policías estatales únicas, que tomen el mando de la seguridad de los municipios del todo el país. La iniciativa fue una respuesta a la crisis política que provocó la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero. Pero en febrero de 2015, cuando inició el periodo de sesiones en el Congreso, las prioridades políticas habían cambiado y la iniciativa se quedó atorada un año, hasta que el asesinato de la alcaldesa de Temixco, en Morelos, revivió el interés de los gobernadores.

El principal argumento para centralizar la seguridad en los estados es que las policías municipales son fácilmente corrompidas por los grupos criminales, porque son las que están en la primera línea de fuego de la guerra entre cárteles.

No es una idea nueva. Desde el 2008 cuando asesinaron a Fernando Martí y se firmó el Acuerdo Nacional de Seguridad, el ex presidente Felipe Calderón ofreció la depuración de las policías y meses después presentó la propuesta del Mando Único con el propósito de cambiar las más de 2 mil policías municipales por 32 mandos estatales. Cuando formalizó la iniciativa, en el 2009, declaró que el objetivo era “lograr que, sin importar quién gobierne o a qué partido pertenezca, los mexicanos estén protegidos por una policía honesta y profesional”.

“Se toman decisiones, por el momento, son proyectos políticos que pretenden resolver el problema de manera inmediata, pero no a largo plazo”, dice Martín. Barrón, criminólogo  investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales.

Para Barrón y otros especialistas, el problema no es cuántas policías sean, sino que cumplan las condiciones de profesionalización, certificación y controles ciudadanos que se han ofrecido en cada anuncio de una nueva policía. Sin eso, nada garantiza que las policías estatales no sean corrompidas.

El último informe de la organización Causa en Común sobre el avance de las evaluaciones de control de confianza a las policías del país lo demuestra: Veracruz fue el estado con el mayor número de policías reprobados en los exámenes de confianza. El 27 por ciento de más de 3 mil policías municipales que presentaron la prueba reprobó; pero el porcentaje de reprobados en la policía estatal es mucho mayor: 41 por ciento de 9 mil 600 policías.

Peor aún, en las dos policías, todos los reprobados siguieron trabajando.

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Da click en los estados, conoce el índice de reprobación de los exámenes de confianza de las policías estatales y municipales que aún siguen en el cargo. Fuente: Causa en Común

Les dan armas, pero no escudos

En el municipio de José Azueta — 200 kilómetros al sur de Úrsulo Galván–, los policías municipales patrullan las calles de la ciudad a pie, porque el único vehículo que tienen está desvencijado y rara vez funciona.

José Azueta es un municipio cañero. En la temporada de zafra los campesinos que se abren paso cortando los cañaverales encuentran cadáveres de personas entre la hierba crecida que fue aprovechada por los victimarios para ocultar sus crímenes. Tiene 44 mil habitantes, 47 localidades y 19 policías municipales.

La única camioneta de la policía, está destartalada. Pero esa es sólo una de las dificultades que tienen los policías para trabajar, que no han tenido un aumento de sueldo en tres años y tienen que comprar con su sueldo hasta los uniformes que utilizan.

“Apoyo la verdad no tenemos, si se enoja el alcalde por lo que yo diga pues que me corra”, dice el comandante, quien tuvo que ahorrar de su sueldo de 6 mil pesos al mes para comprarse un chaleco antibalas, que le costó 18 mil pesos. Los policías también se cooperan para la comida diaria, que a veces comparten con el ladrón o borrachín que pasa la noche en las barandillas del lugar, un cuartucho con una colchoneta en el patio de la casa.

La comisaría municipal de José Azueta es una casa rentada, en la que se necesitan cubetas para acarrear el agua a los baños. La entrada a los cuartos no tienen puerta y  en el techo del dormitorio de los policías hay tendederos para la ropa recién lavada, en las recamaras duermen con su arma en los pies y con la Virgen de Guadalupe en la cabecera.

En la estación hay una radio operadora y una cocinera. Una tercera mujer luce su exuberante figura en un calendario, que por algún motivo quedó detenido en el mes de marzo de 2014.

En los últimos años, estos policías se han enfrentado a situaciones que los rebasan con facilidad. En ocasiones han tenido que acuartelarse antes que enfrentarse contra gente armada.

— ¿Por qué sigue siendo policía?

— Me gusta, me gusta este tipo de trabajo.

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Victimarios y víctimas

El ataque a los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, convirtió a los policías municipales en el ícono de la putrefacción policial del país. En el discurso del gobierno federal, los policías municipales de Iguala y Cocula son los únicos responsables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes. No hay agentes estatales o federales detenidos o investigados.

Pero a finales de noviembre de 2015, familiares de personas desaparecidas en Guerrero que  buscan rastros en los cerros que rodean Iguala hallaron en un ejido de Tijeritas una fosa con restos de 9 personas. Los cuerpos no llamaron especialmente la atención de los buscadores, que  en 14 meses han encontrado más de 130 cuerpos en fosas clandestinas. Sin embargo, estos 9 cuerpos tenían una característica común: restos de uniformes de policías municipales.

Los cuerpos tendrían entre 2 y 3 años enterrados, según lo que los peritos de la PGR dijeron al grupo de Los Otros Desaparecidos.

“Yo creo que (los policías municipales desaparecidos) son personas que en su momento no quisieron, o no estuvieron de acuerdo en la manera de actuar de ellos (los criminales)”,
dice Carmen.

Su esposo, Saturno Giles Beltrán, es un policía municipal de Iguala adscrito en la sección de recuperación de vehículo, que desapareció el 8 de marzo de 2015.  

Saturno salió de su casa rumbo a la Universidad del Valle de Iguala, en la que estudiaba la licenciatura de derecho. Y ya no regresó. Como no regresó tampoco su compañero de la policía municipal, Minael Salgado, quien desapareció al día siguiente que Saturno.

Los dos policías desaparecieron cuando el Mando Único ya estaba operando en Iguala. Y según un documento interno de la Secretaría de Seguridad Pública local al cual Pie de Página tuvo acceso, la dependencia reconoce que están desaparecidos al menos a otros tres policías municipales más.

Carmen está segura de que ninguno de los cuerpos encontrados en la fosa de Tijeritas es de su esposo. Primero, porque él no llevaba uniforme el día que desapareció. Pero también porque los cuerpos fueron enterrados mucho tiempo antes de que Saturno desapareciera.

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En julio del 2015, fue asesinado Joaquín Hernández, el único policía que quedaba en Guadalupe, Chihuhaua. Lo acribillaron junto con su hijo de 14 años, a medio kilómetro de la línea fronteriza. Dos semanas antes, habían asesinado a golpes al jefe de la policía municipal y sus compañeros habían renunciado.

En Ajuchitlán, Guerrero, 28 policías se dedican a cortar el pasto y las ramas de los árboles.

En Matamoros, Tamaulipas los ladronzuelos, borrachines y golpeadores de mujeres andan sueltos, porque desde que desapareció la policía municipal, nadie se ocupa de atender los delitos de bajo impacto.

Entre enero y marzo de 2015,  policías de Acapulco –la ciudad más violenta del país– realizaron manifestaciones en demanda de sus salarios caídos. Las imágenes de policías municipales en paro se replicaron durante el año en Nayarit, Michoacán, Chiapas, Querétaro y Guanajuato.

Y apenas arrancando el 2016, policías de Tres Valles, en Veracruz, donde está el rancho en el que se descubrieron más de 30 cuerpos en fosas clandestinas en 2014, se manifestaron frente al palacio municipal porque no les habían pagado su primera quincena del año.

¿Qué piensan estos policías de que los políticos digan que son los más corruptos y cooptados por el crimen?

“Ellos, los políticos, son los que nos tienen más abandonados”, responde uno de ellos.

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