La aprobación de la reforma a la Ley Minera ha llegado a su último eslabón: el Senado de la República. Sin embargo, los ánimos están divididos, pues mientras unos aplauden esta iniciativa, otros piden tiempo para consultar a empresarios. El debate se definirá en las próximas horas

Texto: Kau Sirenio 

CIUDAD DE MÉXICO. – El senador José Narro Céspedes fue contundente en la conferencia de prensa que el grupo parlamentario de Morena dio a unas horas de que iniciara el debate sobre la reforma a la Ley Minera:

«Le pedimos a la presidenta de la Comisión Minera y Desarrollo Regional, y Estudios Legislativos Segunda para que pare el cabildeo con las empresas minera e instalen la mesa de trabajo para empezar la discusión sobre la ley minera”. 

La acalorada dicción del senador Narro Céspedes vino después de que las comisiones unidas de Minería y Desarrollo Regional, y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, declararan un receso en el debate de la nueva ley minera. 

La propuesta de senadores del Acción Nacional, Movimiento Ciudadanos y Verde Ecologista es llevar la discusión a un Parlamento abierto, así como a un periodo extraordinario de sesiones con el pretexto de incluir a todos los sectores que según, argumentaron, “no fueron consultados”. 

El motivo real, intuyen algunos especialistas, es saltarse el momento político que puede reformar la Ley minera en el país, una legislación que desde hace más de 30 años no se ha modificado.

Los sectores que les preocupan a los legisladores son los empresarios mineros, una de las industrias que ha saqueado el territorio de pueblos y comunidades indígenas al amparo de una legislación que nació con el TLCAN. En segundo plano colocaron a los trabajadores de minería, y en tercer lugar quedaron los principales afectados por esta industria: los pueblos. 

La discusión llega al Senado después de que la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Minera. El dictamen, que modificó la propuesta inicial enviada por el Ejecutivo Federal, ahora llega al Senado para su discusión y aprobación. Ante la posible votación en el pleno, la oposición pidió un receso con el argumento de que se tiene que leer y someter al escrutinio de la academia y comunidades indígenas. 

Pero en realidad, acusaron senadores de Morena, su intención es alargar la discusión a petición de los intereses del lobby minero que negocia en los pasillos del Senado.

Cabilderos y hermetismo en los pasillos del Senado

En conferencia de prensa en el patio del Senado, senadoras y senadores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) defendieron la propuesta que les enviaron los diputados. Anunciaron que no van a mover una sola coma “porque garantiza los derechos humanos de las comunidades indígenas”. 

«En 1992 se hicieron cambios a la Ley Agraria y a la Ley de Agua y Minería, que le daba derecho a las mineras a la expropiación de la tierra. El 60 por cierto del territorio está concesionado a la minería. Es por eso que vamos a cambiar la ley por el bien de México y del planeta» señalo el senador Narró Céspedes. 

En su intervención, la senadora Marta Malú Micher explicó que “esta ley, con todas las modificaciones que trae, nos sirve porque tiene un enfoque de derechos humanos. Sobre todo cuando se afecta a las comunidades, porque pueden revocar las concesiones”. 

La discusión empezó en las comisiones unidas de Minería y Desarrollo Regional, y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República. Esto sucedió una hora antes del mediodía del martes. Ahí, el senador del Partido Verde Ecologista de México, Raúl Bolaños Cacho Cue, reconoció el avance en la ley, pero fue el primero que planteó un receso para revisar a fondo a la ley minera. 

Algunos otros, como Xóchitl Gálvez, dieron sólo dieron cuenta de su ignorancia.

“No he leído la ley”

Entrevistada en los pasillos del Senado, la senadora por el Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, dijo que la ley contiene avances con respeto a la protección del medio ambiente y protege a las comunidades indígenas, pero su argumento para no votar a favor es porque no se consultó a los pueblos indígenas. También, porque no la ha leído.

“La ley tiene avances, pero trae defectos. Nadie la ha leído, ni siquiera yo la leí, tal vez lo haga en la noche porque en este momento no tengo tiempo. Es buena pero no consultaron a los pueblos y comunidades indígenas, eso por eso que no votaré” aclaró la panista Xóchitl Gálvez. 

Uno de los acuerdos a los que llegaron los legisladores sobre la iniciativa presidencial es la reducción del plazo para revocar concesiones mineras que, de 50 años y una prórroga por su mismo tiempo, ahora sería de 30 años, con una renovación de 25, y la posibilidad de concursar por una nueva concesión a 25 años. 

“Estamos en comisión permanente y vamos a esperar que pase la ley. Queremos que las empresas mineras entreguen el 5 por ciento para el desarrollo de las comunidades indígenas. Ellos no quieren repartir su riqueza, ni el agua, es por eso que queremos que esta la ley pase tal cual como lo mandó la Cámara de Diputados. Esto para que nosotros no nos atoremos en enredos”, defendió la senadora Antares Vázquez Alatorre. 

Hasta el cierre de la edición, aún no se reanuda el debate en las comisiones de Minera y Desarrollo Regional, y Estudios Legislativos Segunda. Mientras que senadoras y senadores mantienen cabildeo con las fracciones parlamentarias de sus partidos políticos. Entre los pasillos, también se rumora la presencia de representantes de las empresas mineras, quienes tienen especial interés para que esta ley no avance.