A ocho años y medio de la desaparición forzada de los 43 normalistas, los expertos independientes aseguraron que existen entre 80 y 90 documentos elaborados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala que podrían esclarecer lo ocurrido, pero se les ha negado el acceso

Texto: Eliana Gilet / A dónde van los desaparecidos*

Fotos: Eliana Gilet y Saúl Peña

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) mostró, por primera vez, un documento elaborado por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala que prueba la existencia de un conjunto de información que permitiría esclarecer lo ocurrido en la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Esta documentación ha sido sistemáticamente ocultada y su existencia negada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), desacatando la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, que mandata a todas las instancias de gobierno a entregar la información existente referida al caso y que pueda ser útil para la localización de los normalistas.

Ante las madres y los padres de los estudiantes, en una conferencia de prensa realizada el viernes en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la abogada colombiana Ángela Buitrago y el médico vasco Carlos Beristain revelaron que existen decenas de documentos clave para dar con el paradero de los muchachos, los cuales tienen la información recabada en tiempo real por el CRFI de Iguala, un nuevo actor en la telaraña institucional que oculta la verdad sobre lo sucedido.

Estos centros forman parte de la estructura de la Sedena y se habían mantenido ocultos hasta que el GIEI reveló su existencia, en octubre del año pasado.

“Hay un tipo de documentos que ustedes ya conocen, que se llaman CRFI”, precisó Beristain, “de los que se nos ha entregado una parte, pero calculamos que hay unos 80 o 90 documentos, que sabemos que existen por las numeraciones, a los cuales no hemos tenido acceso y son muy relevantes”.

“Es importante señalar”, añadió Buitrago, integrante junto con Beristain del órgano encargado de realizar una investigación independiente de lo sucedido a los estudiantes, “que estos documentos del CRFI ya han sido negados, hemos intentado reconstruir los números que faltan y se ha generado una última respuesta de que no existen más”.

Para desmentir esta versión, a sus espaldas se proyectó la imagen de un documento con membrete de la Sedena, enviado desde el CRFI de Iguala y dirigido al comandante de la IX Región Militar, con los sellos de “urgente” y “secreto”, y una fecha que consideraron clave: 15 de octubre de 2014.

Este documento, que no fue mostrado completo por cuestiones de reserva, tiene la siguiente inscripción, que leyó Buitrago: “Me permito remitir a esa superioridad la siguiente información técnica, por ser de interés de ese mando”. El eufemismo “información técnica” refiere a un “monitoreo o seguimiento a conversaciones”, es decir, a interceptaciones telefónicas mediante sistemas de vigilancia. Sobre esto, el GIEI mostró dos líneas del documento que dicen que “se tuvo conocimiento sobre una conversación entre integrantes de la organización delictiva Guerreros Unidos, con presencia en la ciudad de Iguala, Guerrero, donde mencionan…”.

La fecha es el 15 de octubre de 2014, dieciocho días después de la desaparición forzada de los normalistas. La abogada explicó que los CRFI permiten conocer qué personas actuaban  esa noche y, sobre todo, “dónde podían estar, a través de esas comunicaciones, los muchachos que fueron desaparecidos”. “La importancia de los CRFI no es simplemente un nombre o una denominación”, añadió, “es una labor que realiza la Sedena, sobre la necesidad de estar siguiendo las comunicaciones”.

El GIEI revisó parte de estos documentos por primera vez en abril de 2021, cuando sus integrantes tuvieron acceso a los archivos de la 35 Zona Militar, ubicada en Chilpancingo; de la IX Región Militar en Acapulco, y de la sede del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Fue un hecho inédito que requirió la presencia in situ del subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas para abrir políticamente esas puertas.

El 1 de octubre de 2021, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) dio a conocer a través de Encinas, su titular, dos documentos obtenidos del Estado Mayor de la Defensa Nacional, fechados el 26 de septiembre y el 4 de octubre de 2014, que evidencian esta labor de vigilancia: fragmentos de la transcripción de conversaciones interceptadas en tiempo real, entre presuntos integrantes de Guerreros Unidos, que aluden a los jóvenes desaparecidos.

Beristain sostuvo que el GIEI sabe que estos registros no fueron breves sino continuados en el tiempo, que existe una amplia información a la que han pedido acceso y, también, que las conversaciones interceptadas son analizadas en una “sección especial destinada al monitoreo de estas actividades”. Como prueba de esto último, mencionó otro documento en poder del GIEI, fechado el 8 de octubre de 2014, que fue enviado por la Comandancia del Campo Militar 1 en la Ciudad de México a la 35 Zona Militar en Guerrero, citando “información técnica” obtenida por los CRFI. Allí se habla de “las órdenes que se impartieron para confundir la versión de Ayotzinapa, desde el principio”.

Los expertos señalaron que existen pruebas de la existencia de documentos como el que se mostró en la pantalla, de cómo se obtuvo la información para elaborarlos y cómo se analizó en consecuencia. Incluso hay evidencia de que, en mayo y agosto del año pasado, los archivos que albergaban estos documentos fueron cambiados de lugar.

“Esto se le ha informado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha solicitado que se le informe de manera directa”, apuntó Buitrago ante el silencio del auditorio. “Esto, obviamente, importa en la investigación porque cada elemento que se pueda sumar como parte de ese ajedrez, permite encontrar el destino de los estudiantes”, dijo.

Beristain fue tajante al afirmar que el hecho de no proporcionar información constituye una “tortura psicológica, un maltrato” a las familias de las víctimas. “Hay un miedo a la verdad”, sostuvo.

Hace un año, en marzo de 2022, el GIEI denunció también que la Secretaría de Marina manipuló el escenario del basurero de Cocula el 27 de octubre de 2014, donde se aseguró que los estudiantes habían sido  asesinados e incinerados por Guerreros Unidos. Las acciones de los marinos en el lugar nunca se integraron al expediente del caso.

El viernes, los expertos mencionaron que no solo realizaron operativos ese día, sino que existe evidencia y testimonios de que actuaron desde meses antes, que detuvieron personas y participaron en la construcción de la impugnada “verdad histórica”, utilizando la tortura para conseguir falsas confesiones sobre lo sucedido.

Parálisis intencional

El quinto informe del GIEI, titulado Una visión global sobre los hechos, las responsabilidades y la situación del caso Ayotzinapa, es un recuento, a ocho años y medio, de lo que se sabe sobre la desaparición de los normalistas, que permite profundizar en el análisis de la información que continúa surgiendo, y ayuda a la hora de separar la paja del trigo.

“Estamos en un momento clave, aunque ha habido muchos, estamos ante […] techos de cristal porque hemos llegado a avances significativos, y también [frente a] agujeros negros, donde la información desaparece, no se conoce o se oculta”, consideró Beristain al inicio de la presentación del informe.

Entre los avances, el GIEI incluyó la judicialización del caso de Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, quien está preso desde agosto del año pasado, procesado por los delitos de tortura y desaparición forzada. También señaló que existe información suficiente para volver a solicitar las 21 órdenes de captura contra “sujetos del ejército, juez de barandillas y otros” que fueron “tiradas abajo” tras un episodio que evidenció la intromisión del despacho del fiscal general y la División de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República en la independencia de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), lo que causó la salida de su titular, Omar Gómez Trejo.

Los expertos señalaron que existe una cantidad no definida de órdenes de aprehensión pendientes de cumplir contra antiguos funcionarios que siguen activos, trabajando en el gobierno, en especial las dirigidas a exagentes del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que dependía de la Secretaría de Gobernación. La principal captura pendiente es la de Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), acusado de tortura y desaparición forzada de personas, quien reside desde 2019 en Israel, país donde solicitó asilo y que no tiene un acuerdo de extradición con México.

Quien también intentó asilarse, pero en Estados Unidos, fue Alejandro Tenescalco Mejía, supervisor de la policía de Iguala durante el ataque a los estudiantes. Fue detenido por la Patrulla Fronteriza el 20 de diciembre de 2022, cuando intentaba cruzar la frontera clandestinamente. El 18 de enero de este año fue entregado a las autoridades mexicanas en el cruce internacional San Jerónimo-Santa Teresa, en Ciudad Juárez.

Entre los retrocesos, el GIEI señaló la demora excesiva en los tiempos fiscales, la intromisión de otras autoridades en la labor de la UEILCA, con el nuevo fiscal Rosendo Gómez Piedra, y los límites impuestos a los expertos para interrogar testigos, en particular, a las personas detenidas en 2014 y señaladas como perpetradores.

Existe, sobre todo, una triste convicción de que lo sucedido en Iguala pudo haberse evitado si no hubiese habido, en palabras de Beristain, “una especie de parálisis intencional” de las autoridades estatales y federales. El experto sostuvo que estas instancias han tratado de instalar la versión de que “no se supo” qué ocurría durante las más de cuatro horas del ataque armado que mantuvo a la ciudad paralizada por la violencia y el miedo.

Incluso se mencionó un documento del segundo semestre de 2022, en el que la Sedena ordenaba, según el informe, que las respuestas en el caso Ayotzinapa “‘se acuerden’ entre diferentes secciones y ‘se otorguen en los términos que se acuerde’”.

“Se tienen muchas pruebas de que se sabía lo que estaba pasando y se dejó que pasara. Y hasta que pasó, se intervino. Esto evidencia la parálisis intencional de la autoridad. No se puede volver atrás sobre eso, está demostrado”, afirmó Beristain.

Hay datos que indican que la decisión de desaparecer a los jóvenes fue tomada en las primeras horas del día 27 de septiembre de 2014 y no en el momento de su secuestro, sobre las diez de la noche del 26, apuntó. El informe precisa que varios normalistas fueron llevados al Palacio de Justicia, y todavía a la una de la madrugada del 27 hubo actividad en los teléfonos de algunos estudiantes. “Una actuación temprana hubiera evitado las desapariciones”, concluye. Se les pudo proteger, pero no se hizo.

El GIEI continuará trabajando durante tres meses más en México, y anunció que están siendo analizados otros restos óseos hallados en búsquedas, que fueron señalados por un informante anónimo como pertenecientes a los normalistas. A fines de abril se conocerá el resultado de las pruebas genéticas.

Las familias de los estudiantes se retiraron sin hablar con la prensa. Su despedida fue el grito que las identifica: “¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!”.

*http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).