Durante la presentación del quinto informe sobre el caso Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes resaltó que las acusaciones en contra del ex procurador Jesús Murillo Karam son las únicas sostenibles en estos años. También refirieron que hay 16 órdenes de aprehensión contra militares involucrados en la desaparición de los normalistas, pero el ejército se ha mostrado renuente a dar más información.

Texto: Kau Sirenio

Foto: Alexis Rojas

CIUDAD DE MÉXICO. – Para el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el caso de Jesús Murillo Karam sigue en la judicialización por su responsabilidad en el caso Ayotzinapa. Es el único caso sostenible y judicializado en la investigación.

“La Procuraduría General de la República (PGR) es responsable de la construcción de la llamada Verdad Histórica, para tratar de cerrar el caso Ayotzinapa, ocultando las responsabilidades de diferentes corporaciones e instituciones del Estado, imponiendo una versión que limitaba los hechos al narcotráfico y dos policías municipales y el presidente municipal de Iguala” explicó Carlos Beristain.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Angela Buitrago y Carlos Beristain integrantes de la GIEI presentaron el quinto informe sobre el caso Ayotzinapa.

“Las averiguaciones o carpetas de investigaciones, algunas de ellas con imputado conocido, otras abiertas contra quien resulte responsable, son fundamentales para poder determinar responsabilidades, tanto sobre los hechos como de todas las formas de obstrucción, que en últimas se constituyen en formas de perpetuar la desaparición forzada con participación de todos los actores institucionales que permitieron mantener el ocultamiento modificando las versiones, los hechos y las actas” leyó Beristain.

De acuerdo con los expertos independientes, para construir la llamada «Verdad Histórica» hubo una coordinación con las instituciones del gobierno, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la PGR, quienes ocultaron la dimensión de los hechos.

“Se realizó y materializó a través de la elaboración de documentos falsos de diligencias judiciales, partes de detención alterados, de puestas a disposición falsa. Los medios de comunicación siguen presentando información distorsionada y entrevistando a testigos que participaron en los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala” detalló el experto independiente.

Por otra parte, Angela Buitrago presentó un documento que explica cómo fue la comunicación entre los elementos del Órgano de Búsqueda de Información (OBI).

“Estos documentos fueron puesto a disposición por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en enero de 2021, y otros documentos recabados por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa”.

Los comisionados dijeron que las acciones de búsqueda e investigación realizadas por la AIC se llevaron a cabo en la más alta coordinación interinstitucional. También dijeron que esa investigación se utilizó para dar una versión de la historia, pero no para resolver el caso y seguir las informaciones sobre el paradero de los normalistas desaparecidos.

16 órdenes de aprehensión contra militares

Del mismo modo anunciaron la reactivación de las órdenes de aprehensión canceladas el año pasado. En total son 21, 16 de estas es contra militares.

El GIEI urgió al nuevo titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Rosendo Gómez Piedra, la detención de los ex funcionarios de Centro de Investigación de Seguridad Nacional (CISEN) involucrados en acto de tortura.

Los expertos explicaron qué seis de las 21 ordenes de aprehensión tienen que reactivarse, de las seis orden de captura, cinco son contra militares, como el coronel Hernández.

Otra es contra el juez de barandilla, Ulises Bernabé, quien tenía a cargo la barandilla de la Policía de Iguala.

“Durante la noche de los hechos, los muchachos fueron llevados a la Barandilla”, añadieron los expertos.

Los integrantes del GIEI explicaron que militares declararon ante la UEILCA en los últimos años. Esto, permitió saber la presencia de soldados en barandilla de Iguala. De acuerdo a la información, los militares que patrullaron durante la noche en Iguala negaron su presencia en el lugar de los hechos.

Los integrantes del GIEI externaron que el Ejército mexicano se niega a entregar información que recabó a base de espionaje. Estos actos se hicieron de forma deliberada contra la comunidad estudiantil de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgo de Ayotzinapa.

Beristain y Buitrago mostraron un documento elaborado por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) de Iguala. El documento, fechado el 15 de octubre de 2014, menciona a Guerreros Unidos, grupo que había perpetrado el ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa.

El documento muestra la coordinación de todos los niveles de Gobierno en la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas en Iguala el 26 de septiembre de 2014. Los integrantes de GIEI detallaron que desde 2021, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió en seis ocasiones al jefe militar que entreguen toda la información. Esto no ha sucedido.

En conferencia de prensa, Angela Buitrago y Carlos Beristain presentaron un balance de lo ocurrido en los últimos meses. Ahí, los integrantes del GIEI dijeron que las evidencias del informe que había presentado la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa no eran verificables.