Más allá de la guerra de cifras, las jornadas de movilizaciones de los últimos tres meses han sido numerosas y nacionales, amén de que las concentraciones han tenido altas y bajas en razón de diversas situaciones, como el contexto político o el cruce de vacaciones.

Texto: Iván Cadin @ivankdin

Foto: Alain Jocard / AFP

PARIS, FRANCIA.- La décima marcha intersindical en contra de la reforma de pensiones del presidente francés Emmanuel Macron, aprobada por decreto el pasado 16 de marzo, reunió en todo el país, a decir de los sindicalistas, poco más de 2 millones de personas, mientras que para el gobierno fueron 740 mil, cifra menor a la que arrojó la novena jornada del 23 de marzo pasado, que ha sido la de mayor concentración hasta ahora según el registro de los sindicatos, con 3.5 millones de asistentes (un millón 89 mil personas para el ministerio del Interior).

Más allá de la guerra de cifras, las jornadas de movilizaciones de los últimos tres meses han sido numerosas y nacionales, amén de que las concentraciones han tenido altas y bajas en razón de diversas situaciones, como el contexto político o el cruce de vacaciones.

Si bien la manifestación anterior, la más nutrida a decir de los sindicatos, estuvo fuertemente motivada por la entrevista televisiva del presidente Macron, donde ratificó que no movería ni una coma de su ley aprobada por decreto y que significó para los opositores una franca provocación, esta décima manifestación se vio envuelta en la disposición de Macron a “dialogar” con los sindicatos, pero con la advertencia de que no tocaría la polémica reforma de pensiones sino la iniciativa de empleo, aún en papel. Este ánimo de invitar a negociar-sin-negociar fue el contexto de esta décima agenda de manifestaciones.

Como lo hace tras cada jornada de protesta, la intersindical anunció el próximo paso a seguir: nueva jornada de huelgas y marchas (la onceava) el próximo 6 de abril. El secretario general del sindicato Fuerza Obrera (FO), Frédéric Souillot, dijo que a menos que se produzca un “destello de conciencia gubernamental”, estas jornadas continuarán.

La terquedad del presidente

Las diversas organizaciones laborales que conforman la asamblea intersindical que encabezan las jornadas de protesta en Francia contra la ley de pensiones, exigen que ésta sea retirada, puesta en pausa o suspendida para sentarse a dialogar, mientras proponen una mediación entre sindicatos y gobierno. Por su parte, el gobierno de Macron habla de tender lazos con los sindicatos pero sin mediadores y, sobre todo, sin tocar la reforma de jubilaciones. Se presume una posible primera reunión de los sindicatos con Élisabeth Borne en el Palacio de Matignon, sede oficial de la Primera Ministra, pero aún sin confirmarse, dada la falta de acuerdos mínimos.

Borne, ratificada por el momento como primera ministra por Macron, anunció que recibirá a grupos y partidos de la oposición a partir de la primera semana de abril, a la par que dijo querer «tranquilizarse» con los gremios y estar a su «disposición», siempre y cuando el tema no sean los pensiones. Borne, según la ruta planteada por el gobierno, intentará negociar en las próximas semanas para construir «un plan de acción» con el «deseo de acelerar las respuestas a las expectativas de los franceses».

Macron hace apenas unos días en su aparición televisiva había afirmado que los sindicatos no habían expuesto «compromisos» sobre la reforma. La respuesta en esa ocasión del sindicato CFDT, el más grande de Francia y considerado como moderado, vía su dirigente, Laurent Berger, fue fuerte: “Macron está reescribiendo la historia y mintiendo”.

Ahora, ante el diálogo eventual con el gobierno, Berger consideró que “hay que descartar los 64 años y hacer una pausa (para la ley de seis meses). Y hablar de trabajo, de jubilaciones en los meses que vienen.” Pero si el gobierno sigue en la negación a aceptar una mediación, dijo, se trata entonces de una actitud “insoportable”, estando las cosas tan tensas.

Cyril Chabanier, presidente de otro sindicato (la CFTC), reaccionó ante una eventual reunión en el palacio presidencial: “Queremos discutir el tema de las pensiones y en particular la forma de financiamiento y por ende la postergación de la mayoría de edad. Los demás temas son importantes y hubiera sido bueno discutirlos antes para hacer esta reforma y no después, pero no podemos pasar a otros temas hasta que no hayamos resuelto el que nos tiene en vilo en este momento.”

Para el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, la decisión del gobierno de no querer tocar la reforma aprobada refleja que «tenemos un presidente totalmente ciego y sordo que no entiende a su país». «Francia no se lidera con un garrote», dijo por su parte Jean-Luc Mélenchon, de La Francia Insumisa.

«No necesitamos necesariamente una ‘mediación’ para hablar entre nosotros”, dijo el portavoz del gobierno, Olivier Véran. A pesar de la cerrazón del gobierno, el partido Movimiento Democrático, un pequeño partido cercano al presidente Macron, moderó el tono y tendió un puente con la idea: «Es bueno que una o dos personas busquen diálogo y den un paso atrás», afirmó el líder de ese partido, Jean-Paul Mattei.

A estas alturas de la situación, Macron es visto por una amplísima porción de los franceses como un presidente autoritario, déspota, el “monarca republicano” y banquero que vela por los intereses de la oligarquía y no por los de sus gobernados. Este desgaste de la figura presidencial, sumado a la aprobación vía decreto de una reforma de pensiones muy cuestionada y a una moción de censura que estuvo a escasos nueve votos de tirarle la reforma y hacer caer a su primera ministra, tienen al gobierno de Macron con fuerte debilidad política y de credibilidad. Es debido a esto que a muchos sectores de la vida pública les llama la atención la terquedad del gobierno a dialogar.

Las protestas se extienden a otros campos

Si bien las protestas venían siendo fuertes desde enero pasado, el decretazo del 16 de marzo calentó notablemente el ambiente, extendiendo la cólera contra la iniciativa a otros campos ajenos a la política local. El Rey Carlos III de Inglaterra, por ejemplo, quien tenía programada una visita oficial a Francia, tuvo que aplazarla, según la corona británica, a petición del país galo. Por otra parte, en un juego de futbol entre Francia y Países Bajos disputado en el Stade de France, a las afueras de París, dentro de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024 y al que se supone asistiría el presidente francés, finalmente no contó con su asistencia en persona pero sí en espíritu: gran parte de los asistentes, al minuto 49 (en alusión al artículo 49.3 de la constitución que se usó para aprobar la reforma vía decreto), comenzaron a corear “¡Macron, dimisión!”

El ministro del trabajo, Olivier Dussopt, uno de los rostros del gobierno de Macron más relacionados con la reforma dada la cartera que dirige y quien recibió fuertes cuestionamientos de los diputados de la oposición cuando le tocó en la Asamblea intentar justificar la reforma, asumió públicamente hace días su homosexualidad en una entrevista con la revista gay Têtu. Cierta gente se preguntó si el coming-out del ministro, anunciado justo en estos precisos momentos, no tenía la intención de crear una distracción. Dussopt, en la misma entrevista, aseguró que su salida de clóset no era “política de diversión”: “Si esta entrevista se hubiera hecho en otro momento, te hubiera dado las mismas respuestas”.

Amenazas de requisición doblegan algunas huelgas

Tras un alza de la movilización el 23 de marzo, la tasa de huelguistas descendió en la jornada de este martes en el sector público, al haber dejado de trabajar solo el 6.9% de los funcionarios, según un registro del gobierno al final de la jornada, frente a un 15.5% contabilizado el pasado jueves. Es en los ramos de la energía donde se mantiene en más de 25% la taza de huelguistas.

Las amenazas de requisición por parte del gobierno flotan en el aire, inhibiendo el derecho a huelga del trabajador.

Las requisiciones en Francia tienen fundamento jurídico y amenazan a un trabajador en huelga con multas o cárcel si en determinado tiempo no vuelve a su trabajo. Su régimen penal contempla penas de cárcel de seis meses y multas de 10 mil euros. Estas disposiciones legales están contempladas en el artículo L.2211 del Código de Defensa francés y en el L.2215-1 del Código general de colectividades territoriales, donde se permite “requisicionar al número esencial de trabajadores en huelga de una empresa privada cuya actividad sea de importancia particular para el mantenimiento de la economía, para la satisfacción de necesidades esenciales de la población o para el funcionamiento de los servicios públicos”.

Ya se han realizado requisiciones en refinerías, donde la policía se hizo presente con este fin. Si bien el gobierno pudo hacerse de una refinería ubicada en Fos-Sur-Mer, población al sureste del país, la refinería de Normandía, al noroeste de Francia, no pudo requisarla por la organización de trabajadores y gente que llegó a apoyar. El gobierno también intentó romper durante varios días la huelga de los trabajadores de limpia y de las procesadoras de basura que tuvieron a París lleno de bolsas de desechos por doquier desde el 6 de marzo. Sin embargo, dada la falta de huelguistas a raíz de la amenaza de requisición, los trabajadores anunciaron hoy que mañana miércoles suspenden su huelga.

Radicalizados, “procedentes del extranjero”

El gobierno había dicho la víspera que la de este martes 28 sería una marcha con un gran dispositivo policiaco. Y así fue. Gérald Darmanin, ministro del Interior, desplegó 13 mil policías en toda Francia, 5 mil 500 en París. El ministro señaló que se han identificado a unos 2 mil individuos “radicalizados”, muchos de ellos “procedentes del extranjero”, dispuestos a utilizar las manifestaciones sindicales para “desestabilizar las instituciones” francesas.

En una reunión de Macron con sus allegados en el Palacio del Elíseo en la víspera de la nueva jornada, el presidente llamó a ser implacable ante la violencia, cuyo interés común es, según él, atentar contra las instituciones y las fuerzas del orden. La primera ministra denunció que un «torbellino de violencia intolerable» y la «irresponsabilidad de discursos radicales” alentaban esas acciones.

La violencia policiaca, una situación habitual en las manifestaciones callejeras francesas, se ha hecho presente en estas semanas. Es así que la Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa hizo un llamado de atención el viernes pasado por el «uso excesivo de la fuerza» contra los manifestantes, y pidió a Francia que respete el derecho de manifestación.

La alianza parlamentaria de izquierdas de la NUPES ha dicho que en las próximas semanas girará al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe “sobre la represión en curso”, y que invitarían al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el tema a visitar Francia “con el fin de evaluar la legislación, las políticas, las prácticas policiales y judiciales en materia de mantenimiento del orden», en el contexto de las manifestaciones actuales.

Por su parte, las Cámaras de Comercio y de la Industria (CCI France) condenaron la “violencia” y los “bloqueos” por el impacto económico en la actividad empresarial. A su vez, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa dijo que “el espectáculo de disturbios o bloqueos, al margen de las manifestaciones responsables y pacíficas, preocupa a los empresarios, quienes temen que se esté instalando una forma de desorden”. En el mismo tenor se expresó la Medef, la organización patronal francesa, llamando a cambiar de estrategia “pues la violencia inhibe las inversiones”.

Vale recordar que durante el movimiento de los Chalecos Amarillos, surgido en la primera administración de Macron, la violencia policiaca arrojó un muerto, decenas de personas mutiladas (que perdieron alguna de sus extremidades u ojos), así como miles de heridos.