La suerte del INE y del sistema electoral mexicano se juega en esta semana. El plan B ha sido descarrilado por la Suprema Corte, provocando la ira presidencial.  El plan C depende de que Morena negocie con sus opositores, o de que sus finalistas afines se saquen la lotería.

Por: Ernesto Núñez Albarrán

Twitter: @chamanesco

La noche del viernes 24 de marzo, una noticia sacudió al mundo político: la suspensión otorgada por el ministro Javier Laynez en la aplicación del plan B. Justo en el momento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó sobre esta derrota jurídica a la reforma electoral promovida por el presidente, en la Cámara de Diputados sesionaba el Comité Técnico de Evaluación para la designación de consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral.

El cónclave era muy importante, pues después de haber entrevistado a 92 aspirantes, las siete personas integrantes del Comité aprobaban el último filtro de la evaluación para dejar sólo a 20 personas como finalistas.

Un par de horas después del comunicado de la Corte, el CTE dio a conocer los nombres, y las miradas se concentraron de inmediato en la lista de diez mujeres, de entre las cuales será designada la presidenta del INE para el periodo 2023-2032.

Una de las evaluadoras, Maite Azuela, señaló a seis de las personas finalistas por no cumplir con los requisitos de independencia, profesionalismo y autonomía que se requieren para el cargo:

Bertha Alcalde Luján, funcionaria de la Cofepris, hija de la ex dirigente del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján, y hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.

Guadalupe Álvarez Rascón, ex funcionaria de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE e hija del senador morenista por Tlaxcala, José Álvarez Lima.

Guadalupe Taddei Zavala, ex presidenta del Instituto Electoral de Sonora, quien pertenece a una familia que ocupa posiciones en el gobierno federal: su primo es súper delegado en Sonora, su sobrina es diputada local de Morena y su sobrino, director de la empresa gubernamental Litio México.

Iulisca Zircey Bautista Arreola, actual asesora del consejero electoral Jaime Rivera, ex directora de Imagen del gobierno de Zacatecas y esposa de Daniel Fajardo, funcionario de la Sedatu.

Netzaí Sandoval Ballesteros, ex director del Instituto Federal de la Defensoría Pública y hermano de la ex secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

Y Víctor Humberto Mejía Naranjo, consejero del Instituto Electoral del estado de Tabasco, a quien se atribuye cercanía con el secretario de Gobernación Adán Augusto López.

El voto particular dejó ver la división del Comité, que integró la lista de 10 mujeres y 10 hombres finalistas mediante mayoría, con los votos en bloque de cuatro integrantes del CTE cercanos al oficialismo: Enrique Galván Ochoa, Araceli Mondragón, Evangelina Hernández y Norberto Repper. Quedando en minoría Maite Azuela, Sergio López Ayllón y Ernesto Isunza.

Las cuatro mujeres cuestionadas por Azuela forman parte de la llamada “quinteta dorada”, de donde saldrá la próxima presidenta del INE: Bertha Alcalde, Guadalupe Taddei, Iulisca Zircey Bautista y Guadalupe Álvarez Rascón. A quienes se suma Rebeca Amador Paredes, ex consejera presidenta del Instituto Electoral de Baja California Sur, a quien algunos le atribuyen cercanía con el actual gobernador morenista, Víctor Manuel Castro Cosío, que ella niega rotundamente.

La preponderancia de perfiles ligados a personajes del gobierno federal y Morena en la “quinteta dorada” de inmediato generó suspicacia en la oposición y en círculos académicos, que durante este fin de semana han difundido la versión de que esta maniobra es el plan C de Andrés Manuel López Obrador para, finalmente, hacerse con el control del órgano electoral que, durante los más de cuatro años de su gobierno, ha sido la única institución autónoma que no se ha plegado a su voluntad.

La obsesión del Ejecutivo con el INE volvió a manifestarse este domingo, justo cuando se conocía el acuerdo del CTE en el que las 20 personas finalistas se distribuyeron en las cuatro quintetas. Al mediodía, el gobierno de la República difundió un comunicado en el que descalifica la decisión de admitir la controversia constitucional del INE en contra del plan B y otorgar la suspensión de sus efectos en tanto se resuelve el fondo.

En un tono que llama la atención, tratándose de una comunicación oficial, el boletín dice: “para conceder suspensión, ministro Laynez arrancó hojas de la Constitución”.

¿Será el enojo presidencial un detonante para acelerar la “toma” del INE mediante la designación de perfiles cien por ciento morenistas como futuras consejeras y consejeros?

Es una pregunta que se va a despejar en los próximos días, cuando la Junta de Coordinación Política debata y vote los nombres propuestos por el Comité, para llegar a uno por cada quinteta.

Según el artículo 41 de la Constitución, la Jucopo “impulsará la construcción de los acuerdos para la elección del cargo de consejera presidenta y tres cargos de consejeras y consejeros”.

Como Morena, PVEM y PT tienen sólo 275 diputados, y les faltan 57 para la mayoría calificada requerida para aprobar los nombramientos, tendrían que negociar con la oposición para -por ejemplo- colocar a Bertha Alcalde en la presidencia del INE.

Es decir, habría llegado la hora de la política.

Pero como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el coordinador de Morena, Ignacio Mier, han advertido que no van a negociar con PAN, PRI, MC y PRD para alcanzar la mayoría calificada, pues eso implicaría otorgarles al menos un consejero, en realidad se acerca la hora de la tómbola.

Al no alcanzar mayoría calificada las propuestas de la Jucopo, el viernes 31 de marzo se estaría llevando a cabo la sesión de la Cámara para designar por sorteo.

Si por alguna razón no hubiera condiciones para que se lleve a cabo la insaculación en la Cámara de Diputados, las quintetas serían remitidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como fueron conformadas por el Comité Técnico de Evaluación, para que el sorteo se lleve a cabo en una sesión del pleno de la Corte, a más tardar el lunes 3 de abril.

Algo nunca visto en la historia de las designaciones de consejeras y consejeros del INE. En 2014, los partidos construyeron un acuerdo mayoritario de 417 votos; en 2017, de 336 votos y, en 2020, de 399 votos.

La apuesta de Morena es que el sorteo sea ganado por personas afines colocadas en las quintetas, lo que no es difícil en el caso de la “quinteta dorada”.

Pero en las otras listas hay personajes que no necesariamente responderían ciegamente a los intereses del oficialismo.

La suerte del INE y del sistema electoral mexicano se juega en esta semana.

El plan B ha sido descarrilado por la Suprema Corte, provocando la ira presidencial.  El plan C depende de que Morena negocie con sus opositores… o de que sus finalistas afines se saquen la lotería.