En Chiapas, Guerrero y Oaxaca existen indígenas encarcelados, a quienes se les han violado sus derechos elementales. Son presos políticos. Ahora, le toca a la sociedad salir a defenderlos ante el racismo y el clasismo de las fiscalías y tribunales que solo obedecen a los caciques que les imponen las reglas de juego.

Por: Kau Sirenio

Roberto Martínez Pérez, Nicolás Gómez López, Mario Gómez López, Martín Gómez López, Mariano Gómez López y Marcos Gómez López están encarcelados en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso-5) de San Cristóbal de las Casas.

Son presos políticos, y fueron obligados mediante tortura a inculparse de delitos que no cometieron. La detención fue arbitraria y violenta, no tenían orden aprehensión.

Lo que duele de este caso es que ni uno de ellos contó con interprete en su lengua materna, ni con defensor jurídico que conozca el contexto cultural y comunitario. O sea, se les violaron todos los derechos que debían de gozar en un país democrático.

De acuerdo con el colectivo Solidarios de la Voz del Amate, Chiapas, a los seis indígenas tzotziles presos no les respetaron su presunción de inocencia. Por tanto, las condenas que les impusieron son injustas y violatorias de sus derechos humanos.

Hasta ahora, la defensa y familiares de los tzotziles piden que les sea aplicado el Protocolo de Estambul, por parte de la Unidad Contra la Tortura adscrita a Fiscalía de Derechos Humanos de Chiapas, para determinar la grave violación a los derechos humanos cometidos en contra de los presos indígenas.

El Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes permitirá comprobar la tortura a la que fueron víctimas, así como la violación a su debido proceso y, consecuentemente, obtener su libertad.

Otro caso emblemático de injusticia cometidas en México es la de los presos políticos en Oaxaca: Jaime Betanzos Fuentes, Alfredo Bolaños Pacheco, Herminio Monfil Avendaño, Fernando Gavito Martínez y Omar Hugo Morales Álvarez.

Ellos llevan nueve años de prisión preventiva sin juicio ni sentencia, lo cual viola los derechos humanos de los procesados. Seis de los presos fueron detenidos el 14 de diciembre de 2014, en Huautla de Jiménez. Mientras que Francisco Durán Ortiz fue detenido en su casa en 2018.

El 4 de julio de 2022, el caso fue aceptado por el Convenio del Consejo de la Judicatura Federal, son reconocidos como presos indígenas con delitos fabricados y derechos violados, por lo que ya no hay una razón para que sigan encarcelados. Sin embargo continúan tras las rejas.

En la misma situación se encuentran Antonio Barragán Carrasco, Gilberto Aguirre Bahena y Orlando Ávila Mesino, sobrevivientes a la masacre de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. Detenidos el 28 de junio de 1995. Todos integrantes de la Organización Campesina de l Sierra Del Sur (OCSS)

En los dos primeros casos, los presos indígenas de Oaxaca y Chiapas fueron enjuiciados ante un tribunal racista y clasista que violó todos los tratados internacionales y la constitución al no tomarle declaración en su lengua materna de acuerdo al contexto comunitario y culturales.

Una justicia que obedece a intereses creados en Chiapas condenó a los tzotziles sin que ellos pudieran defenderse en un estado donde se imponen los caciques y los partidos políticos. La misma historia se repite en Oaxaca.

El terrorismo de Estado se impone en el triangulo del Sur. Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde la ley del más fuerte se impone en contra de las organizaciones sociales y comunidades indígenas.

En Guerrero, la estructura caduca de la Fiscalía General de Justicia ha encarcelados a indígenas y dirigentes de organizaciones sociales con la fabricación de delitos.

No es de ahora, data desde 1970 y no ha parado. Ahí está el caso de los campesinos asesinados en Aguas Blancas, donde ni uno de los autores intelectuales está en la cárcel, pero los sobrevivientes de esa masacre continúan tras las rejas hasta ahora. A pesar de que ese estado del Sur ha tenido gobernadores de Partido de la Revolución Democrática (PRD), actualmente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ahora le toca a sociedad salir a defender a los presos políticos e indígenas, porque las fiscalías y los tribunales Superior de Justicia de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas solo obedecen a los caciques que les imponen las reglas de juego.

Mientras, a nivel federal le corresponde a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisar cada caso para que las áreas de derechos humanos de ambas instancias constaten las violaciones graves y los delitos de lesa humanidad en agravio de los indígenas mazatecos, tzotziles, así como la de los campesinos de la Sierra del Sur para que sean liberados lo más pronto posible.