Bertha Alcalde Luján destaca en la lista de 531 aspirantes al INE, pero su llegada a la presidencia del Consejo General depende aún de su evaluación y de que Morena se decida a hacer política.

Twitter: @chamanesco

Está en marcha el último episodio de la larga batalla entre el lopezobradorismo y el actual Instituto Nacional Electoral. 

Publicado -y ya impugnado- el plan B, las reglas del 2024 dependerán de la última palabra que al respecto pronuncie la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pero, al mismo tiempo, ha iniciado en la Cámara de Diputados la reconfiguración del INE que habrá de organizar y arbitrar las elecciones. Dentro de un mes, habrán de llegar cuatro nuevos integrantes al Consejo General, escogidos entre una lista en la que destacan perfiles afines a la “cuarta transformación”.

Entre 531 personas que cumplieron exitosamente su registro como candidatas y candidatos, hay 164 mujeres, 358 hombres, 5 no binarias, una mujer trans y 3 que no especificaron género.

Entre muchos nombres, hay especialistas en derecho electoral, casi un centenar de asesores y funcionarios del actual INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, casi 40 consejeras y consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales, abogados, maestros, activistas sociales, ex militantes y ex candidatos de partidos políticos.

En una primera lectura de la lista, aparecen nombres de personas claramente afines a la 4T, como Bertha Alcalde Luján, actual funcionaria de la Cofepris; Diana Talavera, ex consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México; Teresa Reyes, directora del INEA; Selene Lucía Vásquez, ex senadora; Guadalupe Taddei, ex presidenta del Instituto Electoral de Sonora; Netzaí Sandoval, abogado y hermano e la exsecretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; Jaime Castañeda, asesor de Morena en el INE; Federico Huchim, ex funcionario de la Secretaría de la Función Pública, y Armando Aguirre González, ex funcionario de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Pero la atención de la prensa se ha centrado en Bertha Alcalde Luján, como la presunta favorita del régimen para sustituir a Lorenzo Córdova en la presidencia del Consejo General del INE.

Luján tiene méritos propios, profesionales y de servicio público, aunque no en el ámbito electoral. Es abogada y docente, especialista en temas de justicia penal.

En el inicio del sexenio de Andrés Manuel López Obrador se incorporó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (con el sonorense Alfonso Durazo), donde fue abogada general y jefa de oficina entre 2018 y 2020. Cuando Durazo se fue a Sonora para buscar la gubernatura, a ella la designaron delegada de programas federales en el estado de Chihuahua.

Después de las elecciones intermedias de 2021, fue nombrada comisionada de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris).

No es militante formal de Morena, pero proviene de una familia que destaca en los afectos del presidente López Obrador y en la construcción del “movimiento”.

Es hija de dos abogados laboristas de reconocida trayectoria: Arturo Alcalde Justiniani y Bertha Luján Uranga, y hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján.

Su madre fue contralora del gobierno de la Ciudad cuando López Obrador fue jefe de Gobierno (2000-2006) y tiene una importante trayectoria partidista. 

Fue secretaria general de Morena desde su fundación y hasta finales de 2015; diputada del partido en la Asamblea Constituyente de la Cdmx, en 2016; candidata a la alcaldía de Coyoacán; presidenta del Consejo Nacional de Morena hasta 2022 y aspirante a la dirigencia nacional del partido.

En 2020, declinó a participar en el proceso que confrontó a Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, cuando el Tribunal Electoral obligó al partido a hacerlo mediante una encuesta levantada por el INE. En aquel conflictivo proceso, Luján apoyó al veterano Muñoz Ledo y acusó a Delgado de “no conducirse con honestidad”.

Es una voz importante dentro de Morena, que ahora ha ganado influencia en la Ciudad de México, apoyando a Clara Brugada, una de las precandidatas para suceder a Claudia Sheinbaum en 2024.

Con esa historia familiar, es lógico que se señale a Bertha Alcalde Luján como emisaria del lopezbradorismo para hacerse -finalmente- con el control del INE.  

Pero no sería la primera vez que un hijo de un lopezobradorista dirigiera esa institución: el actual consejero presidente es hijo de Arnaldo Córdova, uno de los ideólogos del movimiento que, hasta su muerte en 2014, respaldó con convicción a López Obrador. 

Si fuera electa, Bertha Alcalde estaría al frente de la institución durante nueve años; le tocarían dos elecciones presidenciales (2024 y 2030) y las intermedias de 2027.

Como ocurrió con Lorenzo Córdova, nueve años es tiempo suficiente para crear equipos y dinámicas de trabajo, imponer estilos, asumir posturas frente al gobierno y los partidos; en una palabra, marcar una época en el instituto.

El largo camino a La Herradura

Sin embargo, el camino para las designaciones aún es largo.

Las 531 personas inscritas se someterán a un examen de conocimientos en las materias constitucional, gubernamental, electoral y de derechos humanos, el próximo martes 7 de marzo en el salón de plenos de la Cámara de Diputados.

La lista de las 265 personas mejor calificadas (respetando la paridad entre géneros) se dará a conocer el 8 de marzo, y éstas pasarán a una tercera fase en la que el Comité Técnico de Evaluación revisará el Currículum Vitae, la exposición de motivos y el ensayo presentado por los aspirantes al hacer si registro.

Las 100 personas que hayan obtenido el mayor puntaje en la evaluación de idoneidad pasarán a la cuarta fase, que consiste en una entrevista personal con los integrantes del Comité, entre el 17 y el 22 de marzo.

De esa última etapa, el Comité deberá reducir la lista a 20 personas, para integrar las cuatro quintetas que entregará el 26 de marzo a la Junta de Coordinación Política (una por cada asiento que quedará vacante en el Consejo General del INE a partir del 4 de abril).

La convocatoria dice actualmente que se integrarán dos quintetas de varones, una de mujeres y una mixta para la presidencia del Consejo (la “quinteta dorada”, según le ha llamado el presidente de la Jucopo Ignacio Mier). Pero el Tribunal Electoral ha modificado la convocatoria para que la quinteta de la presidencia sea sólo para mujeres, en una sentencia que aún no ha sido acatada por los diputados.

En la Jucopo, los coordinadores de los grupos parlamentarios deberán trabajar un acuerdo político (así dice la Constitución) para designar una persona por quinteta y proponer los cuatro nombres al pleno de la Cámara de Diputados. En el pleno, la propuesta deberá alcanzar dos terceras partes de los votos para ser aprobada, en una sesión prevista para el 30 de marzo.

Si Morena quiere que Bertha Alcalde Luján -u otras personas afines al lopezobradorismo- llegue al Consejo General del INE, deberá negociar con la oposición cuatro nombres aceptables para todos, lo que irremediablemente implicaría entregar al menos una de las cuatro posiciones a la alianza PRI-PAN-PRD.

Si como han advertido el secretario de Gobernación, Adán Augusto López y los dirigentes de Morena, el partido en el gobierno opta por no negociar nada con la oposición, entonces la propuesta nacerá muerta, pues la coalición Morena-PT-PVEM no tiene los 334 votos necesarios para la mayoría calificada.

Todo quedará al azar: las quintetas se sortearán en San Lázaro el 31 de marzo y, en caso de que no haya condiciones para que se realice ahí la insaculación, las listas se enviarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se llevaría a cabo el 3 de abril, justo el día en que Lorenzo Córdova y tres consejeros más dejan sus cargos.

Si se hace política, Morena podría colocar al frente del INE a Bertha Alcalde o a cualquiera de las personas mejor evaluadas. Pero esto requiere, además, de que convenza a las fuerzas políticas opositoras.

Si se impone la visión de Adán Augusto de negarse a la política y no construir acuerdos, la designación del árbitro de 2024 será un volado. 

La buena noticia en todo esto es que, a diferencia de lo que ocurrió con las reformas del plan B, aquí no hay condiciones para que el oficialismo imponga su mayoría.