Un militar que trabaja en Nuevo León fue acusado de homicidio y tortura en 2011, mientras cumplía un operativo durante la llamada «guerra contra el narco» de Felipe Calderón. Ahora, después de 12 años en la prisión militar, asegura que es inocente, y que todas las instancias de gobierno han hecho lo posible por mantenerlo encerrado.

Texto: Kau Sirenio

Fotos: Alexis Rojas / Archivo Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO. – El oficial del Ejército mexicano Jorge Alberto Tadeo Hernández fue acusado de homicidio y tortura en 2011. Esto, después de recibir ordenes del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el combate integral al narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderon.

La carpeta de investigación en contra el subteniente de Infantería la integró el ministerio público militar asentado en Escobedo, Nuevo León. En abril de 2011, Jorge Alberto Tadeo Hernández fue trasladado a la prisión castrense del Campo Militar número 1 de la Ciudad de México.

A 12 años que la Séptima Zona Militar inició el proceso judicial en contra del militar, hasta hoy no hay sentencia porque el juez Cuarto Militar se declaró incompetente para conocer el juicio. Por su parte, el Juzgado Quinto en Materia Penal de Monterrey, Nuevo León ha dilatado las diligencias.

En una carta dirigida a Pie de Página, Tadeo Hernández describe paso a paso la violación al debido proceso judicial en su contra. También ahonda en la causa por la cual está procesado.

En la misiva, el militar acusa al general de división, Cuauhtémoc Antunes Pérez; a la titular en 2015 del Quinto Juzgado en Materia Penal, Beatriz Joaquina Jaime Ramos; y de la actual jueza, Marta Yadira Machado López, de tener vínculos con el narcotráfico, particularmente con el grupo civil armado del Cartel del Noroeste.

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“El juez cuarto militar, general José Carlos Beltran Benítez, se declaró incompetente para conocer el juicio porque estaban involucrados civiles en el hecho en que se me acusa. Así que lo pasó a un tribunal civil en diciembre de ese año” reconstruye el militar en el escrito.

En la correspondencia, el subteniente de infantería, Jorge Alberto Tadeo Hernández explicó que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), emitida el 28 de junio de 2012 en contra del Estado mexicano, obligó al tribunal militar a no resolver una causa penal cuando hay violaciones a los derechos humanos.

“Ingresé a la prisión militar el 13 de abril de 2012, pero el Juez Cuarto Militar, José Carlos Beltrán Benítez me dictó el primer auto de formal prisión hasta el 19 de ese mes, y eso que no pedí ampliación de término” narra en el escrito Jorge Alberto.

Después de dejar la titularidad del juzgado cuarto militar, el general José Carlos Beltrán Benítez ocupó la dirección general de Derechos Humanos de la Sedena. En marzo de 2017, rechazó las violaciones a los derechos humanos cometidos por elementos del Ejército y Fuerza Aérea.

En el documento, el militar detalla:

“En diciembre de 2012, el Juez Militar turna la causa penal al Juzgado Quinto en Materia Penal de Monterrey, Nuevo León, la titular era Beatriz Joaquina Jaime Ramos”.

En la narrativa, el oficial recapitula que en 2015 interpone un amparo en contra del auto de formal prisión. El 28 de agosto de ese año, la Jueza, Beatriz Joaquina Jaime Ramos le comunica el segundo auto de formal prisión por los delitos de homicidio y tortura.

El cambio de la titular del Juzgado Quinto en Materia Penal en Monterrey, Nuevo León, lejos de favorecerle lo afecto. La nueva titular, Martha Yadira Machado López retrasó la diligencia y desechó las pruebas que la defensa presentó.

“Durante los 12 años que llevo en la cárcel, he careado con los testigos en distintas diligencias vía videoconferencia porque mi causa penal está en Monterrey y yo en la Prisión Militar en la Ciudad de México” describe el militar.

Y sostiene que, durante el combate integral al narcotráfico, los militares tenían el Plan de Operaciones Integrales Cazador, derivado de la directriz de combate al narcotráfico y su cuestionario inteligente ordenado por Estado Mayor de la Sedena.

El subteniente asegura en su carta que solicitó a la jueza que ordenara a la Sedena entregar el Plan de Operaciones Generales como parte de su defensa. “La Sedena lo entregó, pero están bajo resguardo en el juzgado y no han sido incorporados como pruebas en el expediente de la causa penal en mi contra”.

“Además, la tropa que tenía a mi mando primero declaró en mi contra ante ministerio público militar, por miedo a ser procesados, pero años después declararon ante la Juez civil todo lo contrario. Ahí se auto inculparon de los cargos. En este caso, la juez Martha Yadira Machado López y el fiscal debieron abrir una carpeta de investigación pero esto no ha ocurrido”, narra en el documento.

Los hechos según el expediente

En la reconstrucción de hechos, el subteniente de infantería Jorge Alberto Tadeo Hernández narra: “El 18 de febrero de 2011, estaba al mando de la Base de Operación Mixto (BOM) en las inmediaciones de Monterrey, cuando la tropa a mi cargo detuvieron a Everardo González Meraz y Oscar Eduardo Torres Martínez”.

Los detenidos, dice el militar, conducían un auto con reporte de robo con violencia, y portaban «un rifle AR-15, dos cargadores abastecidos con 80 cartuchos, así como 250 dosis de cocaína, 350 dosis de cristal y aparatos de comunicación”.

En el documento, Jorge Alberto explicó así el fallecimiento Everardo González.

“Los detenidos fueron trasladados a la delegación de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), en Monterrey, para ponerlos a disposición del ministerio del fuero federal, ahí me percaté que Everardo estaba inconsciente, así que lo llevé a un hospital, donde murió”.

El subteniente dice en el escrito que su proceso fue fabricado por orden del general Cuauhtémoc Antunes Pérez, porque los detenidos eran integrantes de los Zetas.

“Es de conocimiento público que los Beltran Leyva vivían en San Pedro Garza García, por eso fue que el Z40 llegó a vivir ahí, por eso los elementos del Ejército mexicano no podía patrullar en ese municipio”.

Tadeo Hernández hila la historia con la captura de Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como el Z40. Esto ocurrió en julio de 2013. “La explicación más sencilla de esta detención por la Marina se debe a que nosotros no podíamos entra a San Pedro Garza García”.

Otro dato que el oficial pone en su defensa es la captura de Juan Carlos Olivera Acosta, el Sonrics, jefe de los Zetas en esa zona. Ocho días antes, añade, siete personas más fueron detenidas. Todo ocurrió antes de la detención Everardo y Oscar Eduardo.

En la carta, Tadeo Hernández narra los pormenores sobre las reuniones que el general Antunes Pérez sostuvo todos los días- Iba a restaurantes lujosos de Monterrey con personas desconocidas: “Como dato adicional, el general se reunía en restaurantes con civiles, él decía con son empresarios”.

Y añade: “Antunes nos decía que eran personas solidarias con el Ejército, porque daban dinero para gas, para vehículos y alimentación para el personal de destacamento, lo cual no era cierto, porque todos tenía presupuesto la movilidad del personal”.

Cuando gana Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco” la gubernatura de Nuevo León, Cuauhtémoc Antunes Pérez fue nombrado secretario de Seguridad Pública. Mientras, Jorge Alberto Tadeo Hernández sigue en la cárcel.