Hace un año, el gobierno mexicano lanzó una ofensiva para atrapar a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación. No pudo. La gente de las comunidades lo protegió y el capo escapó. De pasada, el cartel derribó un helicóptero y mató a 11 militares, dos policías federales y dos estatales. El ejército no perdonó la afrenta y castigó a pobladores de la zona de batalla. Esta es la historia.

Texto: Jade Ramírez Cuevas y Darwin Franco.

Fotos: Héctor Guerrero

VILLA PURIFICACIÓN, JALISCO.- El gobierno mexicano nunca imaginó cómo terminaría la operación para detener a un capo en esta región al sur de Jalisco: uno de sus helicópteros, cargado de militares y policías federales fue derrumbado con el disparo de un misil antiaéreo.

El 1 de mayo de 2015, las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación de y Seguridad Nacional (Cisen) desplegaron un operativo para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. Pero algo salió mal. Los sicarios se enteraron de la emboscada y organizaron la defensa de su jefe.

Desde la noche del 30 de abril y hasta el mediodía del día siguiente en 25 municipios del estado hubo bloqueos de carreteras, decenas de automóviles y autobuses fueron incendiados y miles de balas se dispararon.

En los límites entre Casimiro Castillo y Villa Purificación, al sur de Jalisco, territorio convertido desde hace siete años el centro de operaciones del cartel, un grupo de pistoleros detectó un helicóptero militar modelo Cougar matrícula 1009 y le disparó un misil.

Un RPG, Rocket Propelled Grenade, de fabricación rusa, dirigido en tierra por El Cebollo, uno de los hombres más cercanos al capo, pegó en el rotor y tiró la aeronave. Once militares y dos policías federales murieron. El capo logró huir del cerco gracias a su estrategia de seguridad, con varios anillos de sicarios armados y el apoyo (por convicción o miedo) de las comunidades donde se mueve.

La Operación Jalisco, anunciada para capturar a El Mencho, había fracasado. Pero el orgullo de la batalla perdida se cobraría caro a los pobladores.

“Se lo llevaron los militares”

Juan Antonio Gaona de la Mora, trabajador de una mina, desapareció después de la incursión militar del 1 de mayo. El 30 de abril había llamado a su casa para felicitar a su hijo de nueve años por el Día del Niño. Su esposa, Rosa Mondragón, no volvió a saber nada de él hasta dos días después, cuando recibió una llamada anónima en su teléfono móvil.

“A su esposo se lo llevaron los militares”, le dijo una voz masculina. Y colgó.

La mujer ser armó de valor y se fue a buscarlo a los pueblos vecinos, al Servicio Médico Forense, a la presidencia municipal de Villa. Iba sola.

“No me dieron razones de nada”, recuerda, meses después. “En Autlán también anduve preguntando por mi esposo y ahí conocí a las otras viudas buscando a sus maridos, pero no nada más éramos nosotras, la gente en esa región tiene mucho miedo de hablar, pero sé que el 5 de junio, en El Grullo vieron cómo trasladaban cuerpos apilados los militares”

Algunos coinciden con ella. Dicen que en un campamento militar instalado provisionalmente en esos días en el camino a Pérula, pasando el río Purificación, vieron “muchos” cadáveres y personas heridas.

Villa Vieja, el lugar donde inició la Operación Jalisco es una comunidad del municipio de Villa Purificación en la que viven 97 personas en no más de 27 casas. El pueblo está rodeado de las montañas de la Sierra Madre Occidental, que en esa zona de Jalisco es particularmente agreste. La gente trabaja en el campo, aserraderos y minas de hierro, pero la migración expulsa a los oriundos y recibe a foráneos para trabajar allí.

Quizá por eso, a los pobladores de Villa, agobiados por la presencia militar, poco les importó en esos días la suerte de los trabajadores foráneos a los que sus esposas estaban buscando. “No eran nuestros”, dice una mujer, a modo de explicación.

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“Aquí no hay detenidos”

La llamada a su teléfono móvil decía que se trataba de un número privado. Adriana Villa se inquietó. Hacía varios días que esperaba noticias de su esposo, Margarito Capetillo García, de quien nada sabía desde que se fue con su camión a comprar madera a un aserradero en el municipio de Villa Purificación.

Para ese momento la mujer sabía de la batalla de sicarios y militares en esa zona. Un día antes. Por eso cuando el 3 de mayo apareció en su teléfono la leyenda “número privado” pensó que era él, pero en cambio escuchó a un hombre que le dijo: “Se lo llevaron los militares… a su esposo. Se lo llevaron los militares”.

Adriana no tenía idea de que eso mismo había pasado a otras mujeres de la región. Sabía que en Villa Purificación el Ejército había montado un campamento, así que se armó de valor y sin pensarlo dejó su rancho en el municipio El Limón y viajó 106 kilómetros hasta el destacamento militar para preguntar por qué habían capturado a su marido.

Entonces empezó la pesadilla: los soldados no tenían personas detenidas. Sólo cadáveres.

“Fui hasta Villa Purificación para ver los cuerpos que tenían los soldados pero no me dejaron entrar, ni nos quisieron dar ninguna información. Yo insistía en que me dijeran a dónde se habían llevado a los detenidos, pero sólo decían que no tenían a nadie detenido. En ese lugar sólo se podía ver a lo lejos cuerpos de personas en el piso”, recuerda.

En su viaje a Villa Purificación descubrió que no estaba sola porque ahí mismo conoció a las familias de Alan Rogelio Arredondo Curiel, Juan Antonio Gaona de la Mora y Fernando Gaspar González, quienes también estaban desaparecidos.

El gobierno reconoce ahora la muerte de ocho civiles en la Operación Jalisco, pero para eso fue necesario que sus familiares, apoyados por el abogado Javier Díaz, promovieran el amparo 666/2015 para obligar a las autoridades a revelar la identidad de los civiles asesinados el 1 de mayo.

Los ocho cuerpos llegaron al Servicio Médico Forense de Guadalajara, la capital del estado, hasta el 19 de mayo. Es decir, durante 18 días permanecieron bajo la custodia del Ejército, sin medida alguna para garantizar la preservación de los cuerpos, que habrían permanecido a la intemperie, según los testimonios de la gente de Villa Purificación.

Los deudos nunca se enteraron, por ejemplo, por qué los cuerpos permanecieron en custodia de la Sedena. El 18 de mayo supieron que, para las autoridades, eran “bajas de un enfrentamiento” ocurrido entre el 16 y 17 de mayo entre militares y sicarios. Sin embargo, días después y ante la presión de las familias, el Semefo tuvo que reconocer que las víctimas habían muerto varios días antes. En realidad murieron el 1 de mayo, el mismo día que se derribó el helicóptero militar.

“Cuando metimos el amparo nos dijeron que los cuerpos los habían trasladado a Guadalajara y hasta allá fuimos pero no nos decían nada”, dice Adriana Villa. “Incluso nos llegaron a decir que los cuerpos habían sido llevados a las instalaciones de la PGR en el Distrito Federal y que si queríamos información debíamos ir hasta allá”.

El 21 de mayo le confirmaron la muerte de su marido, tras una prueba de ADN. Otras cuatro personas fueron identificadas de esta manera.

“Me dijeron que había dado positivo, que era él, pero yo quería verlo, quería comprobarlo y no pude hacerlo hasta después de varias semanas”, cuenta. “Los cuerpos estaban en muy mal estado, pero cuando lo vi supe que era él y fue terrible porque era un buen hombre. Cuando me lo entregaron tenía dos impactos de bala uno en la cabeza y otro en la mejilla”.

Justos por pecadores

A Rosa Mondragón le mostraron fotografías de varios cadáveres el 1 de junio, y un día después recibió el cuerpo de su esposo. Pero le costó reconocerlo: tenía heridas de dos balazos, una en el pecho y otra en el abdomen. El cuerpo parecía quemado, con la piel antes blanca ahora oscurecida y agrietada. También había marcas en el cuello y evidencias de que fue colgado: sus ojos estaban fuera de lugar.

Dos detalles llamaron su atención: Juan Antonio estaba semidesnudo cuando lo entregaron a su esposa, pero traía un cinturón piteado y la hebilla con las siglas CJNG. Y el cuerpo estaba limpio, extraño en una persona que, según las autoridades, murió en un fuerte enfrentamiento con el Ejército.

“¿Por qué el mismo gobierno no me llamó? ¿Y los derechos de mi esposo dónde quedan? Él traía su celular y su credencial del IFE. Así él hubiera estado en un lugar que no debía, ¿por qué no me llamaron?”, pregunta Rosa.

No fuero esas las únicas omisiones de las autoridades en estos casos. El abogado Javier Díaz enlista algunas otras: el Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco recibió cadáveres en descomposición y certificó su muerte el día del ingreso al Semefo; a los familiares no se les mostró el acta ministerial sobre el hallazgo de los cuerpos, ni la información de las pruebas toxicológicas practicadas a los cadáveres, que resultaron negativas (por lo que puede concluirse que antes de morir no dispararon ninguna arma de fuego).

“Cayeron justos por pecadores”, insiste Rosa Mondragón, convencida de que los militares, “al sentirse así por no agarrar a ese fulano (El Mencho), hicieron eso con mi esposo y no nada más con estos ocho, son muchos más en Autlán. El 3 de mayo, en el Semefo, nos dijeron que había 40 personas”.

En todo caso, el 19 de junio de 2015, la mujer supo claramente la magnitud de sus denuncias. A su casa en Ciudad Guzmán llegaron camionetas con soldados armados. La catearon. Los vecinos la alertaron y ella se fue. Desde entonces, cambia constantemente de domicilio y vive con miedo de que los militares la encuentren.

Rosa quiere justicia pero no tiene dinero para los trámites, para otra necropsia, ni para viajar a la ciudad de México, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde radica el expediente de su esposo, o a dar seguimiento de la queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

En el acta de defunción se declara que Juan Antonio es “empleado” y “murió por homicidio”. No se especifica la hora de la muerte, sino la hora que ingresó al Semefo.

Un “cartel del nuevo siglo”

El CJNG es la organización de narcotráfico que más ha crecido en los últimos años, y según la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, es también una de las más poderosas en términos económicos.

El grupo nació de una mezcla entre herederos del desaparecido Cartel del Milenio, creado por los hermanos Valencia en la década de los 90, y traficantes jaliscienses que operaban para el Cartel de Sinaloa.

Durante algún tiempo fueron aliados del operador financiero de esta organización, Ignacio El Nacho Coronel, pero eso terminó en 2010, cuando el capo murió en una operación de la Marina. El liderazgo quedó en El Mencho, un expolicía municipal que en 1994 fue encarcelado en Estados Unidos acusado de traficar con droga.

Informes oficiales lo definen como un personaje que no duda en ordenar ejecuciones y torturas. Un ejemplo fue su presentación pública, en septiembre de 2011 cuando el grupo arrojó 35 cadáveres frente al World Trade Center de Boca del Río, Veracruz. Meses después, en noviembre, hizo lo mismo en la avenida Mariano Otero, una de las más importantes de Guadalajara. Allí el Cartel abandonó 26 cuerpos.

Una de las características del CJNG es que confronta a las autoridades con violencia extrema. En marzo de 2013, por ejemplo, el grupo asesinó al secretario de Turismo del estado, Jesús Gallegos Álvarez, quien tenía sólo unas semanas en el cargo. Y en septiembre de 2014, al diputado local Gabriel Gómez Michel, ex alcalde de El Grullo y político de alta incidencia en la región del sur. El crimen de Gallegos se interpretó como un mensaje al nuevo gobernador, Aristóteles Sandoval y buscaba evitar, según especialistas, un posible acercamiento con el cartel de Los Caballeros Templarios.

Extrañamente, el crecimiento del CJNG coincide con la función pública en el área de seguridad del ex fiscal Luis Carlos Nájera Gutiérrez, el único funcionario que logró transitar del gobierno del panista Emilio González Márquez al del priista Aristóteles Sandoval. En los nueve años que Nájera Gutiérrez comandó la seguridad en Jalisco, no sólo aumentaron los homicidios, desapariciones, extorsiones y hallazgos de fosas clandestinas, sino que el CJNG pasó de ser una célula delictiva local a uno de los principales grupos criminales del país. Nájera Gutiérrez fue separado de sus funciones dos meses después de la Operación Jalisco, pero no hay una investigación formal en su contra.

Además de dominar el mercado de drogas sintéticas en el occidente de México — tiene especialistas en ingeniería química que han logrado diseñar nuevas mezclas—el CJNG controla el trasiego de precursores químicos desde el puerto de Manzanillo, Colima, y mantiene un fuerte cerco en las zonas mineras del sur de Jalisco.

Y por si fuera poco, es uno de los grupos más ricos en el mundo del narcotráfico no sólo por la venta de drogas y otras actividades delictivas, sino porque tiene una eficiente estructura de lavado de dinero. Una tarea que El Mencho depositó en jóvenes especialistas en finanzas, sin antecedentes criminales y algunos incluso con nacionalidad estadunidense, lo que facilita los negocios con sus compradores. Es, dicen especialistas como Alberto Islas, de Risk-Evaluation, un cartel del nuevo siglo.

“Que me digan por qué me lo mataron”

El CJNG ha demostrado una eficiente capacidad operativa y una fuerte base social. Hace un año, mientras los militares se desplazaban buscándolo en carreteras y predios, el capo estaba tranquilo y resguardado en una de sus propiedades de la zona.

“Antes del 1 de mayo había un rumor del enfrentamiento, porque se decía que estaba entrando otro cártel, el que el gobierno quería que entrara, el de Sinaloa”, cuenta de manera anónima una mujer que trabajó para Alejandro Pizano, su operador financiero.

¿Fue eso lo que provocó la virulenta respuesta de los militares sobre los pobladores? Solo ellos lo saben.

Hasta la conclusión de este reportaje, se desconoce si hay investigaciones contra soldados por los delitos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada. La información permanece clasificada bajo reserva.

En las comunidades del sur de Jalisco –Villa Purificación, el Grullo, El Limón y Autlán– la vida regresó paulatinamente a la normalidad. En las elecciones de junio, sicarios del CJNG operaron la cooptación del voto, vigilancia de casillas, espionaje de reporteros y “pusieron” a candidatos de su conveniencia en todos los partidos, según varios testimonios.

Para las familias de los asesinados, en cambio, la vida no ha vuelto a ser igual.

Rosa Mondragón todavía reclama que le devuelvan lo que traía su esposo cuando desapareció: una carta que le escribió en su aniversario 11 de matrimonio, una fotografía de su hijo y ella, un rosario verde, un anillo y su teléfono celular. Y lo más importante: aclarar que no era sicario del CJNG, como afirma la PGR.

Adriana Villa, por su parte, espera respuestas: “Yo quiero que me digan por qué lo desaparecieron y por qué me lo mataron. Él era un buen hombre, nada tenía que ver con eso que pasó. Y yo quiero que me digan por qué se lo llevaron y por qué me lo entregaron lleno de balazos”.

Un año después, nadie ha explicado a las viudas qué ocurrió realmente el 1 de mayo. El día que se escapó El Mencho.

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