Al menos dos organizaciones civiles en Aguascalientes especializadas en medio ambiente y derechos humanos han presentado demanda de amparo contra el nuevo Código Urbano, que da manga ancha a la industria inmobiliaria.

Texto: Mónica Cerbón / PopLab

Foto: Canadevi Aguascalientes, vía PopLab

AGUASCALIENTES. – Por considerar que es regresivo e inconstitucional, las organizaciones civiles Conversa Sur y Salvemos La Pona, han presentado, cada una, demanda de amparo contra el nuevo Código Urbano en Aguascalientes, que entró en vigor el pasado 20 de diciembre.

Las deficiencias del nuevo documento, que plantea las directrices del crecimiento urbano y la planeación, así como las condiciones para la industria inmobiliaria, se conocieron por primera vez a inicios de enero, publicadas por Poplab. Entre ellas se encuentra la reducción de las áreas de donación en complejos de vivienda, la privatización de esos espacios, la eliminación de las voces de organizaciones civiles en la planeación urbana del estado y mayores facilidades para la industria inmobiliaria.

Esto, pese a que economistas locales han alertado el comienzo de una crisis de vivienda en el estado propiciada por el aumento de la especulación en el mercado.

Juzgado admite demandas

El pasado 2 de febrero, el Juzgado Tercero de Distrito admitió la demanda de amparo interpuesta el 20 de enero por la organización civil Conversa Sur, que contó con el apoyo de Carla Escoffié, defensora del derecho a la vivienda en México. En ella se reclama al Congreso del Estado lo establecido en diez artículos del nuevo Código Urbano (4, 23, 31, 38, 303, 304, 327, 334, 349 y 684), así como la promulgación de la ley a la gobernadora Teresa Jiménez.

Los argumentos, explica en entrevista Alejandro Larios, presidente de Conversa Sur, son la vulneración al derecho al ambiente sano y a la ciudad, por ejemplo, por la reducción de las áreas de donación, “que tiene implicaciones en el ambiente de vida, pues el 30% de las áreas de donación debe destinarse a áreas verdes; también argumentamos que se está privatizando el espacio público debido a que estas áreas se pueden destinar para fines comerciales y el nuevo Código permite sustituirlas por infraestructura”.

La organización busca también derogar los artículos que limitan la participación de asociaciones civiles en la planeación urbana del estado.

“El Código retrocede en derechos adquiridos y vulnera los derechos al ambiente sano y el derecho a la ciudad al querer reducir la disponibilidad de espacios públicos. Pero también afecta los derechos a la libertad de expresión, al escrutinio público y el derecho a defender derechos humanos, al limitar la participación de la sociedad civil en los órganos de deliberación”, añadió Larios.

En un comunicado hecho público por Conversa Sur, se reveló también que la falta de inclusión de organizaciones civiles quedó evidenciada “el pasado viernes 3 de febrero cuando en la instalación del Consejo Estatal y el Consejo Metropolitano no se consideraron a este tipo de organizaciones aun cuando asociaciones como Conversa Sur solicitaron su inclusión en el debate”.

También agregaron que “durante la elaboración y discusión del Código no se invitaron a asociaciones civiles que han defendido áreas naturales protegidas como la Pona y Cobos ante la urbanización. En cambio, sí invitaron a actores con intereses privados como los colegios de arquitectos y urbanistas, e incluso a empresas inmobiliarias”.

De acuerdo con Larios, este nueve de febrero, a las 10:55 de la mañana, tanto el Congreso del estado como el Gobierno de Aguascalientes deberán manifestar sus argumentos contra la demanda de amparo.

“Este caso evidencia una tendencia a nivel nacional de dejar en manos del sector privado el desarrollo de las ciudades, incluso a costa de los espacios públicos, por lo que el Poder Judicial tiene la oportunidad de dejar un precedente en materia de urbanismo con perspectiva de derechos humanos, lo cual sería relevante por el contexto de Aguascalientes, pero también de todo el país”, consideró Carla Escoffié.

El segundo amparo.

Por su parte, la organización civil Salvemos La Pona, presentó otra demanda de amparo, que está radicada en el Juzgado Quinto de Distrito. Y aunque algunos de los argumentos son diferentes, todos están encaminados a salvaguardar el derecho al medio ambiente sano y a la vivienda.

El amparo promovido por esta organización se presentó el 31 de enero y se encuentra en trámite de ser admitido; también reclama la modificación de diversos lineamientos del nuevo Código al Congreso del Estado y la promulgación de la ley a la gobernadora.

Entre los argumentos de la demanda se encuentra la eliminación del dictamen de congruencia urbanística, establecido en los artículos 148, 250 y 4 fracción 67 del antiguo Código Urbano, “que aseguraba que el derecho a la vivienda, al medio ambiente sano y la perspectiva social de la propiedad y del espacio público fueran garantizados. Ahora deja el tema a discrecionalidad del Municipio y el Estado, que es el encargado de aprobar ese dictamen, quita las manos”.

“(El dictamen) buscaba también contrarrestar la especulación inmobiliaria y el aprovechamiento desordenado e insostenible de terrenos en el estado, así como mantener el equilibrio de la sustentabilidad entre diferentes usos y destinos de suelo, fomentar obras de impacto urbano significativo y la planeación adecuada y sustentable”, explica Sofía González Ponce, integrante de Salvemos La Pona.

González añade que, además, el nuevo Código establece que se respetarán las áreas declaradas como naturales protegidas, pero no las áreas prioritarias para la conservación, en donde se podría fraccionar en un porcentaje del terreno. Este precepto, dice la especialista, entra en contradicción con la Ley de Protección Ambiental en el estado, que prohíbe la edificación de centros poblacionales en zonas prioritarias.

Un ejemplo de zonas prioritarias para la conservación es el Bosque de Cobos –un espacio natural en donde se han localizado yacimientos arqueológicos– en donde durante años las organizaciones civiles han luchado jurídicamente para evitar que se materialicen los intentos de edificar complejos de vivienda en la zona, y hasta ahora lo han logrado.

Salvemos La Pona también incluyó en su demanda de amparo la transformación de la que antes de la reforma al Código, era conocida como la Procuraduría Estatal de Impacto Ambiental, Urbano y Social, y que ahora solamente será la Procuraduría Estatal de Desarrollo Urbano.

“Violenta el principio de progresividad puesto que esta Procuraduría contemplaba el desarrollo urbano en sus demás aspectos, como el impacto al ambiente y social, y ahora solo es una ventanilla que facilita el trámite”, detalla González Ponce.

Y añade:

“El antiguo Código tenía previstos los principios constitucionales con relación a los derechos humanos y la legislación interna mexicana sobre cómo tendría que ser respetuoso de todos estos preceptos, y el nuevo (Código Urbano) es bastante vago, desaparece estas condiciones que aseguraban el respeto de la normatividad nacional en términos del derecho a la vivienda, a la ciudad, a un medio ambiente sano, a la salud, al agua. Era bastante claro cómo tenía que ser el camino y ahora se separan todas estas protecciones y se desaparece también el Estado, lo deja solamente a criterio de los municipios”.

Como lo hizo Conversa Sur, Salvemos La Pona también reclama la falta de claridad para la participación de organizaciones civiles en la planeación urbana del estado.

“Antes no estábamos plenamente representadas las organizaciones de la sociedad civil, pero por lo menos se describía el camino de cómo iba a ser la participación ciudadana en la aprobación de obras en los centros de población, pero esta nueva disposición nos deja en incertidumbre, no establece cuáles serán los canales de participación de manera clara y detallada como estaba antes”.

Otro de los puntos señalados por la organización son las nuevas obras que las y los legisladores locales llamaron “de impacto social significativo”, que constituyen la sustitución de hasta el 70% de las áreas de donación por obras de urbanización, a decisión de las propias constructoras.

“Es el intento del estado de desaparecer su obligación, porque estas obras tendrían que pasar por un proceso de licitación, de concurso, y en este caso ya las constructoras pueden hacerlo sin pasar por este proceso que era público y observable”, añade la integrante de Salvemos La Pona.

La organización también se encuentra verificando que el proceso que se llevó a cabo en el Congreso del Estado para aprobar la reforma al Código, se haya realizado apegado a la ley.

Hasta ahora, ni el Congreso del Estado ni el Gobierno estatal se han pronunciado contra los señalamientos de las organizaciones.

Esta nota fue realizada por POPLAB, integrante de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leerla.