Magdalena López recientemente logró una sentencia por parte de la Corte Interamericana contra el Estado mexicano. Además ha llevado los casos de violaciones graves de derechos humanos en Guerrero hasta las instancias internacionales. Ahora ha sido amenazada por esta labor.
Lydiette Carrión
La semana pasada, en Pie da Página dimos cuenta de cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano eliminar la figura del arraigo de la Constitución. Esto es uno de los más grandes logros en materia de derechos humanos de los últimos años en nuestro país: obliga a México a detener la forma alevosa con la que se detienen a personas y se «investigan» delitos.
Sin embargo, una semana después, una de las personas más involucradas en este juicio contra el Estado mexicano Magdalena López, fue amenazada de muerte.
Magdalena López es secretaria ejecutiva de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC), organización de derechos humanos que ha llevado casos bien relevantes. Entre ellos, por supuesto, el de los Tzompaxtle Tecpile, hermanos detenidos arbitrariamente en Veracruz durante el año 2005, y arraigados. Es por este caso que la Corte Interamericana emitió su reciente sentencia. Pero al menos en el mensaje pareciera que es amedrentada por algo ocurrido en Guerrero.
En su cuenta personal de Facebook recibió el siguiente mensaje:
“NI SIQUIERA SABES LO
INVOLUCRADO QUE
ESTOY EN LA
DESAPARICIÓN
FORZADA DE
GUERRERO GUERRA
SUCIA MI CASO ES EL
SEGUNDO DESPUES
DE LUCIO CABAÑAS
INVESTIGA ANTES DE
CREER QUE ME
PUEDES HACER CAER
La Red Solidaria litiga los siguientes casos vinculados a Guerrero:
- La masacre de El Charco (representa a Ericka Zamora Pardo, Efrén Cortes Chávez y familia Zavala)
- Caso Arturo Hernández Cardona
- Caso de Policías Comunitarios masacrados en Marquelía
Masacre del Charco
Durante la madrugada del 7 de junio de 1998, elementos del Ejército Mexicano arribaron a la comunidad El Charco, en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, y rodearon la escuela primaria «Profe. Caritino Maldonado Pérez», donde dormian durmiendo varios indígenas y algunos estudiantes universitarios que participaron horas antes en una asamblea comunitaria.
El tiroteo duró desde casi las 5 de la mañana hasta casi las 11. Esto provocó el fallecimiento de once presuntos guerrilleros (entre ellos el estudiante de la UNAM Ricardo Zavala), cinco heridos ( varios campesinos), 25 detenidos y dos presos, Erika Zamora Pardo (estudiante del CCH Vallejo) y Efrén Cortés Chávez. Los dos últimos se encontraban ahí con la finalidad de cooperar con la comunidad en labores docentes. Entre los presentes había, además, cinco menores de edad: el 9 de junio, cuatro fueron trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo. El quinto estaba herido, y permaneció en el hospital naval durante un mes.
El 15 de junio el juez Maximiliano Toral Pérez dictó auto de libertad a Erika Zamora Pardo y a Efrén Cortés Chávez. Se les había encerrado bajo cargos de delincuencia organizada, terrorismo y acopio de arma de fuego, pero su defensor de oficio, Héctor Hernández, logró asentar que los hechos no correspondían a la tipificación de los delitos. Sin embargo, de acuerdo con el proceso penal 57/98, también se les dictó auto de formal prisión como responsables de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Tres días después, a Efrén Cortés se le negó el derecho a la libertad bajo fianza porque, según el juez, ello constituiría un peligro para la sociedad, se le señaló como presunto miembro del grupo armado.
Algunos años después, el 16 de julio de 2012, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad; el Comité de Sobrevivientes de la Masacre de El Charco; y el Comité de Viudas de la Masacre de El Charco, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los hechos ocurridos el 7 de junio de 1998.
El 14 de diciembre de 2018 la CIDH, mediante su informe No. 166/18, determinó que hubo violaciones de derechos humanos, y que la masacre ocurrió en un contexto de militarización en una zona de población predominantemente indígena.
Arturo Hernández Cardona
En el caso de la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial del dirigente social Arturo Hernández Cardona, los hechos llevan directamente a Iguala, Guerrero, apenas un año antes de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El 30 de mayo de 2010, Arturo Hernández Cardona y siete compañeros suyos, todos opositores a Miguel Abarca, entonces presidente municipal de Iguala, Guerrero, fueron víctimas de desaparición forzada.
El 1 de junio de 2013, a las seis de la mañana, encontraron tres de los cuerpos. Sobre la carretera Iguala–Chilpancingo estaban maniatados y vendados. Refieren los documentos que mostraban signos de tortura. Eran Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez. Posteriormente se supo que los demás lograron escaparse y señalaron a Abarca como el responsable directo.
Policías Comunitarios
El caso de los policías comunitarios de Marquelia, Guerrero, estaría en el contexto de la desintegración de las diversas policías comunitarias en el estado. Y en el hecho específico, perdieron la vida seis policías durante 2015. Este caso también está en proceso de ser llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Magdalena López es una mujer que ha dedicado toda su vida a la defensa y promoción de los derechos humanos en los contextos más adversos y complejos. Sy trabajo es importante. A nadie conviene que se amenacen defensores.
Lydiette Carrión Soy periodista. Si no lo fuera,me gustaría recorrer bosques reales e imaginarios. Me interesan las historias que cambian a quien las vive y a quien las lee. Autora de “La fosa de agua” (debate 2018).
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