Las protestas en Francia contra la reforma de pensiones que empuja Macron van en ascenso. En la segunda jornada participaron diversos sectores estratégicos como transporte, energía, educación

Texto: Iván Cadin / Tw: @ivankdin

Foto: Alain JOCARD / AFP

PARÍS, FRANCIA.- Si las manifestaciones del pasado 19 de enero habían sorprendido a toda Francia por el número de sus participantes, la segunda jornada de huelga y protestas contra la reforma de jubilación del presidente Emmanuel Macron rompió todos los cálculos.

Según estimaciones oficiales, a la manifestación convocada para este martes 31 de enero salieron a la calle un millón 270 mil personas. Para los sindicatos fueron dos millones 800 mil. Hace doce días, la policía había calculado una asistencia nacional de un millón 120 mil y los sindicatos consideraron que fueron dos millones.

Más allá de la guerra de cifras, es un hecho que la protesta va en ascenso y así se vio en las diversas manifestaciones que hubo a lo largo del país, de París a Lyon, de Toulouse, a Lille, de Bretaña a Alsacia, y donde nuevamente diversos sectores estratégicos como transporte (tren, metro, aeropuertos), energía (centrales nucleares y eléctricas), educación, estuvieron en huelga con diversos grados de participación. 

“El gobierno debe escuchar el rechazo masivo a este proyecto y retirarlo”, dijo Patricia Drevon, secretaria del sindicato Fuerza Obrera, al leer al final de la jornada un comunicado firmado por los ocho grupos sindicales más representativos del país. El gobierno de Macron busca retrasar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y adelantar a 2027 la subida de 42 a 43 años de cotización para poder disfrutar de una pensión completa (hasta ahora previsto para 2035).

En dicho texto, los trabajadores llamaron «a multiplicar acciones, iniciativas, reuniones o asambleas generales en todo el territorio, en las empresas y servicios, en los lugares de estudio». Igualmente anunciaron dos nuevos días de protesta, para el 7 y 11 de febrero.

Por parte del gobierno, la primera ministra, Élisabeth Borne, escribió en su cuenta de twitter que “la reforma de pensiones genera interrogantes y dudas. Los escuchamos. Comienza el debate parlamentario. Permitirá, en transparencia, enriquecer nuestro proyecto con un objetivo: asegurar el futuro de nuestro sistema de reparto. ¡Es nuestra responsabilidad!”

Horas antes de la segunda jornada, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, acusó a la Nupes (Nueva Unión Popular Ecológica y Social, el bloque legislativo de izquierdas) y en específico al partido de La Francia Insumisa (LFI), de «mentir” a los franceses sobre la reforma, porque “dicen que se puede vivir bien sin trabajar, (…) no les gusta el trabajo, no aman el valor del trabajo, y quieren una sociedad sin esfuerzo». Añadió que la izquierda miente a las clases populares pues es gracias “al trabajo que se sale” de las malas condiciones y que “por el trabajo se triunfa en la vida”. Días anteriores, el ministro había dicho que LFI era “una estafa” que “sólo buscaba meterse con el país” y que había que “hacer todo” para evitarlo. 

El gobierno ha dicho en diversos foros y momentos que “no es negociable” recular en la edad de retiro, que es el principal factor de protesta.

Unidad débil por una iniciativa cuestionada

Tras haber sido aprobada por el Consejo de Ministros, la iniciativa de reforma en jubilaciones entró el 30 de enero a comisiones en la Asamblea Nacional francesa. La oposición ha presentado siete mil reservas al proyecto. A partir del 6 de febrero pasará a sesión abierta en el hemiciclo de los diputados, quienes deberán discutirla hasta el 17 del mismo mes.

Para que el gobierno pase la ley por mayoría absoluta de votos necesita 289 escaños. Sin embargo, a diferencia de su primer quinquenio, la segunda administración de Macron adolece de mayoría en el legislativo. Los partidos políticos que apoyan al presidente (Renacimiento, Horizontes y Movimiento Demócrata) juntan 250 en esta legislatura. Por lo tanto, el gobierno ha tenido que negociar con Los Republicanos (LR), el partido de la derecha tradicional, para pasar su texto. Con sus 62 diputados, logran 312 votos, más que suficientes para aprobar la ley. No obstante, varios diputados de este bloque han advertido que no votarán por consigna. 

El instituto demoscópico Elabe publicó la semana pasada una encuesta donde un 72 por ciento de los encuestados se pronunció en contra de la reforma, seis puntos más que su medición previa. En la batalla de la opinión pública el gobierno no ha podido colocar sus argumentos a favor de la reforma (promoverla para evitar un supuesto hueco presupuestario que significaría un colapso a futuro, por ejemplo). Diversos diputados de la alianza de Macron que ganaron en distritos de manera amplia el año pasado, han tenido que enfrentar los señalamientos de sus representados sobre el tema de la reforma.

Ante estos hechos, la primera ministra hizo un llamado “a la unidad”, “a hacer vivir el espíritu de equipo” en los estudios de televisión, en la prensa local y en los distritos, para seguir empujando la versión oficial de la iniciativa. Sin embargo, no hay cohesión en el grupo. Varios diputados del grupo oficialista han sugerido que votarán en contra o se abstendrán. El presidente del LR en la Asamblea, Olivier Marleix, declaró que los diputados de su partido «siempre tienen libertad de votar».

Pasar la ley sin discusión con un artículo que jamás se ha usado

El segundo gobierno de Macron, que en abril próximo cumple su primer año, ha recurrido ya diez veces al artículo constitucional 49.3 para aprobar textos sin votación legislativa (uno de ellos fue el proyecto de ley de finanzas de 2023). Una herramienta muy impopular y con muy mala opinión en estos días en Francia.

El gobierno francés, sin embargo, presentó su iniciativa ante el legislativo bajo una norma cobijada en otro artículo constitucional igualmente polémico, el 47.1. Presentó la reforma en forma de proyecto de ley rectificativo de financiación de la seguridad social (PLFSSR, por sus siglas en francés), donde se señala que “si el Parlamento no ha tomado una decisión dentro de cincuenta días, las disposiciones del proyecto de ley pueden implementarse por ordenanza.” De aprobarse así la iniciativa, el artículo 47.1 se utilizaría por vez primera en la llamada Quinta República, el régimen constitucional que gobierna Francia desde 1958.

En el eventual caso de que los números no le den por mayoría a la hora de la votación tradicional, diversas voces han advertido que el gobierno podría pasar la iniciativa usando el 47.1. Para muchos críticos, el gobierno metió con calzador una reforma laboral vía una herramienta constitucional no creada para este tipo de iniciativas.

De no ser aprobado por los diputados, el texto pasaría al Senado, pero el documento sería la versión inicial con algunas enmiendas, enmiendas que, estipula el artículo referido, debieron haber sido votadas con los diputados y haber recibido una opinión favorable del gobierno.

El texto entraría a Comisiones en el Senado el 27 de febrero para ser discutido en el pleno el 12 de marzo. La correlación en el Senado es mayoritariamente de derechas, campo fértil para la iniciativa, a diferencia de la Asamblea, donde la Nupes y la extrema derecha de Agrupación Nacional le significan fuertes obstáculos para lograr la mayoría absoluta.

La cabeza de LR en el Senado, Gérard Larcher, ha dicho que la reforma es «necesaria», y que la presentada por Macron «no se aleja mucho de lo que la mayoría senatorial viene planteando con coherencia y espíritu de diálogo desde hace cuatro años». De aprobarse la reforma en el Senado con los votos republicanos, el costo político para este partido intentaría ser aminorado con el argumento de que en la asamblea varios de sus diputados estuvieron en contra de ella.

Pasado este punto y si llegase a haber un desacuerdo entre las dos cámaras del Parlamento, se constituiría una comisión paritaria de siete diputados y siete senadores que sería la responsable de proponer un texto, el cual, si se adopta, es sometido por el gobierno a la aprobación de los dos órganos, pero para entonces ya “ninguna enmienda es admisible sino con acuerdo del gobierno”, especifica el propio artículo de la constitución francesa.

De conformidad con el 47.1, el tiempo de discusión en el Parlamento debe limitarse a 50 días. Por lo tanto, se tendría hasta el 26 de marzo para votar la reforma. 

Nada, sin embargo, está decidido, ni aun usando el 47.1. El Consejo Constitucional francés podría rechazar el proyecto de ley para evitar cualquier «mal uso del procedimiento». El presidente de este organismo, Laurent Fabius, dijo categórico: “No queremos un mal uso del procedimiento. (…) Si un texto llega al Senado sin una votación previa de la Asamblea, es vergonzoso”.

Si los franceses en su mayoría consideran que hubo ya un uso excesivo del artículo 49.3, la puesta en práctica por vez primera de otro artículo que inhibe la discusión legislativa significaría una gran mancha antidemocrática para el gobierno del presidente Emmanuel Macron.

Apretar más o juntar firmas

El impasse que se abre entre las jornadas de protesta marca las distintas posturas en torno a cómo reforzar la lucha hacia dentro del movimiento: sindicatos más moderados, como la CFDT, hablan de promover un change.org contra la reforma (que al cierre de este texto lleva reunidas 871,953 firmas). Marylise Léon, secretaria general adjunta de este sindicato, ha dicho que el fin de las manifestaciones “no es bloquear el país sino bloquear la reforma”.

Otros sindicatos son más fuertes en sus posturas y hablan de realizar más «asambleas generales», «paros sectoriales, como el de la energía o la química», o de realizar «reuniones frente a las prefecturas» y no quedarse en peticiones. “Por supuesto, cada uno tiene sus propios modos de acción, los respetamos”, dijo Simon Duteil, del sindicato Solidarios.

Hay voces en la protesta que promueven la realización de acciones “de impacto”, como cortar la luz a funcionarios que aprueben la reforma. Ante esto, el ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, consideró que esas acciones “pueden ser un delito”.

El tiempo avanza y las dos fuerzas en pugna se enfrentan por los proyectos de jubilación. Es, desde 1995, la sexta reforma de pensiones que busca endurecer las condiciones para retirarse y flexibiliza las reglas en beneficio de las patronales.

En 1995, siendo presidente Jacques Chirac, la movilización logró echar para atrás la reforma de ese año, aún con mayoría presidencial en el legislativo. En 2010, con Nicolas Sarkozy como presidente, se dio la última gran reforma laboral, cuando pasaron la edad de retiro de 60 a los 62 años actuales. Hubo fuertes movilizaciones, pero el gobierno pudo pasar su iniciativa.