Los pueblos y comunidades indígenas necesitan espacios donde puedan hablar su lengua materna sin ser discriminados, e intérpretes éticos que no lucren con las desgracias de las víctimas. En cada interpretación está en juego la libertad de los detenidos de las cárceles y la vida de los enfermos en los hospitales

Twitter: @kausirenio 

Un día, Roberto Ross habló sobre los choques culturales que enfrentan los migrantes latinos cuando llegan a Estados Unidos. El mayor conflicto lo experimentan los migrantes que no dominan el español ni el inglés. De ahí que la justicia de aquel país sea más agresiva con los migrantes indígenas. 

–El contacto que tiene un emigrante con la justicia en Estado Unidos tiene que atravesar por la barrera cultural y lingüística –explicó el jurista en una plática en Los Ángeles, California, hace cuatro años. 

Ese día hablamos con Ross sobre las lenguas maternas en la administración y procuración de justicia en Estados Unidos.

“El problema es el idioma, de la traducción o interpretación de la lengua indígena y el contexto cultural de cada migrante”. 

Así las cosas, el trato que reciben los migrantes por agentes del gobierno, como la migra, la policía fronteriza que no conocen la situación cultural de cada migrante que detienen en cada redada. Es por eso que hay abuso físico, psicológico, y otras violaciones de derechos humanos, y lo que afecta más, es la falta de traducción en idiomas indígenas. 

–Cuando llego a la Corte y el fiscal dice “Esta persona ya admitió todo y es deportable” de inmediato me doy cuenta que esa persona habla una lengua materna, porque hablé con ella en español y no contestó –recuerda Ross. 

Mientras tomábamos café en el suburbio de Los Ángeles, con Roberto -abogado en la Corte de Migración de Estado Unidos- y Odilia Romero –una mujer zapoteca de la sierra de Oaxaca–, ella explicó las distintas lenguas que se hablan en la ciudad: “quiché, zapoteco, tu’un savi, nahua, maya…”.  

Uno de los problemas que enfrentamos los que hablamos una lengua indígena es la comprensión del español, –a mí me pasa a pesar de que llevo muchos años de exilio por conveniencia–, aún no logro comprender una lengua que me impusieron, y siguen imponiendo, porque en cualquier espacio en que llego no hay mensaje en tu’un savi o nahua, nada de eso.

De ahí sé que no es suficiente la comprensión del español para contestar las preguntas que hacen los oficiales en caso de detención arbitraria como pasa en cualquier rincón del mundo, donde el abuso es permanente por las barreras lingüísticas. 

En la plática con el especialista en tema migratorio, pude saber que muchas veces los intérpretes que no tienen conocimiento sobre las variaciones lingüísticas ni de contextos culturales no ayudan en nada a las víctimas, para lo único que sirven es justificar las violaciones a los derechos humanos. 

La relación de Estados Unidos con México en el tema de lenguas indígenas es similar, allá los migrantes no encuentran intérpretes y los procesan porque no contaron con una interpretación adecuada con pertenencia cultural. Mientras que en México el derecho a una interpretación sigue siendo un pendiente, a pesar de que los tratados internacionales han recomendado al Estado mexicano que genere las condiciones para las poblaciones.

Tampoco la capital del país, la Ciudad de los Derechos que se presume ser, cuenta con intérpretes en las fiscalías. 

Cierto día un paisano de Guerrero tuvo que recurrir al ministerio público adscrito en el aeropuerto de la Ciudad de México, porque se vio involucrado en un fraude, cuando quiso interponer la demanda en tu’un savi la secretaria del ministerio público dijo que no podía tomar la declaración porque, según ella, el acompañante no cuenta con licencia para hablar o interpretar en su lengua. Aunque esta afirmación constituía la discriminación en un espacio público. 

En los últimos años, indígenas blanqueados por las universidades se han organizado en asociaciones de traductores e intérpretes indígenas gracias al aval del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) para lucrar con los paisanos y avalar a las instituciones que poco hacen por fortalecer las lenguas maternas. Son estas organizaciones que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México invocó cuando el paisano intentó presentar la demanda en el Aeropuerto Benito Juárez.

Los pueblos y comunidades indígenas necesitan espacios donde puedan hablar su lengua materna sin ser discriminados, e intérpretes éticos que no lucren con las desgracias de las víctimas sino que sirvan de puente para una buena comunicación. Porque en cada interpretación está en juego la libertad de los detenidos de las cárceles y la vida de los enfermos en los hospitales.

Si esto no ocurre, la brecha de la desigualdad jamás disminuirá y las lenguas maternas corren el peligro de morirse, ante la falta de su uso es los espacios públicos y privados.