Grupos conservadores de San Luis Potosí no quieren que se reconozca la violencia vicaria; esto es, cuando en un proceso de divorcio, el hombre arrebata a sus hijos a la madre en venganza.

Texto: Marcela Del Muro

Fotos: Fabiola Rodríguez

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- San Luis Potosí fue el noveno estado en el país en reconocer la violencia vicaria. El pasado 20 de octubre de 2022 el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue impulsada por mujeres que integran el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y la colectiva Cam Cai.  

Pero en menos de dos meses, el pasado 6 de diciembre, las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) fueron estrepitosamente tomadas por integrantes del grupo Igualdad de Derechos para Padres Solteros en México, conformado por tres hombres y dos abogadas que se definen como luchadoras contra la ideología de género. Exigían se emitiera una acción de inconstitucionalidad por la incorporación del término «violencia vicaria» a la ley. 

“Es una ley discriminatoria. Una ley violatoria de derechos humanos. Una ley que estigmatiza al hombre, que dice que el hombre es el agresivo y violentador por naturaleza y la mujer es la víctima”, argumentó la abogada de ultraderecha Teresa Carrizales. 

Su protesta funcionó. La mañana del 8 de diciembre, con el folio 33689, fue presentada la demanda de acción de inconstitucionalidad promovida por la CEDH a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

“Esta no es una acción en contra de la violencia vicaria, no pedimos que se deseche ni que se desvincule de la Ley de Acceso. La idea es reforzarla, que la Corte identifique las posibles lagunas y se reformule el artículo para que se tome en cuenta el sano desarrollo de los niños, niñas y adolescentes”, explicó la presidenta de la Comisión, Giovanna Argüelles, en conferencia de prensa. 

Sin embargo, la abogada feminista Raquel Charqueño, parte de la Red de Abogadas de SLP, explica que la SCJN no está capacitada para emitir una opinión o robustecer la reforma de ley, como lo insinuó la CEDH. 

“Si la Suprema Corte determina que la norma impugnada afecta algún artículo constitucional y es contraria al interés superior de la niñez, por una mayoría de al menos ocho votos, dicha norma se invalida; es decir, es eliminada del ordenamiento jurídico, deja de existir. Se tendría que cabildear para construir la reforma nuevamente”, aclara la abogada Charqueño.   

El 15 de diciembre de 2022 el grupo de padres solteros, renombrado como Almas responsables por la libertad de nuestros niños, tomó las sede del Poder Judicial del Estado, exigiendo la destitución  de la jueza Oralia Lizbeth Solís Aguilar, la única mujer que formaba parte de los juzgados familiares en la capital y quien había sido reconocida, por la misma Judicatura, por sus sentencias con perspectiva de género una semana antes. 

“El Pleno del Consejo de la Judicatura determinó el cambio temporal de la titular del Juzgado Primero Familiar del Primer Distrito Judicial, a efecto de realizar las investigaciones procedentes, sin que ello represente un menoscabo a la independencia judicial”, informó por redes sociales el Poder Judicial un día después de la toma de sus instalaciones.

La jueza Solís Aguilar llevaba algunos de los casos familiares de las ex parejas de las madres que integran el  Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y conforman dicha organización de padres. 

Entendiendo la violencia vicaria 

“Las instituciones no se deben dejar intimidar y no deben tomar acciones solo por la presión que ejerce una tercera parte. Todos pueden darse cuenta del nivel de violencia que nosotras vivimos por cómo han hecho las cosas. Siempre tratan de salirse con la suya ejerciendo violencia”, expresó Claudia Ugalde, representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en el estado. 

La ex pareja de Claudia ha sido uno de los miembros más mediáticos de la agrupación de padres solteros. Sin embargo, no ha cumplido con su parte de la pensión alimenticia desde hace varios años y tuvo un antecedente de sustracción de sus hijos en abril de 2021, cuando llevó a los dos niños a la Fiscalía a levantar una denuncia por violencia familiar en contra de su mamá. El hijo mayor le avisó a Claudia por un mensaje.

“En la Fiscalía, al ver que mis hijos no tenían muestras de violencia, me los dieron a mí. Pero en la carpeta de investigación quedó asentado que la abogada de mi ex marido me amenazó con quitarme la custodia de mis hijos enfrente de ellos”, narra Claudia. 

De las tres madres cuyas ex parejas integran el grupo de padres, la representante del Frente Nacional es la única que tiene a sus hijos con ella. A raíz del conato de sustracción, los menores ven a su papá dos veces por semana en visitas supervisadas en el Centro de Convivencia de los Juzgados Familiares. 

Actualmente, Claudia Ugalde se encuentra demandada por daño moral tras contar su historia de violencia vicaria en medios y en sus redes sociales, después de la presión que el grupo de padres ejerció contra la CEDH y el Poder Judicial. 

“La violencia vicaria es aquella violencia de género que se ejerce sobre los hijos e hijas para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal. El maltratador sabe que dañar o asesinar a los hijos e hijas es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás”, señala Sonia Vaccaro, psicóloga clínica argentina que lleva más de 10 años estudiando este tipo de violencia y fue quien acuñó el término.

El agresor, regularmente el padre o la pareja de la madre, ejerce distintos tipos de violencias contra los hijos y la madre: física, psicológica, emocional, sexual, económica e, incluso, puede llegar al asesinato. La violencia vicaria es considerada la expresión más cruel de la violencia de género.

Los más afectados son los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia vicaria

Como si fuera un obsequio por el día de las madres, el 10 de mayo del 2019 Cesaly Loera recuperó a su hija, tenían 7 años sin verla. En el verano del 2012, la menor de entonces 5 años fue extraída por la familia de su papá. 

“Después de llevársela, me denuncian por violencia y a mi pareja por abuso sexual, esto no procedió por falta de pruebas. También estuve arrestada tres veces por desacato, sigo sin entender por qué, ni siquiera tenía a mi hija. Yo intenté recuperarla. Yo promoví tener visitas, pero nada se pudo”, recuerda Cesaly.

Siete años después, la niña de 12 años escapó de casa de su abuela durante la madrugada, cansada de la violencia que vivía. Fue encontrada vagando a más de 15 kilómetros por la Unidad de Alerta Amber. 

“Pedí hablar con ella y le pedí que me diera una oportunidad. Al final accedió, pero ella no quería estar conmigo, imagínate, en 7 años le dijeron cosas horribles de mí y pues no me conocía”, recuerda Cesaly, parte de la colectiva Cam Cai en el estado. 

Desde entonces, Cesaly y su hija han transitado por un proceso muy doloroso de recuperación, donde han luchado por sanar las secuelas de la violencia vicaria que las dos sufrieron, atravesando por episodios de crisis y pánico que siguen apareciendo de pronto. 

“Nadie te dice lo que viene después de recuperar a tu hija. Conseguir una re vinculación después de tanto tiempo separadas, después de tanta violencia que ella traía en su cabecita, es muy difícil porque quedan muchas secuelas. Ni siquiera alcanzo a describir todo el daño psicológico y físico que ella sufrió. Pero con mucho amor estoy logrando recuperar a mi hija”, relata la madre y activista. 

La colectiva Cam Cai y el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria han denunciado que los principales culpables son las autoridades omisas y los abogados corruptos, que se aprovechan de los huecos legales para beneficiar a su cliente, provocando que se siga violentando a las madres y a sus hijos. 

“La violencia vicaria deja llaguitas en el corazón de los niños. Provoca un daño que institucionalmente no se quiere ver. Ellos dicen: ‘está con sus papás, nada les puede pasar’, cuando la mayoría de los hombres que alejan a sus hijos de la madre tienen previamente denuncias de agresiones, denuncias de violencia, denuncias de abuso”, señala Cesaly Loera. 

Lo que han vivido en San Luis Potosí las madres que integran la colectiva Cam Cai y el Frente Nacional demuestra porqué la violencia vicaria se define cómo una violencia de género: hemos visto cómo los hombres continúan ejerciendo violencia mientras el sistema los protege y les da la razón.

Mediante la presión institucional, en menos de un mes, el grupo de padres y sus abogadas lograron la remoción de la única jueza familiar con perspectiva de género y la inconstitucionalidad de una reforma de ley que las colectivas de madres trabajaron por más de un año.