Desde el palacio municipal de Úrsulo Galván, ocho mujeres lamentan el desaire del gobernador Cuitláhuac García, quien canceló una disculpa pública por la desaparición de sus familiares excusando una agenda apretada. A diez años sin ellos, los recuerdan y prometen perseguir la justicia. 

Texto: Miguel Ángel León Carmona

Fotos: Rigoberto Suárez 

XALAPA, VERACRUZ.-“Lo que me duele es que, de todas, yo soy la más vieja y no logro llegar a él. Todavía, cuando menos, espero que me queden 10 años de vida, y sin me quedan cinco yo voy a seguir buscando a mi esposo”, dice Marisela Sánchez Gómez, a quien sus dos nietos la sostienen de los hombros mientras ella ofrece un discurso. 

Marisela tiene 68 años de edad de los cuales, la última década ha buscado a su esposo, Aureliano Sánchez Tonil, policía cuarto del municipio de Úrsulo Galván que desapareció junto a siete de sus compañeros el 11 de enero de 2013. Los responsables de esas ausencias, confirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), fueron compañeros del gremio, policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. 

El discurso de Marisela lo emite frente al palacio municipal, sede donde este 11 de enero el Gobierno de Veracruz ofrecería una disculpa pública, y aceptaría la responsabilidad por las desapariciones forzadas de Alejandro Báez Hernández (39 años al momento de su desaparición), Aureliano Sánchez Tonil (53), Guillermo Torres Perdomo (41), Javier Araus Molina (43), Luis Alberto Valenzuela González (24), Samuel Montiel Perdomo (46), Juan Carlos Montero Parra, segundo comandante (40) y Agustín Rivera Bonastre, primer comandante (38). 

Marisela y sus demás compañeras -siete esposas y una madre de los policías desaparecidos- asistieron a terapias psicológicas para enfrentar este día que describen como agridulce, porque de sus familiares no hay rastro y ninguno de los 15 agentes estatales señalados por sus crímenes ha sido detenido, pero también importante para la reivindicación de su dignidad, que fue resquebrajada a causa de “una práctica sistematizada de criminalizar en el gobierno de Javier Duarte”, donde todo hecho violento era encasillado a un ajuste de cuentas entre bandas del crimen organizado. 

El gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez se encargó de organizar este acto de disculpa pública desde el año pasado, que incluirá la develación de un memorial frente al palacio municipal donde quedaría constancia que el Estado desapareció a 8 policías municipales durante su horario de trabajo. Sin embargo, esas ilusiones de escuchar una disculpa se esfumaron. Excusando una agenda apretada, el mandatario canceló la disculpa mediante un comunicado.  

“No comprendemos porqué el señor gobernador, que siempre se mostró sensible a nuestros planteamientos, haya tomada esa decisión de cancelar el acto, cuando él, tenía claridad de lo que significaba este evento para las ocho familias”, dice Marisela flanqueada por otras 30 mujeres adheridas al colectivo Solecito Veracruz. 

Pero el desaire institucional no impidió que Marisela y sus siete compañeras: Martha, Rosario, Rosalía, Aurora, María, Obdulia y Reina, recordaran a sus desaparecidos. “No permitiremos que la indolencia y la falta de voluntad de las autoridades nos venzan, al fin la hemos soportado diez años en tres gobiernos diferentes, porque nos habrán vencido sino seguimos buscando permanentemente la justicia, si no ejercitamos la memoria, si no ansiamos la justicia con todo nuestro ser, aunque nos cueste, aunque nos duela y aunque estemos muy cansadas”, refieren. 

Las víctimas indirectas reparten culpas desde un sol incesante en la plaza pública: a Sergio Ulises Montes Guzmán, director de Cultura de Paz y Derechos Humanos y organizador de la disculpa pública de quien piden su renuncia por faltar a sus compromisos, a Cuauhtémoc Zúñiga, secretario de Seguridad Pública por incumplir con la construcción del memorial que este miércoles sería develado, a Verónica Hernández Giadáns, fiscal general, por negarles audiencia y no proceder contra 15 policías estatales ligados a las desapariciones de sus familiares. 

“Sus motivos tuvo el gobernador, mucho más poderosos, para no venir y estar con nosotros”, recrimina Martha González, madre de Alberto Valenzuela González. “Nos hemos cansado de saturar de basura nuestros expedientes en Fiscalía, Luis Ángel Bravo, Jorge Winckler, Verónica Hernández, ¿con cuántos fiscales más vamos a tener que lidiar?”, agrega Marisela. 

“¡Presente!, desaparecido por el estado”, gritan las ocho mujeres después de recordar los nombres de  sus esposos e hijo. Los ocho, salieron la tarde del 11 de enero de 2013 a un rondín de rutina rumbo a la comunidad de El Arenal, en Úrsulo Galván. De acuerdo con testigos, un vendedor de cervezas y un despachador de una gasolinera, los oficiales fueron interceptados por cuatro patrullas estatales mientras compraban esquites.

Los 15 policías estatales, señalados como responsables, formaban parte del denominado Grupo Tajín, en el cual también colaboraba la Secretaría de Marina Armada (Semar). La camioneta de los 8 oficiales apareció horas más tarde, cerca del municipio de Vega de Alatorre, a unos 90 kilómetros de Úrsulo Galván. La unidad estaba calcinada, pero ellos no estaban allí.

Desde entonces, Marisela busca a Aureliano, a quien conoció por cartas que se enviaban de Veracruz a la Ciudad de México, donde ella vivió. La mujer goza de una fuerza que, asegura, le dan sus tres nietos, Ricardo, Ethan y Hunter. Las búsquedas que comenzaron en 2013 sobre una motocicleta ahora son apoyada de dos muletas de antebrazo.  

“Tengo que ser fuerte por ellos (señalando a sus nietos que la sostienen). Sí podemos hablar con el gobernador, adelante, si no, tenemos que continuar, como siempre lo hemos hecho. Muchas compañeras han muerto y a sus familia es el triste legado que les dejamos, que continúen en la lucha”, dice Marisela antes de regresar a casa. Sus amigas la acompañan, y allí fumarán cigarros y soltarán bromas para animarse, como lo han hecho durante diez años.