La renovación en la SCJN, el INE y la UNAM; las elecciones en Coahuila y el Estado de México; la definición de las candidaturas presidenciales de 2024 y el comienzo del ocaso de López Obrador marcarán un año intenso de principio a fin

Twitter: @chamanesco

El año que inicia será la antesala de una nueva renovación de los poderes públicos en México.

Se ven lejanas, pero las elecciones presidenciales de 2024 parecen ser el único objetivo de la clase política en el año que comienza.

Todo lo ocurrido en 2022, con grandes dosis de polarización y desencuentro, ha marcado el rumbo de lo que ocurrirá este año en el terreno político.

Si el año que acaba de concluir estuvo marcado por las diferencias entre el presidente y una oposición que aún no consigue cobrar forma ni generar un proyecto alternativo, el 2023 será un año de confrontación sin tregua.

El año comienza con la renovación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los tres Poderes de la Unión, fundamental para el funcionamiento de la República y de la democracia.

La batalla por la Corte -con el escándalo de la tesis de Yasmín Esquivel como telón de fondo- es fundamental, pues ahí irán a dar las controversias por las leyes electorales que la 4T decidió ajustar con un plan B que resulta más tóxico que funcional.

Enero estará marcado, también, por la “Cumbre de Líderes de América del Norte”, en la que Andrés Manuel López Obrador será anfitrión de Joe Biden y Justin Trudeau, y en la que tratará de convencerlos de su idea de impulsar un acuerdo para la prosperidad de todo el continente. 

Mes a mes, el calendario tiene programadas nuevas batallas políticas.

En febrero iniciará el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LXV Legislatura, última oportunidad para que esta generación de senadores y diputados traten de hacer algunos acuerdos y reformas.

Se prevé, sin embargo, que la oposición se mantenga en “moratoria constitucional” y que el oficialismo siga usando su mayoría para aprobar las reformas legales que le convengan.

En esos días, Morena y sus aliados concretarán en el Senado el segundo paquete de la reforma electoral conocida como “plan B”, que quedó pendiente en diciembre por los cambios hechos de última hora en la minuta.

Con la publicación de las reformas, vendrán de inmediato los recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los amparos, los juicios ante el Tribunal Electoral y toda una estrategia jurídica -emprendida por la oposición y los actuales consejeros del INE- para frenar una reforma que podría descarrilar al sistema electoral mexicano faltando meses para la gran elección de 2024.

Se prevé además que, el día del 106 aniversario de la Constitución, se manifiesten las dos visiones de país: López Obrador encabezando el acto oficial en el Teatro de la República, en Querétaro, y la oposición con una nueva marcha a la que ya se está convocando.

En marzo, la Cámara de Diputados estará procesando la designación de cuatro consejeros electorales que sustituirán a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz Saldaña.

Está previsto que el 28 de marzo sea la votación en el pleno de San Lázaro, luego de un complejo proceso en el que la conformación del Comité Técnico de Evaluación es apenas el punto inicial de discordia.

Los relevos en la presidencia del Consejo General y en otras tres sillas de la “herradura de la democracia” marcan el fin de una época en el INE (caracterizada por los desencuentros entre López Obrador y la dupla Córdova-Ciro Murayama) y el inicio de una etapa nueva, quizás de sumisión del órgano constitucional autónomo a los designios del Ejecutivo.

La salida de Córdova y compañía ocurrirá el 3 de abril, pero justo un día antes comenzarán las campañas electorales en Coahuila y el Estado de México, los dos únicos estados donde nunca ha habido alternancia política.

En abril y mayo transcurrirán las campañas en esos dos últimos bastiones del PRI, última parada en la reconfiguración sexenal del mapa político.

Morena ya gobierna 22 de 32 entidades, junto con sus aliados PVEM, PT y PES, y buscará ampliar su dominio con Delfina Gómez en Edomex y Armando Guadiana en Coahuila.

Al PRI, que ha perdido casi todo en este sexenio, le tocará defender sus plazas con las candidaturas de Alejandra del Moral en el Estado de México y Manolo Jiménez en Coahuila.

Al PAN le quedan sólo cinco estados (Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Yucatán), pero sabe que solo no ganaría ninguna de las dos entidades, por lo que apoyará a los candidatos priistas.

Al PRD, partido en extinción, no le queda de otra más que sumarse al frente opositor, buscando repetir el triunfo de la alianza tripartita conseguido en Durango en las locales de 2022.

La jornada electoral está programada para el domingo 4 de junio, con más de 2.2 millones de coahuilenses y 12.6 millones de mexiquenses convocados a las urnas.

La elección será una buena prueba para los nuevos consejeros del INE, que estarán organizando las elecciones mientras la Corte debata la constitucionalidad de los cambios ordenados por el llamado plan B. 

Inmediatamente después de los comicios, la atención se centrará en las llamadas “corcholatas”, que estarán justo a un año de su anhelada cita con las urnas.

Se prevé que, entre julio y agosto, Morena levante la primera encuesta entre aspirantes, con la finalidad de depurar la lista para proceder a una encuesta final entre los tres aspirantes más visibles: la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Probablemente, para entonces se sabrá si el senador Ricardo Monreal negocia alguna posición para quedarse en Morena, o si rompe para ser postulado por otro partido.

Los tiempos que ha anunciado el líder de Morena, Mario Delgado, probablemente le permitan a Sheinbaum prolongar su doble papel de jefa de gobierno y precandidata hasta su quinto informe de gobierno, a mediados de septiembre, lo que le permitiría gozar de la exposición mediática -y miles de spots- con motivo de ese informe. 

En septiembre, mes en el que el INE debería iniciar formalmente los trabajos preparativos de la gran elección, los partidos de oposición estarán definiendo método para decidir su candidatura presidencial.

Para la oposición resulta clave definir un método que dé vitalidad a su alianza y que permita placear a sus precandidatas y precandidatos, que hasta el momento lucen tímidos y desdibujados.

Movimiento Ciudadano, que gobierna Jalisco y Nuevo León, también enfrentará una decisión estratégica: sumarse a la alianza opositora, o postular a su propio candidato, surgido de una interna entre Luis Colosio, Samuel García y Enrique Alfaro.

En octubre comenzará la cuenta regresiva para Andrés Manuel López Obrador. 

Derivado de una reforma aprobada desde 2014 para acortar el periodo de transición entre presidentes, el actual sexenio concluirá el 30 de septiembre de 2024, por lo que el 1 de octubre le quedará exactamente un año al tabasqueño para dejar el poder.

Por lo tanto, se prevé que durante 2023 el gobierno apriete el paso para dejar sus obras emblemáticas concluidas (Tren Maya y Refinería de Dos Bocas).

Además, se ha anunciado que en 2023 se ampliarán los montos y alcance de los programas sociales, becas a adultos mayores, a jóvenes y a personas con discapacidad.

En noviembre, la Universidad Nacional Autónoma de México tendrá cambio en su rectoría.

Tras dos periodos de cuatro años de Enrique Graue, la Junta de Gobierno de la UNAM (15 distinguidos miembros de la comunidad universitaria) deberán elegir a una persona distinta, en medio de fuertes tensiones entre la Máxima Casa de Estudios y el gobierno de López Obrador. 

La UNAM no es ajena a los vaivenes de la política nacional; en ella operan grupos afines a Morena y, de hecho, una de las aspirantes presidenciales tiene un fuerte arraigo universitario y un importante grupo de apoyo en la comunidad.

Para diciembre, el tablero de 2024 estará definido en cuanto a alianzas, candidaturas por coalición y partido, y si habrá o no candidaturas independientes.

Las precampañas comenzarán en ese último mes de 2023, un año en el que no habrá tregua ni oportunidad para el diálogo y el acuerdo, mucho menos para la tan necesaria reconciliación nacional.