Texto: José Ignacio De Alba. Foto archivo: Marlen Martínez / LadoB
En medio de la batalla que se libra por el robo de combustible de la refinería de Salamanca, y que ha dejado un reguero de sangre en Guanajuato, el presidente electo se comprometió a terminar con los huachicoleros y garantizar que llegue el agua de Jalisco, lo que implica pone en operación la presa de El Zapotillo, detenida por la oposición ciudadana
El conflicto generado por la construcción de la presa de El Zapotillo para llevar agua de Jalisco a Guanajuato podría ser el primero en desatorarse con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que entrará en funciones el próximo 1 de diciembre.
El lunes pasado, el presidente electo visitó Guanajuato, el único estado que se mantuvo ajeno a la ola morenista en el pasado proceso electoral, y se reunió con el gobernador panista, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, quien acaba de asumir el cargo. López Obrador garantizó al gobernadora panista una inversión histórica para la entidad.
Tras el encuentro, López Obrador encabezó un acto público en la principal plaza de León, donde hizo una serie de anuncios – aunque no definió la estrategia para lograrlo- de lo que llamó el “Plan de Bienestar para Guanajuato”. Entre ellos, el de echar a andar la presa EL Zapotillo.
El proyecto fue ideado desde el sexenio de Ernesto Zedillo para abastecer de agua a la pujante industrialización del El Bajío. Sin embargo, para la realización del embalse era necesario inundar los pueblos de Temacapulín, Acasio y Parmalejo, por lo que desde entonces, los pobladores iniciaron una lucha sin precedentes contra tres presidentes (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) para conservar sus pueblos.
A la cortina de la presa sólo le faltan 30 centímetros para ser concluida, pero los habitantes del lugar lograron detener las obras en 2014 gracias a un amparo federal.
Esto debido a que, para la construcción del embalse, los pueblos no fueron consultados, y durante la construcción se han incurrido en excesos y violaciones de derechos humanos.
Las empresas involucradas a cargo del proyecto son La peninsular y Grupo Hermes, propiedad de Carlos Hank Rhon; además de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas relacionada con Carlos Slim.
A pesar de potentado que representan las compañías, los pobladores de Temacapulín dedicados, sobre todo, a la cosecha del chile de árbol han permanecido.
El Zapotillo fue visitado en, por lo menos, cuatro ocasiones por Andrés Manuel López Obrador durante sus campañas a la presidencia. En aquellas ocasiones se pronunció a favor de los pobladores a lo que prometió su ayuda de ganar las elecciones.
“Vamos a resolver el problema de la presa el Zapotillo para que haya agua para León. No se van a violar los derechos humanos, no van a desaparecer los pueblos, vamos a ser respetuosos de la altura de la cortina de la presa y vamos a tener un acuerdo con el gobierno de Jalisco”, aseguró el lunes López Obrador.
Claudia Gómez, representante legal de los pobladores, explica en entrevista telefónica que la construcción de la presa puede ser posible “si se construyen diques que protejan a los habitants” y “si se construyen obras complementarias que garanticen la seguridad de los pobladores”.
Sin embargo, también advierte que se necesitarían estudios que certifiquen que el pueblo y la presa puedan convivir sin riesgos. “Se deben tomar en cuenta las afectaciones sociales, culturales, ambientales […] entonces sí estaría cumpliendo con su promesa de campaña”, dice la abogada.
Cero huachicol
López Obrador aseguró que no habrá robo de hidrocarburo (actividad a la que se atribuye el al índice de asesinatos) y que se combatirá la corrupción al interior y exterior de Petróleos Mexicanos (Pemex).
“Se acaban los huachicoleros, los que ordeñan los ductos, va a ser delito grave. Tampoco va a haber huachicol de altos funcionarios públicos, corruptos, de cuello blanco, porque no todo el huachicol se lleva a cabo en la ordeña de ductos, hay un huachicol tolerado que tiene que ver con la corrupción”, advirtió, antes de asegurar que se inyectarán entre cuatro y nueve mil millones de pesos a la refinería de Salamanca.
Sin embargo, tampoco detalló cuál será su estrategia para abatir la inseguridad y la violencia que asolan en estado.
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Cronista interesado en la historia y autor de la columna Cartohistoria que se publica en Pie de Página, medio del que es reportero fundador. Desde 2014 ha recorrido el país para contar historias de desigualdad, despojo y sobre víctimas de la violencia derivada del conflicto armado interno. Integrante de los equipos ganadores del Premio Nacional Rostros de la Discriminación (2016); Premio Gabriel García Márquez (2017); y el Premio Nacional de Periodismo (2019).
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