Texto y fotos: Arturo Contreras Camero

Por primera vez, el tema del fracking será presentado en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Siete representantes de miles de comunidades afectadas por el uso de esa técnica en América Latina buscan que el organismo internacional presione a los países para prohibir la fractura hidráulica y con eso, recuperar la tranquilida de sus vidas

BOULDER, COLORADO.- “Yo nunca había pertenecido a una organización de estas, ni menos había sido ambientalista”, asegura Doris Gutiérrez, presidenta de la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas (Cordatec).

Doris dice esto desde una calle peatonal en Boulder, un pueblito cerca de Denver. En esta comunidad al pie de las montañas y rodeada de bosques, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza una audiencia para escuchar a decenas de organizaciones y sus representantes.

“Esto en mi vida jamás lo pensé, que estuviéramos aquí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando, porque verdaderamente esto es una lucha como la de David y Goliat, es contra personas muy poderosas”, dice la mujer.

Ella viene con una meta muy clara: no permitir que en su comunidad, San Martín, en el departamento de Cesar, en Colombia, se inicien proyectos de extracción no convencional de hidrocarburos, un método conocido fracking. Este miércoles 3 de octubre va a hacer que su voz se escuche en una de estas sesiones.

Pero Doña Doris, como le dicen, no está sola. Viene con una comitiva de abogados, técnicos especialistas y ambientalistas de Bolivia, Argentina y México, que juntos representan a más de 126 organizaciones de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking. La idea no es que se detenga este método en el pueblo de la señora, sino en todo el continente.

“Esto es importantísimo porque esta es la primera vez que se va a tocar el tema de fracking ante la CIDH”, explica Claudia Velarde, abogada de AIDA (Interamerican Association for Environmental Defense) una organización de expertos legales ambientales con presencia en todos los países de América, que ayudó a promover esta audiencia.

“Queremos pedirles que tomen atención a este tipo de vulneraciones a los derechos de las personas; y que cuando hayan peticiones o problemas legales en algún país específico, ya tengan este antecedente”, dice la abogada.

Es decir, que este es el primer paso de una pelea legal que va a ir sentando las bases para que en el continente se pueda prohibir el uso de esta técnica extractiva.

El encuentro y el trabajo que se ha desarrollado en este grupo ha permitido tener un nuevo enfoque para enfrentar el problema. Después de compartir sus experiencias, todos coinciden en que la operación de las empresas sigue los mismos esquemas en todo el continente, violando derechos de la misma manera.

“Lo que ha sido super importante de este proceso es identificar exactamente qué parte de la técnica del fracking afecta qué derecho humano. Relacionar cada proceso del fracking con una violación a los derechos”, explica Velarde. “El discurso era el fracking es malo porque afecta el agua, porque afecta el suelo, porque transmite enfermedades, pero no se había hecho el vínculo para decir: ‘esto vulnera estos derechos humanos específicos’”.

Para transmitir ese mensaje, la comitiva cuenta con los testimonios de personas que acompañan otros procesos de resistencia en México y Argentina, países en los que se estima hay cerca de 5 mil pozos de extracción de gas operando.

Alejandra Jiménez, de la Alianza Mexicana Contra el Fracking, dice que a la región de la Huasteca, en el noreste de México un día llegaron unos señores a hacer obras y empezaron a trabajar en la perforación de pozos sin avisarle a los pobladores lo que estaban haciendo.

“Aquí no hubo información, no hubo consulta, y nos enteramos que había fracking en la región cuando ya estaban los pozos y cuando ya había daños”, cuenta la activista. “Para hacer el fracking, de entrada, se usan entre 9 y 29 millones de litros de agua para llevar a cabo el proceso en cada pozo, entonces, en esta región, que es muy rica en agua, se está contaminando el agua, y su uso entra en competencia con el uso que tradicionalmente los pueblos le dan”.

Otro ejemplo es el de pueblo Mapuche, en la región sur de la Argentina. Roberto Ochandio, extrabajador petrolero, y ahora activista contra los proyectos de extracción de ese país, explica que a estos indígenas, ganaderos por excelencia, se les desplazó de sus tierras y se les forzó a habitar una zona inhóspita, y casi desértica. Y después de que aprendieron a habitar esos parajes desolados, ahora el gobierno y empresas petroleras internacionales buscan desplazarlos de nuevo, ya que es una región rica en hidrocarburos.

Estos ejemplos son determinantes, pues reflejan que estas personas no están teniendo acceso a un medioambiente sano, a la autodeterminación sobre sus territorios, a la salud, ni a la información; o como explica la abogada Velarde: “Con todos estos derechos (violados), se vulnera el derecho a la vida en sí misma”.

En la víspera de la audiencia, Doña Doris está nerviosade hablar en una tribuna tan importante: “Yo de hecho quería solo formar parte de las cuestiones logísticas de todo esto, a mí no me gusta estar en estos foros, ni dar entrevistas”, cuenta la señora, que hasta hace unos años se dedicaba a administrar y atender la tienda de autoservicio que le sirve a ella y su familia como sustento.

“Pero es que la verdad, creo que es importante luchar porque la gente pueda seguir siendo lo que quiere ser en estas tierras, que puedan ser ganaderos o pescadores; y no petroleros a fuerza”, asegura.

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