En 2013 la Fiscalía estatal resolvió que la joven Yovanna Torres “se había suicidado”, pero los errores llevaron a la reapertura de una investigación. Ese caso, que marcó un precedente en el estado, no ha sido el único caso que reúne características que podrían determinar que en realidad se trata de un feminicidio

Texto: Mónica Cerbón / Tw: @Monica_Cerbon

Fotos: Especial

AGUASCALIENTES.- Han pasado más de tres mil 500 días desde que el cuerpo de Yovanna Torres Briseño, de 28 años, fue localizado tendido en la sala de su departamento, el 26 de mayo de 2013. Desde el día uno, su familia ha recorrido un largo camino para exigir justicia por su feminicidio, que fue cerrado por la Fiscalía de Aguascalientes, el mismo día del hallazgo, como un suicidio. Su caso no ha sido el único.

En este estado del país, que presume ser uno de los más seguros y estables económicamente, los suicidios ocurren con mucha regularidad. De acuerdo con el INEGI, Aguascalientes ocupa el segundo lugar en el país con el mayor número de auto privaciones de la vida con una tasa de 11.1 por cada cien mil habitantes al cierre de 2020. El estado se ubica solo por debajo de Chihuahua, que tiene una tasa de 14 por cada cien mil personas.

Las autoridades, sin embargo, no investigan lo suficiente. Los casos de suicidio suelen cerrarse en un par de horas, sin que se ahonde en el contexto de lo ocurrido o se sigan otras líneas de investigación.

El caso de Yovanna retrata bien esa carencia, que resulta en impunidad garantizada para feminicidas. Es además un caso histórico para la entidad y un precedente en la lucha contra la violencia machista que este 2022 ha cobrado la vida de nueve mujeres en el estado en casos registrados como feminicidios; y ha colocado a Aguascalientes por encima de la media nacional en presuntos feminicidios de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La tasa en el estado es 1.21 delitos de feminicidio por cada cien mil mujeres, mientras que la media nacional es de 1.17.

De acuerdo con datos obtenidos vía transparencia, la Fiscalía de Aguascalientes ha registrado el suicidio de, al menos, 31 mujeres menores de edad y 180 adultas desde enero de 2015 hasta el último día de octubre de 2022. Por densidad poblacional, la capital es donde más casos se han registrado, seguida de los municipios de Jesús María y San Francisco de los Romo.

Lo que le ocurrió a Yovanna permitió visibilizar la nula investigación de las autoridades ministeriales en los casos de suicidios de mujeres, catalogados como muertes violentas y que, por lo tanto, deben investigarse bajo el Protocolo de Feminicidio. A Yovanna, de acuerdo con datos de prueba aportados por su familia y un dictamen realizado por peritos independientes, la asesinaron. Pero su agresor nunca enfrentó a la justicia.

En abril de 2014, el Ministerio Público número 9 determinó el no ejercicio de la acción legal tras no encontrar evidencia de algún delito. Pero luego de una larga batalla judicial conducida por Yadira Torres Briseño, hermana de Yovanna, acompañada por el equipo litigante del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA), el caso pudo reabrirse.

En marzo de 2017 el Juez Primero de Distrito en el estado, Jaime Páez Díaz, resolvió que la labor investigativa y forense de la Fiscalía estatal en la muerte de Yovanna fue negligente, por lo que su conclusión era inexacta y poco confiable.

La resolución judicial también aclaró que la Fiscalía no recolectó pruebas vitales sobre el caso, ignoró las que tenía a disposición y no siguió los protocolos básicos de investigación, por lo que ordenó devolver el caso a las autoridades ministeriales para una re-investigación y re-evaluación completa y competente.

Tras la reapertura del caso, Aurelio Coronado, Brent Turvey y Valeria Baltazar, criminólogos forenses y peritos independientes del Behavioral Sciences Lab, fueron contratados por la Fiscalía para realizar un nuevo peritaje.

Lo que las autoridades ministeriales no pudieron determinar en cuatro años, Coronado, Turvey y Baltazar lo hicieron en cinco meses: Yovanna fue víctima de feminicidio. Ella falleció entre las 3 y las 4 de la mañana del domingo 26 de mayo de 2013. Su entonces pareja, Carlos “N”, aseguró haber llegado al departamento que compartían a las 4 de la mañana, pero no llamó a los servicios de emergencia sino hasta las 12:30 del día, es decir, ocho horas después de que Yovanna falleciera.

El lugar del crimen fue alterado, su cuerpo no fue encontrado en la bañera, donde, de acuerdo con Carlos “N”, se suicidó utilizando el tubo de descarga de la regadera. Pero tras una visita al departamento, los peritos independientes comprobaron que el tubo era incapaz de sostener el cuerpo de una persona. Ella, además, había compartido en su círculo cercano ser víctima de episodios de violencia, con su pareja mantenía diversas discusiones. La última, de hecho, ocurrió horas antes del episodio en donde perdió la vida.

La herida de muerte de Yovanna tampoco era compatible con el mecanismo que habría utilizado para “suicidarse”. La Fiscalía ignoró esa y otras pruebas fundamentales durante la autopsia, como las marcas en sus manos que retratan que intentó defenderse. Los encargados del área forense en ese año forzaron la conclusión de suicidio.

“La negligencia e incompetencia de los investigadores de la escena del crimen en este caso es tan grande, que la Oficina del Fiscal General tiene la responsabilidad de auditar cada investigación asignada a los investigadores que participaron en este caso, para garantizar que no se hayan cometido omisiones y negligencia en otros casos. Lo mismo sucede en el caso de los médicos forenses, la Dirección de Investigación Pericial, la Bodega de Indicios y el equipo de psicólogos”, recomendaron los peritos independientes en el informe entregado a la Fiscalía.

Aunque los tres criminólogos forenses lograron demostrar que se trató de un feminicidio, en 2020 la Fiscalía mantuvo su postura de no ejercer acción penal. La familia aún tiene el derecho de volver a impugnar la decisión, pero el camino, acepta Yadira Torres Briseño, ha sido cansado.

El caso ya es conocido en Aguascalientes. Se han realizado marchas, se han hecho posicionamientos, se ha gritado a las puertas de la Fiscalía, pero seguir nombrando lo que le sucedió a Yovanna implica que permanezca en la memoria y que la lucha por la investigación de los casos de suicidios de mujeres como muertes violentas sea vigente…aunque la Fiscalía se niegue, hasta el día de hoy, a hacerlo.

“La verdad es que aunque uno tenga las pruebas, si no hay voluntad en los procesos para juzgar con perspectiva de género y las personas que están frente del ejercicio de justicia no tienen esta deconstrucción o esa visión, pues lamentablemente los feminicidios van a seguir ocurriendo y la impunidad va a seguir reinando. Entonces lo único que queda es hacer memoria, seguir visibilizando, pero también no solo visibile, darle seguimiento, ver qué pasó con esos feminicidios, si se llegó a vincular a proceso, a sentencia o en qué están”, dice Yadira Torres, la hermana de Yovanna, en entrevista con Poplab.

No es el único caso

Aurelio Coronado Mares, integrante del Behavioral Sciences Lab y perito independiente en el caso de Yovanna Torres, dice que el de ella no es el único “suicidio” que reúne características que podrían determinar que en realidad se trata de un feminicidio.

Aunque los casos permanecen en investigación y por tal motivo no se pueden ofrecer mayores detalles, hay al menos otros dos casos de muertes de mujeres que la Fiscalía de Aguascalientes resolvió como suicidio o muerte natural, con elementos que podrían determinar que en realidad son feminicidios.

Uno de ellos es el caso de una niña de diez años que en 2019 falleció tras, presuntamente, haberse suicidado. La niña dejó diversas pistas sobre el entorno violento que la rodeaba. El otro caso es el de una trabajadora de la salud que murió en 2019, de acuerdo con la Fiscalía, de un ataque cardiorrespiratorio, pero sus condiciones de vida también eran violentas.

“Hemos tenido acceso a las carpetas, lo que te puedo decir es, por ejemplo, que la autopsia está muy mal hecha, hay muchas lesiones y muchos indicadores que simplemente no se incluyen en la conclusión y las condiciones de procesamiento de la escena del crimen fueron apresuradas, por no decir descuidadas, hay un abandono profesional. Lo único que determinan es la causa de la muerte y no el mecanismo de la muerte, entonces alguien se puede morir de un ataque cardíaco en un ataque violento y alguien puede, por ejemplo, cometer suicidio a partir de una serie de de violencias que está viviendo, el suicidio inducido también es un crimen en concreto”.

Coronado explica que en Aguascalientes, y posiblemente en todo el país, las autoridades de gobierno no tratan como deberían de hacerlo tanto el suicidio como el feminicidio.

“Ambos vienen de un problema de justicia social y los dos se investigan mal. Tanto los suicidios como los feminicidios vienen de una desatención estructural a la marginación, las personas más marginadas serán las víctimas. El problema fundamental es que cuando las personas acuden al sistema de salud, lo que tienen es en realidad trauma por una vida violenta, y lo que se le receta son medicamentos para poder a calmar esa violencia, por eso es que llegan al suicidio. Por el otro lado, tenemos casos de aparente suicidio que no se están investigando. La directriz internacional y nacional es que toda muerte violenta de mujeres y de personas vulnerables deben investigarse como feminicidio, como infanticidio o como homicidio”.

Omisiones y pendientes

Violeta Sabás de León, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género, acompañantes del caso de Yovanna Torres y de cientos de mujeres víctimas de violencia; asegura que en Aguascalientes la Fiscalía sigue cometiendo un grave error: no creerle a las víctimas.

“Nosotras sistematizamos muertes violentas, muchas de ellas están relacionadas tanto con violencia previa como con situaciones sospechosas en la muerte o cuando se trata de feminicidios que se ocultan como suicidios, que hay situaciones de violencias previas a la privación de la vida. Parte de de esta situación es que Fiscalía no los investiga como si se tratara de de feminicidios».

Este 8 de diciembre se cumplen tres años de un proceso que estuvimos en orientación y asesoría de una mujer que fue atropellada, pero la persona que la atropella era su pareja sentimental; muchas personas vieron la intencionalidad de cómo el carro se se dirige contra ella, pero ese feminicidio está cerrado como accidente de tránsito”.

Y agrega: “Cuando las víctimas logran salir vivas, se sigue dudando del testimonio de ellas, es una constante que hemos visto. Esto además de ser profundamente revictimizante para las víctimas, pues suma a la impunidad y a que no se tenga acceso a la justicia, y mucho más grave todavía que no se se logre una reparación del daño, además de que no se visibiliza”.

Por su parte, Wilfrido Salazar, defensor y abogado especialista en derechos humanos e integrante del equipo jurídico que llevó el caso de Yovanna Torres, agrega que ese hecho provocó, entre otras cosas, que en 2017 –el mismo año en que la Fiscalía tuvo que reabrir la investigación– en Aguascalientes se creara el Protocolo de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres, diseñado para “orientar la actuación del Ministerio Público en la investigación para determinar la presencia o ausencia de elementos probatorios del delito de feminicidio”, señala el documento.

El Protocolo está diseñado para aplicarse en cualquier muerte violenta de una mujer, su objetivo es determinar si se trata o no de un feminicidio, es decir, que haya sido asesinada por el hecho de ser mujer. El documento establece que los factores para orientar la investigación hacia un probable feminicidio son: que la víctima sea mujer, que viva en un contexto de violencia, que tenga alguna relación –de cualquier tipo– con el agresor, que la causa de muerte sea violenta, y que se localicen indicios de un asesinato.

Todos estos elementos existen en el caso de Yovanna Torres.

“El amparo (por el caso de Yovanna Torres) definió cuáles son los puntos básicos que debe de seguir la Fiscalía para la investigación de muertes violentas de mujeres, pero lamentablemente en estos momentos, como ocurre en un caso que estoy acompañando, las autoridades siguen dejando mucho que desear, no hay debida diligencia, por ejemplo, en los dictámenes antropológicos-forenses que son capaces de arrojar diversas líneas de investigación. Tenemos investigaciones que siguen siendo no robustas y ya en un periodo de juicio hay pruebas que no pueden ser sustentadas por la Fiscalía.

*Esta nota fue realizada por POPLAB, integrante de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leerla.