Independientemente del plan B de la reforma electoral, al presidente y su partido les queda una última carta, una especie de plan C para conseguir su anhelado control del INE: la próxima designación de cuatro nuevos consejeros

Twitter: @chamanesco

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado un plan B para darle la vuelta a la negativa de la oposición a aprobar su iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. Se trata de un plan que, aunque no le dará lo que quería en su reforma constitucional, sí podría modificar de fondo el funcionamiento actual del sistema electoral, y que el próximo año se complementará con la designación de cuatro nuevas consejeras y consejeros del INE, muy probablemente afines al actual gobierno.

El propio presidente ha puesto los números sobre la mesa: Morena y sus aliados tienen 276 curules en la Cámara de Diputados y hoy, tras la marcha del 13N, se sabe que el PRI no aportará los más de 60 votos que le faltan a la 4T para conformar la mayoría calificada que requiere un cambio a la Carta Magna.

El plan B de López Obrador no le dará el cambio profundo que quería con su reforma, pues los puntos medulares que pretendían modificarse están blindados constitucionalmente:

El nombre y la naturaleza del Instituto Nacional Electoral, la existencia de los 32 organismos públicos locales electorales, el número de integrantes del Consejo General del INE (11) y el método de designación, las facultades del INE en cuanto a administración del Padrón Electoral y la Lista Nominal, el financiamiento anual ordinario para los partidos políticos y sus prerrogativas para gastos de campaña, el modelo de comunicación política que obliga a los concesionarios a otorgar tiempos específicos a autoridades electorales y partidos, los límites a la propaganda gubernamental en procesos electorales o de consulta ciudadana, el número de curules en la Cámara de Diputados y escaños en el Senado de la República y la forma en la que éstos se eligen y la existencia de un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sus salas regionales y determinado número de magistraturas y de tribunales estatales en materia electoral.

Eso, y algunas otras cosas más que se buscaban cambiar en la iniciativa que el presidente envió al Congreso el pasado 28 de abril, pasan por reformar 18 artículos de la Constitución y, prácticamente, refundar el sistema político-electoral mexicano.

Las principales modificaciones se plantean en el artículo 41 constitucional, que no en vano es uno de los más largos de la Constitución, pues ahí han ido a parar los acuerdos a los que los partidos han llegado en las últimas décadas para regular la disputa por el poder.

Por eso es complicado que con el plan B el presidente logre la transformación radical que proponía en su iniciativa:

“Suprimir” al INE (así dice la iniciativa) y crear el INEC, desaparecer los organismos locales, reducir el número de consejeros y magistrados electorales y elegirlos por voto popular, disminuir las Cámaras a 300 diputaciones y 96 senadurías, eliminar el financiamiento público anual a los partidos, reducir a 30 minutos diarios la propaganda política en radio y televisión y disminuir el umbral de participación (a 33%) para que una Consulta Popular sea vinculante.

Ante ello, el presidente anunció su plan de cambiar sólo leyes secundarias, y Morena en la Cámara de Diputados ha empezado a aterrizar esta nueva estrategia.

Ignacio Mier, coordinador de la bancada morenista, ha explicado que se pretende reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), para fusionar áreas del INE, modificar sus estructuras internas y generar así ahorros que podrían alcanzar hasta los 3 mil millones de pesos anuales.

El plan no es nuevo: ya en el pasado el legislador Pablo Gómez -hoy titular de la UIF y autor de la iniciativa presidencial- había propuesto ideas como fusionar en una sola área la Organización Electoral y la Capacitación Electoral.

Si bien ya no se trata de una refundación, los cambios a leyes secundarias (LGIPE, Ley de Medios de Impugnación, Ley de Partidos Políticos y Ley de Delitos Electorales) sí podrían derivar en cambios significativos respecto al funcionamiento del sistema, que se aplicarían en los procesos locales de 2023 y en el proceso federal electoral de 2024.

Actualmente, el INE cuenta con una compleja estructura: un Consejo General, una Secretaría Ejecutiva, una Junta General Ejecutiva, seis direcciones ejecutivas, 10 unidades técnicas, 32 Juntas Locales Ejecutivas y 300 Juntas Distritales Ejecutivas, con una nómina de aproximadamente 17 mil trabajadores.

En esa compleja estructura burocrática, agigantada por las múltiples atribuciones que se le confirieron al INE en la reforma de 2014, está puesta la mira y el bisturí de Ignacio Mier y su grupo parlamentario, quienes tendrían los votos suficientes para hacer una reforma legal que requiere mayoría absoluta (250 más uno) y no mayoría calificada.

El tamaño de esa reforma se conocerá hasta diciembre, una vez que se haya votado en el pleno (y desechado) el plan A del Ejecutivo, lo que daría pie a la presentación de las iniciativas de reforma a leyes secundarias.

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Independientemente de que se hagan o no las reformas del plan B, y del alcance de las mismas, al presidente y su partido les queda una última carta por jugar; una especie de plan C para conseguir su anhelado control del INE: el proceso de designación de cuatro consejeras y consejeros electorales.

Dicho proceso está en puerta e implica la sustitución de Lorenzo Córdova en la presidencia del Consejo General del INE, y de los espacios que actualmente ocupan Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña, cuyos cargos concluyen el 3 de abril de 2023.

En eso, el partido mayoritario lleva mano.

El artículo 41 constitucional establece el método de designación y la duración de esos cargos: nueve años, lo que le dará a la próxima presidenta o presidente del INE la posibilidad de dirigir la institución hasta 2032, es decir, en dos elecciones presidenciales (2024 y 2030) y una intermedia (2027).

Se trata de un proceso de designación que comienza con la emisión de la convocatoria y la conformación de un comité técnico de siete personas: dos a propuesta de la CNDH, dos del Inai y tres de la Junta de Coordinación Política.

El comité, sin ninguna duda, estará conformado por personas afines al régimen, que ya controla por completo la CNDH, tiene la mayoría en la Jucopo y una gran ascendencia sobre un Inai actualmente debilitado e incompleto.

Ese comité hará la revisión de los perfiles de quienes se inscriban en el proceso, para revisar que cumplan con los requisitos legales para ser consejero (que podrían modificarse próximamente con una reforma a la LEGIPE); aplicará exámenes, entrevistas, puntajes a cada aspirante, y conformará las quintetas (una por cada vacante) de las que saldrán los nuevos consejeros.

Morena, PVEM y PT requieren negociar con la oposición en la Cámara de Diputados (probablemente el PRI) para conseguir las dos terceras partes de los votos (otra vez mayoría calificada), pero los nombramientos ya no pasan por el Senado, lo que facilita las negociaciones de Morena con el grupo de Alejandro Moreno y Rubén Moreira.

Además, en caso de que Morena no obtenga los 334 votos en el pleno de San Lázaro para avalar la propuesta que haga la Jucopo (donde se seleccionará un nombre de cada quinteta), los nombramientos se resolverían por sorteo, primero en el propio pleno de la Cámara y, en última instancia, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es decir, una vez que haya quintetas, habrá nuevas consejeras y consejeros.

Y no cabe duda de que serán personas afines al grupo gobernante y los partidos o partido que participen del acuerdo, como ocurrió en 2008 y 2014.

Haya reforma electoral o no, Morena lleva mano en la designación. Es legal y legítimo. Hoy es mayoría y, como en el pasado, el partido mayoritario tiene un rol determinante en las decisiones sobre el futuro del sistema electoral.