Después de 10 años, la ampliación de la carretera La Pera-Cuautla está lista. La obra fue detenida en varias ocasiones por el movimiento social de Tepoztlán. A la inauguración acudieron vecinos del poblado a pedir pase libre y que los 100 millones de pesos de indemnización sean usados en pro de la población y no lleguen a manos de un grupo de comuneros acusados de vender zonas de reserva ecológica

Texto y fotos: Arturo Contreras Camero

TEPOZTLÁN, MORELOS.- El acto de inauguración estaba preparado para las once de la mañana. Desde las nueve, la Asamblea Comunitaria de Tepoztlán se dio cita en la glorieta a la entrada del pueblo. Movilizados por un autobús viejo llevaron varias peticiones al presidente López Obrador; entre las más importantes, que se asegure el paso libre por la caseta a los locales y que se verifique el destino de 100 millones de pesos de indemnización por las obras carreteras.

“Hay un compromiso que no se pague el peaje, es algo que no está firmado ni sellado, no hay nada en firme”, dice Roberto Robles, parte de la Asamblea. Desde 1965, cuando se creó la carretera, hubo una promesa similar, que aunque sí estaba firmada y sellada, no se respetó. “Es importante destacar que el presidente municipal dijo que el acuerdo será válido mientras no haya protestas, es decir que quieren parar el movimiento social”. 

Cuando acaba de hablar, el camión llega a la caseta. “¡Paso libre! ¡Paso libre!”, gritan desde el camión. “¡Vamos a tomar la caseta!”, grita otro. El camión pasa sin pagar la cuota, pero sin el beneplácito del operador. Seis kilómetros más adelante, los invitados del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, atiborran el espacio bajo la carpa donde se llevará el mitin por la inauguración.

Al llegar, algunos de los representantes de la Asamblea son atendidos por miembros de la Ayudantía de Presidencia, quienes reciben sus peticiones: además del paso libre, demandan que se destine un porcentaje de los ingresos carreteros a mejoras en la comunidad, que se repare el daño ambiental por el derribo de 5 mil árboles, que se detengan las invasiones en suelo de conservación, tanto en Tepoztlán como en Santa Catarina Zacatepec y que el pago de una indemnización de aproximadamente 100 millones de pesos, que según los pobladores prometió la federación, no se destine a la representación de Bienes Comunales.

Esos 100 millones se podrían usar para comprar ambulancias para el municipio (donde no hay ni una pública); para construir un hospital o un mejor mercado, dicen los integrantes de la Asamblea, quienes ya no protestan por la ampliación de la carretera, cuyos beneficios son evidentes. 

“¡Ya era un caos de tráfico! Y cuando vienes de Cuautla y vienes siguiendo los tráileres, es seguro que llegas tarde”, dice una señora que acompaña a la Asamblea. “Con lo que estamos inconformes es que sea el comisariado, que se nombró en votación, pero no lo hicieron legalmente. Todos los tepoztecos estamos inconformes”.

Como hemos reportado en Pie de Página, la actual representación de Bienes Comunales está bajo el control de la familia Cuevas y de Francisco Almazán. Es un grupo del pueblo vecino de San Juan Tlacotenco, quienes han permanecido en la titularidad de esta autoridad desde hace casi una década. En ese lapso han vendido y lotificado grandes porciones del suelo de conservación de Tepoztlán. Este grupo llegó al poder después de apoyar el proyecto de ampliación de la autopista.

Desde 1965, cuando se inició la carretera, esta constaba solo de dos carriles. En 2012, antes de terminar su gestión, Felipe Calderón inició el proyecto de ampliación de la carretera. Un año después, cuentan los pobladores de Tepoztlán, el gobernador Graco Ramírez, bajo consigna del entonces presidente, mandó un grupo de granaderos a Tepoztlán para ayudar a que el grupo de Los Cuevas-Almazán asegura su control de la representación de Bienes Comunales.

Ante ello, la Asamblea Comunitaria pidió al presidente López Obrador que no sea ese grupo comunal el que reciba la supuesta indemnización de 100 millones de pesos por el daño provocado a 120 hectáreas de suelo comunal.

El acto inicia y bajo una carpa están el presidente López Obrador, el gobernador Cuauhtémoc Blanco y el encargado de despacho de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño. Frente a ellos, funcionarios y personal del gobierno estatal. En cuanto toma la palabra el gobernador, el ambiente del lugar se transforma en el de un estadio, lleno de rechiflas y mentadas de madre. De inmediato, las personas llevadas para apoyar al Cuau corean “¡Gobernador! ¡Gobernador!”, para acallar las rechiflas que llegan desde el fondo, donde está la Asamblea. 

Eventualmente, el presidente toma la palabra: “Ya hay un acuerdo también para que los pobladores de aquí no paguen por el paso en la caseta. Y que Jorge (Nuño) esté pendiente, esté muy pendiente de que se termine todo”, dice sobre la obra que aún no está lista al cien por ciento. 

“Miren, se podía esperar y que yo viniera en 15 días, pero cuando es así… Voy a ir a un recorrido y ya habíamos dicho que era para finales de septiembre y andamos en finales de octubre, dicen: ‘Es que nos falta todavía’, pero, bueno, vamos a abrirla. Entonces, les acepté, a sabiendas de que todavía falta porque si no vengo no le meten más”. 

Este lunes algunos integrantes de la Asamblea Comunitaria se van a reunir con el procurador Agrario Nacional en Ciudad de México. Buscan dialogar sobre la representación comunal de Tepoztlán y determinar, entre otras cosas, quién será el destinatario de los 100 millones de la discordia.

Al regreso, en la caseta le piden al camión que transporta a la Asamblea que pague la cuota correspondiente. “El presidente acaba de decir que tenemos paso libre”, dice uno de los integrantes, que levanta la pluma a mano para que pasen sus compañeros.