Con el impulso de organizaciones civiles, un juez concedió que ninguna mujer o persona gestante pueda ser detenida o se le inicie una carpeta de investigación por practicarse un aborto consentido en Puebla

Texto: Samantha Páez

Foto: Mireya Novo / Cuartoscuro

PUEBLA.- Hace 10 meses las organizaciones Cafis, Odesyr y GIRE interpusieron un amparo contra la criminalización del aborto en Puebla, el resultado es que el 14 de octubre un juez de distrito concedió que ninguna mujer o persona gestante acompañada u orientada por estas organizaciones pueda ser detenida o se le inicie una carpeta de investigación por practicarse un aborto consentido.

Este amparo formó parte de una estrategia legal por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y organizaciones locales en Puebla, Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Morelos, San Luis Potosí, Sonora, Jalisco y Querétaro para eliminar el delito de aborto autoprocurado de los códigos penales de dichas entidades, así como del Código Penal Federal.

En el caso de Puebla, el juez distrital señaló que los artículos del Código penal que regulan el aborto autoprocurado y consentido son violatorios de los derechos humanos, también sería inconstitucional criminalizar a quienes brindan apoyo a las mujeres o personas gestantes para interrumpir de forma voluntaria sus embarazos y no debería sancionarse penalmente a quienes abortan de forma voluntaria.

Es por ello que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que sean acompañadas por dichas organizaciones no podrán ser criminalizadas por abortar de forma libre y consentida. 

En respuesta a la solicitud de información folio 210421521000165, la Fiscalía General del estado de Puebla informó que de enero de 2017 a octubre de 2021 fueron 18 carpetas de investigación abiertas en contra de mujeres por abortar voluntariamente. Asimismo, según las solicitudes folios 210425321000136 y 210425321000137, del Tribunal Superior de Justicia desde 2007 a noviembre de 2021 se condenaron a 9 mujeres por el delito de aborto, la última de ellas en 2016 en el municipio de Huauchinango.

De acuerdo con Enrique Arcipreste, abogado GIRE, si bien esta resolución sólo beneficiaría a las organizaciones promoventes, el juez distrital logró hacerlo más general al establecer en la sentencia que el beneficio sería también para aquellas personas a quienes acompañen y orienten las organizaciones. 

Además de que dicha resolución tendrá que ser dada a conocer a juezas y jueces distritales, así como a la Fiscalía poblana, y el Congreso local para que conozcan los alcances de la misma. 

En tanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el amparo de Aguascalientes para resolver el tema, esto debido a que el juez distrital no reconoció a las organizaciones sociales como sujetas de derechos para ampararse contra la criminalización del aborto, dijo Enrique Arcipreste.

El abogado explicó que si bien estas victorias legales podrían enviar un mensaje a los Legislativos para que cambien el Código Penal y eviten la criminalización del aborto autoprocurado, la estrategia no fue dirigida a omisiones legislativas y por tanto aunque se ganen los amparos y el juicio en la Suprema Corte los congresos locales no estarían obligados a cambiar la norma.

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