Una autoridad electoral debilitada de cara a 2024 parece ser el objetivo de la iniciativa oficial de reforma electoral. El PRI ha dicho que no acompañará ese objetivo, pero la credibilidad del tricolor está por los suelos

Twitter: @chamanesco

En esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a decir que a este país le urge una reforma político-electoral, “para que se respete la voluntad del pueblo y que haya elecciones limpias y libres”.

Probablemente el presidente no se ha detenido a revisar la historia electoral más reciente.

Su partido, Morena, obtuvo su registro nacional en 2014, el mismo año en el que el Instituto Federal Electoral (IFE) se convirtió en Instituto Nacional Electoral (INE).

Morena compitió por primera vez en las elecciones federales y locales de 2015 y, en tan sólo tres años, se convirtió en el partido mayoritario: ganó en 2018 la Presidencia de la República, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, la mayoría simple en el Senado de la República, la Ciudad de México y cuatro gubernaturas, cientos de ayuntamientos y mayorías en una veintena de Congresos locales.

Desde entonces, Morena ha ganado la mayor parte de las elecciones celebradas en el país y, salvo el caso de Puebla en 2018, ha recurrido muy poco a los tribunales alegando fraude.

Un dato ilustra cómo Morena ha sido el principal beneficiario de un modelo electoral creado después de 2012 para impedir que los gobernadores siguieran teniendo injerencia indebida en los comicios.

De 56 elecciones de gubernaturas celebradas de 2014 a la fecha, en 39 hubo cambio de partido en el gobierno, y 23 de ellas fueron ganadas por Morena y sus aliados.

Aun más, si sólo se cuentan los comicios estatales celebrados desde 2018, puede decirse que de 40 procesos, Morena y aliados han ganado 23 (Baja California, en dos ocasiones, 2019 y 2021), lo que le permite hoy al presidente contar con 22 gobernadores aliados a su proyecto.

Es decir, no han sido el INE y el sistema electoral actual un obstáculo para la expansión territorial del “movimiento”, ni para que “la voluntad del pueblo” llegue al poder.

Y, sin embargo, el presidente y sus colaboradores están empeñados en llevar a cabo una reforma electoral antes de los comicios de 2024.

Eso implica que les quedan siete meses y lo que le queda a octubre para consumarla, pues el último día de mayo de 2023 es el límite constitucional para aprobarse reformas electorales aplicables en el proceso federal ordinario de 2024, cuyo arranque formal será en septiembre del próximo año.

Los plazos se acortan aún más si se considera que el 3 de abril concluye el periodo para el que fueron designados cuatro consejeros del actual INE, incluido el consejero presidente, Lorenzo Córdova.

El proceso de designación de sus reemplazos deberá abrirse en febrero de 2023, por lo que los plazos para una reforma electoral se estrechan aún más.        

En la conferencia mañanera del miércoles 12 de octubre, López Obrador resumió la iniciativa que ya presentó el pasado 28 de abril en tres puntos: que “el pueblo elija a jueces imparciales”, que se reduzca “el mucho dinero que se está destinando a la organización de las elecciones”, y que no haya duplicidad, “que sólo exista un organismo electoral para hacer todas las elecciones del país”.

Horas más tarde, en la Cámara de Diputados, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sostuvo un encuentro con la bancada de Morena, en el que aseguró que el acuerdo con el PRI para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta 2028 abre camino a la posibilidad de construir una “verdadera reforma electoral”.

Al día siguiente, el PRI y Morena consumaron la reforma que les pidió el Ejército, con una votación de 339 legisladores a favor, 155 en contra y dos en abstención.

A Morena, se le fueron cuatro de los 203 votos que tiene en San Lázaro: tres en contra y una abstención. Y al PRI cinco de sus 69: dos en contra, una abstención y dos que no se presentaron a la sesión.

Sin embargo, el PRIMOR logró un bloque de 199 morenistas, 64 priistas, las bancadas completas del PVEM (41) y PT (32), además de tres perredistas que, como hicieron los senadores Miguel Ángel Mancera y Antonio García Conejo, desobedecieron la línea de su partido.

La votación es indicativa de lo que podría ocurrir en el futuro: si los cuatro partidos fueran unidos en una reforma político electoral, tendrían 346 votos, más que suficiente para la mayoría calificada que se requiere en una reforma constitucional.

Por ello, Morena y Adán Augusto se muestran confiados. Incluso Ignacio Mier, coordinador de los morenistas, ha declarado que en esta misma semana podría estar listo el dictamen de una reforma político-electoral.

El PRI, sin embargo, asegura que no habrá PRIMOR electoral.

Cuando aún retumbaban las palabras de Adán Augusto en los noticieros de radio, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y el coordinador de los diputados del tricolor, Rubén Moreira, se apresuraron a desmentir al secretario.

Niegan que vayan a ir con la reforma que propuso López Obrador, que implica “suprimir” al INE y crear el INEC; desaparecer los organismos locales electorales, elegir a consejeros del INEC y magistrados del Tribunal Electoral mediante voto popular, reducir el tamaño de las Cámaras del Congreso, disminuir las prerrogativas de los partidos y una serie de cambios adicionales que debilitan los candados que hoy garantizan la autonomía del INE y la posibilidad de celebrar elecciones libres.

Una autoridad electoral debilitada de cara a 2024 parece ser el objetivo de la iniciativa que Pablo Gómez y Horacio Duarte redactaron para complacer al presidente.

El PRI ha dicho que no acompañará ese objetivo, pero la credibilidad del tricolor está por los suelos, luego de la reforma militarista impulsada por “Alito” para detener su defenestración.

Reforma que terminó siendo apoyada también por la mayoría de los priistas en el Senado de la República, donde se supone que existía un infranqueable bloque de contención y donde Miguel Ángel Osorio Chong, Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu juraban que no pasaría.

Más allá de las declaraciones, la reforma constitucional que quería la 4T para ampliar la presencia militar en las calles se aprobó, y se aprobó gracias al PRI.

La reforma, de paso, rompió la moratoria constitucional declarada por la oposición y quebró la alianza electoral opositora que en 2021 intentó -sin éxito- frenar a Morena y que se presentaba como alternativa para 2023 y 2024.

Aunque sus líderes lo nieguen, lo cierto es que el PRI podría construir con la 4T un acuerdo, ya sea para una reforma electoral constitucional de gran calado -como la que quiere el presidente-, o para reformas legales menores que les beneficien a ambos partidos, o a todos los partidos, como la que aprobaron la semana pasada para limitar las retenciones que el INE hace de las prerrogativas para garantizar el pago de las multas generadas por infracciones cometidas por sus candidatos.

O, en el último de los casos, PRI y Morena podrían pactar en febrero los nombramientos de la presidencia y tres consejerías del INE, para lo cual no necesitan pasar por el Senado.

La moneda está en el aire y, aunque el PRI ha sido el partido que más ha perdido en este sexenio, hoy se vuelve relevante en una coyuntura histórica.

¿Sus votos apoyarán una reforma que debilite el sistema electoral?, ¿a cambio de qué?

¿O los priistas votarán para impedir que el presidente consiga una absurda revancha contra un INE que le ha garantizado todo tipo de triunfos a su movimiento pero que, simplemente, le cae mal?