Los estados considerados más prolíferos para el lavado de dinero en México son Jalisco con 260 casos registrados, Ciudad de México con 58, Baja California con 86 y Sinaloa con 136. La captura del Estado por poderes ajenos a los intereses de la nación dejó al país sumergido en un círculo de opacidad y proteccionismo

Por: Ricardo Balderas, Isabela Granados y Eduard Martín-Borregón / Mexicoleaks

Fotos: Duilio Rodríguez / Archivo y Especial.

Una vez asumiendo la titularidad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo denunció ante la Procuraría General de la República (PGR) a un grupo de empresas fantasma que operan en Jalisco, ligadas al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte de la herencia que dejó el fracaso de la “Operación Jalisco”. A seis meses del acto, el narco sigue gozando de la secrecía fiscal del estado.

El caso Jalisco definió el malogro del sexenio pasado en materia de seguridad. El viernes primero de mayo de 2015, una aeronave perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana fue derribada en las inmediaciones de la comunidad de Villa Purificación con un lanza proyectiles del tipo RPG-7 dejando un saldo de seis militares abatidos. Tras el atentado, las autoridades federales encabezadas por Enrique Peña Nieto ejecutaron el protocolo denominado: “Operación Jalisco”. Cuyo principal objetivo era el de capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

Desmantelar las operaciones comerciales y detener al líder del CJNG se convertiría en la obsesión y fracaso del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda. Cuatro años después, el sicario encargado de la operación fue detenido. Y Heleno Madrigal Virrueta, alias “El 20”, durante su audiencia, explicó que el atentado en contra del aeronave se trataba de un operativo para evitar que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) capturara a su líder.

El origen del dinero con el que financiaron dichas compras, y las empresas que comercian con armamento pesado que termina en manos del crimen organizado, fue catalogado como información confidencial.

El secreto fiscal y el crimen organizado

Para conocer quiénes son los responsables de financiar a grupos criminales en México, es necesario (por omisión de las autoridades) consultar información en otros países. La captura del Estado por poderes ajenos a los intereses de la nación dejó al país sumergido en un círculo de opacidad y proteccionismo.

Funcionarios públicos y sus empresas son quienes aparecen en el escenario mundial, acusados por delitos como lavado de dinero, asociación delictiva y financiamiento criminal.

Personajes de la talla de Saúl “El Canelo” Álvarez, afamado boxeador; Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas; Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo; un colaborador de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua; y ahora Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, encabezan listas de investigaciones policíacas de financiación a grupos terroristas y crimen organizado, principalmente en Estados Unidos.

Este escenario de fracaso institucional se puede identificar gracias a registros como el de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro de EEUU, de los que PODER posee copias. Ellos, por ejemplo, ubican como los estados más prolíferos para el lavado de dinero en México a Jalisco con 260 casos registrados, Ciudad de México con 58, Baja California con 86 y Sinaloa con 136.

Al contrario de su homologo del norte, México actualmente carece de un listado público para consultar las investigaciones en curso que, según la propia información institucional, son responsabilidad de UIF dependiente de la SHCP. Estas dependencias llevan ya 13 años sin hacerse responsables de esta información.

La opacidad de la UIF

Según consta en el sitio web oficial de la SHCP, la UIF tiene la facultad y obligación de llevar a cabo las oportunas investigaciones para detectar daños financieros y mantener informada a la población. No obstante, la dependencia no posee evidencia de que así ocurra, carece de una agenda de acción pública y propia, y dificulta el acceso a la información, debido a que los documentos que se comprometió a hacer públicos, no se han actualizado.

El compromiso de presentar esa información fue adquirido por el Gobierno Federal en 2006, cuando México se unió al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), una organización intergubernamental regional que agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica, América de Norte y el Caribe para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM).

Empero, desde aquél momento, el Gobierno Federal no realizó ninguna publicación. En el mismo sitio web de la UIF, únicamente se pueden consultar dos documentos: El primero se trata de una carta emitida por el nuevo titular de la SHCP, Santiago Nieto Castillo, en donde justifica el motivo por el cuál no harán públicos los nombres o datos de contacto de los servidores públicos adscritos a la UIF con excepción del titular, debido a que según interpretaciones de él mismo, se pone en riesgo la seguridad nacional; el otro documento se trata de un oficio con 10 páginas en donde se estipulan las bases de las funciones de la UIF.

En ese segundo documento (el de las bases), es que las autoridades mexicanas reconocen que sólo tienen como herramienta el tratado GAFILAT. Sin embargo, en los archivos de dicha agrupación, desde el 1 de enero del 2006 a la fecha, no existe una sola sentencia emitida por México, es decir, fue un acuerdo de sólo papel y foto.

La OFAC en el mundo, la lucha por el poder

“La OFAC es un instrumento de Guerra en tiempos de paz”, dice Oswaldo Zavala investigador de la Universidad de Nueva York y periodista, y continúa: “Imagina que Venezuela, Colombia o México congelaran el dinero de Larry Fink (CEO de BlackRock) por acusaciones o investigaciones independientes, sería un hecho insólito. Estos escándalos siempre tienen utilidad política ¿No?, OFAC o su función es crear un consenso de discurso en el que son indispensables y depende claramente de que se hagan públicas sus investigaciones”.

El problema con esto es que México no posee sus propios documentos. La OFAC es una organización única en su tipo por la facultad de congelar activos de extranjeros en caso de que sus investigaciones determinen que los señalados son culpables de los delitos antes mencionados.

La OFAC emite una lista anual identificada como SDN que se actualiza constantemente conforme avanzan las investigaciones de la Central Inelligence Agency, o simplemente CIA. En países como Cuba, Honduras o China, a la SDN también se le conoce como: “La lista negra”.

Eso mismo ocurrió cuando se hizo de dominio público el archivo en contra del gobernador de Nayarit el pasado 17 de mayo, donde mediante un comunicado de prensa se le señaló por lavado de dinero y financiación criminal. En dicho documento se anunció que las investigaciones se habían realizado en colaboración con el gobierno de México para sancionar a perpetradores de corrupción y sus redes, pero fue la OFAC y no México quien designó a un magistrado y a un ex gobernador debido a su presunta participación en actividades de corrupción.

Se trata de Isidro Avelar Gutiérrez, en conformidad con el Acta de Designación Extraordinaria de los Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin), debido a sus acciones a favor del CJNG y la Organización de Tráfico de Drogas de Los Cuinis. Según revelan, Avelar Gutiérrez recibió sobornos de estos grupos criminales a cambio de proporcionar fallos judiciales favorables a sus miembros de mayor jerarquía.

La OFAC también designó a Roberto Sandoval Castañeda, ex gobernador de Nayarit, de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818, que se dirige a los autores de abusos graves y corrupción relacionados con los Derechos Humanos. Según la publicación de la OFAC, Sandoval Castañeda ha participado en actividades de corrupción, como la apropiación indebida de activos estatales y el recibo de sobornos de organizaciones de narcotráfico, incluido el CJNG y Los Cuinis.

El problema es más grande

Los sucesos reportados tras las investigaciones de OFAC en contra del exgobernador de Nayarit son un espejo de lo ocurrido en 1996 cuando el periodista Gary Webb publicó tres reportajes en el periódico San Jose Mercury News donde descubrió que la CIA había intervenido en la la guerra contra el tráfico de estupefacientes en Nicaragua y apoyó a un grupo paramilitar.

Webb demostró los vínculos entre la llamada “epidemia de la cocaína” en los barrios negros de la zona South-Central de Los Ángeles y la estrategia de contrainsurgencia respaldada por la CIA en Nicaragua para derrocar al gobierno sandinista. La CIA permitió que operadores de la Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), los llamados “contras”, financiaran su guerrilla con las ganancias obtenidas por la venta de cocaína crack en California.

El 10 de diciembre del 2004, Webb fue encontrado muerto en su domicilio con dos proyectiles calibre 38 en la cabeza. A pesar de que se registraron dos tiros fatales en la cara, la policía determinó que fue suicidio. Hasta la fecha hay indicios de que se trató de un asesinato.

El trabajo de Webb expuso no sólo una red de criminales en su país, sino que logró comprobar que las Unidades de Inteligencia (que dictan ordenes en todo Latinoamérica) estaban coludidas. Bajo ese mismo orden de hechos, al investigador Oswaldo Zavala le preocupa que los países continúen bajo el yugo de Unidades de Inteligencia de otros países, explica que: “continuar bajo reacción de las instituciones norteamericanas sitúa a los países en una circunstancia de desigualdad de poderes y la justicia está incompleta.