Demandan respeto a la libre determinación sobre su territorio, y acuerdan construir gobiernos comunitarios

Texto y fotos: Ángeles Mariscal 

Fotos:  Ángeles Mariscal  y Marcelos Pérez.

CHIAPAS.- En esta entidad, casi el 20 por ciento del territorio está concesionado a la industria minera, hay más de 30 autorizaciones gubernamentales para utilizar el afluente de los ríos en la instalación de mini-hidroeléctricas, cinco proyectos para construir represas y una licitación abierta para extraer hidrocarburos de 12 pozos; también está en puerta el proyecto para construir un gasoducto, y a través del decreto de creación de las Zonas Económicas Especiales, fueron otorgadas facilidades arancelarias para que empresas asienten sus negocios vinculados a la industria extractiva.

Es el escenario que enfrentan miles de indígenas de Chiapas. Por ello, durante 15 días, habitantes de los municipios de Salto de Agua, Tumbalá, Yajalón, Chilón, Ocosingo, Altamirano, Oxchuc, San Juan Cancúc, Tenejapa, Huixtán y San Cristóbal de las Casas, salieron de sus comunidades para recorrer la región y manifestar su rechazo a estos proyectos que amenazan la estabilidad en su territorio.

Son indígenas de las etnias tsotsiles, choles y tseltales, quienes forman parte de los feligreses de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, agrupados en el Pueblo Creyente, y desde hace cuatro años integrantes del Movimiento por la Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite). En su recorrido, se reunieron con más de 20 mil indígenas de diferentes pueblos, con quienes dialogaron de un problema común: los proyectos de “desarrollo” que gente de fuera quiere instalar en sus tierras.

“Hemos andado para escuchar los problemas de nuestras comunidades y los riesgos que amenazan a nuestra cultura y a nuestra Madre Tierra con megaproyectos y supercarreteras. Caminamos para unirnos en una sola voz. Hemos podido conversar, reflexionar y soñar como un solo pueblo”, explicaron en un pronunciamiento.

Minas, hidroeléctricas y pozos en tierras indígenas

“Estamos en un lugar estratégico para los megaproyectos. Este territorio es uno de los objetivos del extractivismo”, señalaron, en San Cristóbal de las Casas, en una plaza llena de indígenas y mestizos.

Ahí, dieron cuenta de que de acuerdo a la Secretaría de Economía, en los últimos tres sexenios se han entregado a empresarios 99 concesiones para explotar minerales que se encuentran en 1.5 millones de hectáreas –casi 20 por ciento del territorio chiapaneco-, la mayoría tierras propiedad de grupos indígenas que tendrían que ser desplazados para dar paso a la industria minera.

También dijeron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene identificada a Chiapas como una entidad con gran potencial hidrológico, y mantiene vigentes 90 proyectos para la construcción de hidroeléctricas de diferentes capacidades. Entre ellos resaltan 4 que afectarían directamente territorio indígena: la Presa Altamirano sobre el río Tzaconejá; la Presa Livingstone sobre el río Tzaconejá; la Presa Rápidas de Santo Domingo (antes presas Huixtán I) sobre el río Santo Domingo; y la Presa Santa Elena (antes presas Huixtán II) sobre el río Santo Domingo, entre otras.

Explicaron que empresarios han solicitado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la instalación de al menos 32 “minihidroeléctricas”, las que podrían construirse con solo conseguir el consentimiento de las comunidades propietarias de los afluentes, según las reformas a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

Además, el gobierno federal proyecta la construcción del gasoducto México-Centroamérica, que recorrerá 630 kilómetros desde Salina Cruz, Oaxaca, pasando por Chiapas hasta llegara al departamento de Escuintla, en Guatemala. Para su construcción se afectarán tierras de zonas rurales. El gobierno aún no ha dado a conocer el trazo de esta obra, sin embargo, autoridades han señalado que la licitación se abrirá en 2017, a las empresas que deseen invertir.

Los indígenas denunciaron que para 2017 se tienen proyectada la perforación de 12 pozos para extraer gas y aceite en la zona indígena zoque. Esta obra afectará 845 kilómetros cuadrados ubicados en dos áreas de los municipios Tecpatán, Francisco León, Ixtacomitán y Pichicalco.

Y un riesgo más para sus territorios: la siembra de transgénicos. De 2010 hasta mediados de 2016 la empresa Monsanto sembró soya transgénica en 13 municipios de Chiapas: Acacoyagua , Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla , Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtla, Mazatán, Metapa, Suchiapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán, Villa Comatitlán y Villaflores.

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Fortalecer gobiernos comunitarios

Los habitantes de las zonas donde se ubican estos proyectos extractivos, señalaron que aceptarlos significaría ser desplazados de su territorio, y con ello perder también sus raíces.

Ante este escenario, desde hace cuatro años empezaron a organizarse, y desde entonces han logrado suspender la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque.

“Hoy vemos que nuestra lucha es más grande, tenemos la tarea de defender la vida, nuestra cultura y los bienes comunes que hay en nuestro territorio”, subrayaron.

A lo largo del recorrido por el territorio indígena, hubo coincidencia en que no sólo deben denunciar la afectación a su territorio a causa de los proyectos extractivistas, “sino debemos cuidar la tierra”.

Señalaron que si los gobiernos federal, estatal y municipal apoyan y promueven la industria extractiva, su opción es crear gobiernos comunitarios que respondan a los intereses de los pueblos indígenas que están siendo afectados.

Por ello, acordaron sumarse a la propuesta del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para consultar a sus comunidades sobre la decisión de participar en las próximas elecciones nacionales con una candidata indígena independiente.

“Compartimos el mismo objetivo (que el CNI y EZLN), creemos que es necesario fortalecer la voz de nuestros pueblos indígenas en la agenda política, y por eso esta iniciativa la queremos llevar a nuestras comunidades y municipios. Ya no podemos trabajar divididos sino que es necesario unirnos por nuestros pueblos, por nuestro territorio”, señalaron.

Los integrantes de Modevite anunciaron que fortalecerán la iniciativa para construir gobiernos autónomos, como medida para conservar sus territorios y su cultura. “Es nuestro derecho decidir el uso y destino de nuestro territorio”.

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