Hace un mes pobladores de Tepoztlán desconocieron a la representación de Bienes Comunales por promover la venta de las reservas forestales para construir hoteles, jardines para eventos o casas de lujo. Los pobladores afectados señalan a los responsables como la punta de una intrincada red de venta de terrenos
Texto: Arturo Contreras Camero
Fotos: Alexis Rojas y Arturo Contreras Camero
TEPOZTLÁN, MORELOS.- Desde hace un mes las campanas de las iglesias de los barrios Tepoztlán no dejan de sonar. Su repicar llama a los habitantes a levantarse y detener la venta y privatización de los terrenos en la falda de los cerros. Las campanas denuncian la corrupción de una camarilla de representantes populares que vendió el patrimonio del pueblo.
Todo empezó el pasado 18 de agosto, cuando los cohetones y las campanas sonaron desde los barrios de La Santísima y Santo Domingo. Algunos dicen que su alarma logró reunir a mil personas, otros que a cuatro mil. Entre la turba había gente cansada de las amenazas para despojarlos de sus tierras, otros preocupados por la venta del suelo de conservación. Todos miraban a un responsable: el presidente de bienes comunales, Lucio Cuevas Romero.
Ese día, la gente desconoció a Cuevas Romero como presidente de la Comisión de bienes comunales y clausuró las oficinas desde donde despachaba. Lucio es el último eslabón de los Cuevas en ocupar la presidencia de la Comisión de bienes comunales, familia que mantiene su control desde hace 9 años.
La suspensión, dicen miembros del concejo del barrio de Santo Domingo, busca detener la venta indiscriminada e ilegal de tierras en las faldas de los cerros, que son áreas naturales protegidas y suelo de conservación, así como dejar sin efecto las cesiones de derechos de terrenos otorgadas durante su gestión.
A pesar del desconocimiento popular y de la suspensión, Lucio Cuevas Romero junto con su equipo sigue despachando y otorgando cesiones de derechos a particulares desde la opacidad de una oficina privada llamada la Casa Verde de Monte Castillo en donde realiza asambleas que es imposible llamar públicas y en las que dispone de las tierras comunes a su disposición.
“El pueblo es cada vez más grande, sí, se va a dar ese proceso”, reconoce Alejandro Rojas, miembro del concejo del barrio de Santo Domingo, en el centro de Tepoztlán. “Pero la cosa es que llegan, te invaden y se van agarrando zonas protegidas. Esas tierras nuestros ancestros las han cuidado ¡Uy, desde cuándo! Para que unos pocos comuneros lo vean como que es una mina de billetes ¡Pues no!”.
La historia de la familia Cuevas inicia en San Juan Tlacotenco, uno de los ocho poblados que están dentro del municipio de Tepoztlán. Hasta hace unos años el poblado solía ser un pequeño asentamiento agrícola al norte del centro y sus ocho barrios. Escondido en lo alto de la cañada de San Jerónimo, durante años los pobladores fueron relegados de las tomas de decisión sobre el territorio comunal. Su olvido, dicen algunos pobladores, se debe a la reticencia que guardaron sus habitantes a la histórica lucha contra el Club de Golf en la década de los 80 del siglo pasado.
Así fue hasta la década de 1990, cuando el primo de Lucio Cuevas Romero, actual presidente de bienes comunales logró entrar a una de las administraciones comunales. Desde esa posición, Agustín Rojas Cuevas se encargó de que el número de comuneros reconocidos de Tepoztlán con domicilio en San Juan Tlacotenco empezara a crecer, mientras que el número de comuneros de otros pueblos o barrios empezaba a disminuir por la vejez y el paso del tiempo.
En un poblado ejidal o de bienes comunales, los comuneros reconocidos ante el Registro Agrario Nacional son los únicos que, por medio de asamblea, pueden elegir a las autoridades de bienes comunales, a menudo llamados presidencia o concejo. Estas autoridades, junto a la asamblea de comuneros, son los encargados de conceder cesiones de terreno a quien lo solicite. La idea es que la tierra se disfrute y cuide por igual en un núcleo agrario, no que esto abra la puerta a una venta y privatización de la tierra.
Así, para 2013, la familia Cuevas contaba no solo con el apoyo y lealtad de la mayoría de los comuneros de Tepoztlán, sino también con la simpatía del procurador agrario Andrés González García y del entonces gobernador Graco Ramírez, quien envió un cerco policiaco de granaderos a la elección de autoridades comunales de ese año.
Los pobladores recuerdan cómo fue, con fuerza pública, con manifestantes acarreados y con un padrón inflado, que en 2013 se impuso a Clemente Cuevas Romero, hermano de Lucio y primo de Agustín Rojas Cuevas, entre quienes ha permanecido el control de los bienes comunales hasta la fecha.
La llegada de los Cuevas coincidió con el inicio de las obras de ampliación de la carretera La Pera-Cuautla, misma que años después fue detenida por la población organizada de Tepoztlán, pero que se reanudó tras la llegada de López Obrador a la Presidencia.
“Suman nueve años de problemas, de un caciquismo terrible en el que se ha dado mucho tráfico de la tierra. Tú vas a una asamblea (de bienes comunales), y parecen más bien asambleas de bienes raíces a las que llegan inversionistas de bienes raíces a arreglar papeles de varios terrenos al mismo tiempo”, cuenta Roberto Robles, miembro del consejo del barrio de Santo Domingo.
De acuerdo con los comuneros y la comunidad que tuvo oportunidad de verlo, las asambleas se realizaban cada mes, y en cada una de ellas se arreglaba la cesión de derechos de más de 100 terrenos. En ocasiones eran espacios de alrededor de 200 metros, mientras que en otras se trataba de grandes terrenos de 6 o 15 hectáreas. Cada cesión, por supuesto, costaba una cuota que variaba dependiendo de la relación del solicitante con los Cuevas. De la cuenta de las cuotas y de la cantidad de cesiones de derechos sobre la tierra no hay ningún registro público.
El registro que queda está en los rumores del pueblo, que señala a la familia Cuevas de conducir ahora camionetas 4×4 que cuestan más de medio millón de pesos.
Hace una década, cuando uno caminaba desde el centro de Tepoztlán hacia los campos que llevan a la cordillera del Chichinautzin, solía recorrer caminos rurales que bordeaban prados del campo y bosques laberínticos; ahora, lo único que se pueden ver son caminos empedrados con muros de dos o tres metros de alto que ensombrecen el paso.
Los pobladores del barrio más cercano, el de Santo Domingo, cuentan en bromas que podrían abrir un paseo como los de Hollywood, en los que suben a los turistas a un camión y los llevan a admirar las casas y mansiones de políticos y artistas que abundan en donde antes había bosques y cultivos.
Los muros, el inicio de la urbanización no solo recorta el paisaje, hace más difícil el paso hacia los cerros cuando hay incendios, dificultando su control y también interrumpen el paso de los hilos de agua que surtían los arroyos que pasaban por las calles de Tepoztlán.
“Antes por aquí era raro cuando se secaban los ríos, por eso vez tantos puentes; después, empezaron a ser nada más de temporal, hasta que los temporales se recortaron a algunos días”, cuenta uno de los miembros del concejo del barrio de Santo Domingo. Al tiempo, con mucha cortesía un compañero suyo ofrece agua embotellada servida en vasitos de plástico.
El que pasa por estos terrenos se da cuenta de su preciada ubicación. Como dicen los comerciales y anuncios de terrenos en páginas inmobiliarias de internet: “Vista hermosa y paso de agua, la tranquilidad y armonía de la naturaleza a un paso”. “Ubicación preferencial que deleita con una vista panorámica espectacular, bosques con flora y fauna endémicos que crean recintos de tranquilidad y armonía”; “versátiles terrenos ideales para residencias de descanso o para los inversionistas que buscan emprender con un jardín de eventos, un restaurante o un hotel”.
Anuncios como esos pululan en páginas de internet como Trovit, iCasas, Casas Mitula, Metros Cúbicos y Vivanuncios, en los que se ofrecen terrenos de tres a 15 hectáreas, con precios que van desde mil 500 a 4 mil pesos por metro cuadrado, por supuesto, con cesión de derechos y documentos en regla.
Esta venta, que se ha agudizado en la última década, aceleró el proceso de crecimiento urbano de Tepoztlán, que inició en 1937, cuando Lázaro Cárdenas abrió la carretera a Cuautla y que en 1985 tuvo un boom de chilangos aterrados por el sismo que se repitió en 2017.
Es un caldo en el que la ambición por poseer un terreno solo aumenta y en ocasiones despoja a familias, como a Nohemí Campos, habitante de Tepoztlán y heredera de un terreno cuyos derechos disputa con su propio padre. A pesar de que el pueblo hace casi un mes desconoció la representación de los Cuevas, estos emitieron un certificado que otorga la cesión de derechos a Nohemí, quien ahora lucha por no perder su patrimonio.
Así también una familia que, por presiones y amenazas, pide reservar su identidad. Ellos hubieran heredado las huertas en las que han vivido por más de cinco décadas de un familiar, pero con su muerte solo llegaron amenazas de desalojo, presiones y acoso para dejar el terreno y vender la cesión de derechos de éste a alguien más.
Una semana antes de que miles de pobladores manifestaran su repudio a la administración de Bienes Comunales, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental clausuró el trabajo de un trascabo en un camino rural entre el pueblo de San Juan y Tepoztlán. Esta fue la señal de hartazgo que unió a la gente, dicen algunos.
Desde hace tres años pobladores del barrio de Santo Domingo observaron que gente de San Juan buscaba abrir un camino a través de la cañada de San Jerónimo, que no solo llega a San Juan Tlacotenco, sino que comunica a la conocida curva de La Pera, en la autopista de la Ciudad de México a Tepoztlán.
Ante los reclamos de los brigadistas forestales y de los pobladores de Santo Domingo la gente de San Juan Tlacotenco respondió que se trataba del mantenimiento de una brecha cortafuego, versión que se cayó con la llegada de un trascabo y maquinaria pesada a la que eventualmente alcanzó una suspensión de la Profepa.
Ahora, tanto los pobladores de Santo Domingo como de otros barrios y pueblos de Tepoztlán buscan una nueva representación de bienes comunales que proteja el patrimonio ambiental y social que guardan los montes del lugar.
Periodista en constante búsqueda de la mejor manera de contar cada historia y así dar un servicio a la ciudadanía. Analizo bases de datos y hago gráficas; narro vivencias que dan sentido a nuestra realidad.
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