La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) propuso a los legisladores de Guerrero diálogo para construir una reforma sobre las funciones de las policías comunitarias en la que participen los pueblos indígenas y afromexicanos

Texto y fotos: Kau Sirenio 

CIUDAD DE MÉXICO.- La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) propuso al Congreso de Guerrero que convoque a un diálogo para definir una reforma sobre las funciones de las policías comunitarias en la que participen los pueblos indígenas y afromexicanos.

El 14 de julio, la Suprema Corte de Justicia requirió al Congreso de Guerrero que informe cómo realizó la consulta a las comunidades indígenas para reformar la Ley 179 que define los alcances de las policías comunitarias.

Y el pasado 26 de agosto, la Corte, a través de un acuerdo emitido por el ministro Arturo Zaldívar, determinó que los diputados de Guerrero no brindó información exhaustiva de los alcances e implicaciones para los pueblos y comunidades.

Por cual, la Corte otorgó 10 días hábiles para que el Congreso corrija las irregularidades de la consulta respecto a la Ley de Seguridad Pública y la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas. El plazo vence este viernes 9 de septiembre.

De acuerdo con el protocolo establecido en materia de consulta en pueblos y comunidades indígenas, es obligación de los Estados consultarles a los pueblos indígenas, de buena fe y con el objetivo de llegar a un acuerdo u obtener su consentimiento sobre asuntos que les afecten.

La Suprema Corte destacó el derecho a la consulta y participación señalado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como en la Declaración de los Pueblos Indígenas.

“La consulta previa a los pueblos indígenas abarca no solamente el uso de los recursos naturales, sino cualquier medida que pueda afectar directamente a estas comunidades”, señaló la Corte.

El derecho a la consulta es uno de los derechos que ha alcanzado mayor relevancia y desarrollo en relación al tema de los derechos indígenas en el ámbito internacional, entre otras razones debido a las tensiones que se producen en las comunidades y pueblos indígenas por la expansión de los megaproyectos energéticos, mineros, de acuacultura, forestación y seguridad comunitaria.

En este contexto, la CRAC exhortó a diputadas y diputados a realizar un diálogo verdadero con los pueblos indígenas, organizaciones sociales y el sector académico que conoce el tema indígena con el fin de construir una verdadera consulta en la que sean los pueblos los que la diseñen y dirijan.  

“Se equivocan si piensan que privilegiando el formalismo darán cumplimiento al llamado del máximo tribunal del país. Lo expresado por la corte no es tema de forma sino de fondo, pues lo que ha dicho en su acuerdo del día 26 de agosto es que el Congreso del Estado sigue sin consultar a los pueblos indígenas y afromexicano”, reclama la organización comunitaria.

Las reformas

Los legisladores de Guerrero están entrampados con la reforma a Ley 701, que reconoce el sistema de seguridad comunitaria. Los diputados acotaron los alcances de las policías comunitarias para que no puedan retener y “reeducar” a las personas detenidas. La reforma de origen empezó en 2018, una vez que se publicó en el Diario de Oficial de Guerrero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), promovió la acción de inconstitucionalidad 81/2018.

La fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) promovió su propia acción de inconstitucionalidad, con el argumento de que se afectaron los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 

En mayo de 2021 la SCJN resolvió las dos acciones de inconstitucionalidad a favor de los pueblos indígenas que integran al sistema de Seguridad Comunitaria. Y ordenó al Congreso de Guerrero realizar consulta previa, informada y de buena fe con las comunidades indígenas; sin embargo, los legisladores no acataron el mandato constitucional y legislaron sin el protocolo de consulta como lo mandató la Corte. 

“Esta 62 legislatura de Guerrero, agravió a los pueblos indígenas, conculcando sus derechos fundamentales al irrogarse la potestad de hablar por ellos e impedirles que decidan su destino. El objetivo de la consulta es propiciar que los pueblos dialoguen, debatan y consensen en relación a medidas legislativa o acciones de gobierno que les pueden afectar, es decir, la consulta permite que los pueblos indígenas y Afromexicanos decidan sobre lo que quieren para su futuro, derecho que fue denegado por el legislativo estatal con su consulta falsa” señala la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria.